La jueza Mirta Guarino, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial Moreno, hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir de una denuncia por torturas y malos tratos en un hogar convivencial en General Rodríguez conveniado con el Estado provincial. Tras la intervención del juzgado, el dispositivo fue inhabilitado para funcionar como hogar aunque el lugar fue nuevamente utilizado para el mismo fin. Persisten los déficits en los controles del Organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires sobre estos lugares de alojamiento de niños/as al cuidado del Estado, en muchos de los cuales se han relevado graves violaciones de derechos humanos.

ANDAR en General Rodríguez

(Agencia Andar)  El Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno reconoció que “durante el período de funcionamiento del hogar convivencial SIAND (Servicio Integral al Niño Desamparado), sede Quinta Abril, existieron prácticas sistemáticas de vulneración grave y continuada de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes allí alojados, configurando un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de institucionalización”.

El fallo es el resultado de una acción de habeas corpus preventivo que presentó la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura luego de una inspección en el lugar a partir de hechos difundidos en medios de comunicación. En esa presentación habían denunciado malos tratos, abandono de la salud y falta de acceso a educación de los niños y niñas alojados y diferentes modalidades de castigos y sanciones violatorias de los derechos humanos. La actuación se dio luego de que se emitiera en un programa de televisión una serie de entrevistas donde personas vinculadas al dispositivo denunciaban esos hechos.

La jueza ordenó una serie de medidas tendientes a revertir y reparar esas situaciones y suspendió los ingresos al lugar y en la resolución final fue más allá de esas primeras definiciones y requirió al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que elabore y publique una política pública estructural de revisión del sistema de institucionalización con criterios de habilitación y control, protocolos de seguimiento, incorporación obligatoria de equipos interdisciplinarios y acceso integral a la salud. “Se hace necesario dejar sentado que el Ejecutivo provincial y los organismos de niñez competentes tienen la obligación constitucional de revisar, rediseñar, profesionalizar y transparentar todo el sistema de Hogares convivenciales, garantizando que ningún niño, niña o adolescente en el territorio bonaerense vuelva a transitar por una experiencia institucional como la que ha quedado acreditada en este proceso”, asentó.

Para llegar a estas conclusiones la jueza se constituyó personalmente en el Hogar SIAND, constató directamente lo denunciado por la CPM y, a partir de lo solicitado por el organismo, definió una intervención coordinada entre los diferentes actores involucrados. Mantuvo reunión con las autoridades del Hogar, autoridades del municipio de General Rodríguez, la subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), representantes de la CPM y del Servicio Zonal de Moreno. De allí también surgió la necesidad de comenzar a escuchar a los niños y niñas involucrados.

Las cuestiones que se señalaron son ejemplo de las graves falencias y el abandono en que se encuentra un sistema que debería amparar la niñez. La CPM advirtió con gran preocupación la falta de capacitación de las personas que se encontraban a cargo del lugar para trabajar con niños, niñas y jóvenes, y que la cantidad de personal resultaba insuficiente para el número de niños/as alojados/as y la diversidad de edades. Los juguetes o elementos de juego eran muy pocos y muchos estaban en mal estado. Por fuera del hogar los chicos y chicas no tenían actividades: únicamente asistían, de forma obligatoria, a una iglesia evangélica; no podían ir a cumpleaños de sus amigos de la escuela o a jugar a sus casas, los/as más chiquitos (de dos años o menos) permanecían mucho tiempo en carritos o adentro de sus cunas, sin nadie que se acerque o interactúe con ellos/as, estaban sucios y se tercerizaba su cuidado en las niñas más grandes alojadas en el lugar. Casi todos estaban vestidos con ropa rota y sucia y las condiciones edilicias, sobre todo en las habitaciones, eran deplorables.

La Comisión por la Memoria viene solicitando reiteradamente en el marco de las denuncias realizadas en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que se fortalezcan los muy escasos o frágiles dispositivos de control del Organismo de Niñez sobre estos lugares, sin que hasta la fecha haya ocurrido.