Frente a la enorme gravedad institucional que implica la muerte de Octavio Buccafusco, luego de la violenta y arbitraria detención por agentes de la patrulla municipal de Vicente López y de la Policía bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria reclama una urgente investigación judicial y administrativa que esclarezca el hecho y determine la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados, condene y sancione a sus autores.

ANDAR en Vicente López

(Agencia/CPM) Según el relato de su hermano y la información preliminar que circula en medios de comunicación y redes sociales, la madrugada del 3 de septiembre Octavio Buccafusco llamó para solicitar la presencia de un móvil policial en su domicilio, manifestando haber sido víctima de un delito. En ese contexto, y por motivos que aún se desconocen con precisión, se dirigió a una dependencia policial ubicada en las calles Güemes y Maipú de la localidad de Vicente López. En su camino fue interceptado por agentes de la Patrulla Municipal y de la policía de la Provincia de Buenos Aires lo que derivó en la muerte de Octavio. 

En un video, que tomó estado público, se ve al joven con una bicicleta y su pequeño perro en brazos, siendo abordado por un grupo de agentes. Luego de un momento y sin motivo que lo justifique por la visible pasividad del joven, los agentes intentaron impedirle que siga caminando y de manera brutal lo redujeron y lo tiraron al piso hasta ubicarlo boca abajo contra el asfalto y el cordón de la vereda. En esa posición habría estado durante más de 15 minutos, momento en el cual se produce su muerte. En las imágenes se observa como los agentes ejercieron gran presión y comprimieron con las rodillas su cuerpo, lo tomaron del cuello e incluso, estando ya reducido en el piso, lo golpearon.

No solo resulta evidente el uso desproporcionado de la fuerza, sino el involucramiento directo en el caso de agentes de la Patrulla Municipal que no tienen atribuciones ni funciones policiales.

La muerte de Octavio Buccafusco se da en un contexto en donde el Municipio, exacerbando los límites de las funciones municipales en materia de seguridad pública, promueve la intervención de sus agentes dotándolos de atribuciones exclusivas de las fuerzas policiales.

En las redes sociales, el Municipio de Vicente López viene difundiendo imágenes en las que se ve intervenir a la Patrulla Municipal, realizando aprehensiones y atribuyéndose funciones policiales que no tiene. La intendenta Soledad Martínez también impulsó la compra de pistolas Byrna para dotar a los agentes municipales de estas armas denominadas menos letales.

Un accionar similar despliega la Patrulla Municipal de la ciudad de Mar del Plata, cuyas prácticas ilegales fueron recientemente reconocidas por la justicia de ese departamento judicial.

Por otro lado, el accionar en la muerte de Buccafusco implicó también a la Policía Bonaerense que, como ha señalado la CPM, se despliega en los territorios utilizando cotidianamente la práctica sistemática de la tortura y siendo responsable de decenas de casos de letalidad policial, muchos de ellos descriptos como de “gatillo fácil” u otros con mecánicas similares a este.  

La justicia debe realizar con celeridad una investigación exhaustiva y adecuada, que determine la responsabilidad penal y administrativa, tanto de los agentes municipales como provinciales, y la condena a sus autores. También deben revertirse las políticas municipales que crean cuerpos con atribuciones policiales ilegales.

La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conforme las atribuciones previstas en la ley nacional 26.827 de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.