En el espacio de memoria Virrey Ceballos –situado en el barrio de Monserrat, Buenos Aires- no quedó ningún trabajador activo desde que en las últimas semanas se conocieron las 20 páginas con los nombres de los despedidos por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. El Centro Cultural Haroldo Conti vio reducida a la mitad su nómina de trabajadores –de 110 a alrededor de 50- y situaciones similares se viven en otros sitios de memoria que dependen directamente del Estado Nacional: Automotores Orletti pasó de 10 a 5, y en el Club Atlético la reducción fue tal que no quedó nadie en el área de investigación ni en comunicación y educación. Además de las fuentes de trabajo, con personas con hasta 20 años de antigüedad y altamente calificadas, peligran las obras de arte allí expuestas y el valor arquitectónico e histórico de la infraestructura donde se cometieron graves crímenes contra la humanidad.

ANDAR en la Memoria

(Agencia) En todos los sitios de memoria que dependen de Nación se vive un clima de movilización permanente, inquietud e incertidumbre frente a lo que se avizora como el desmantelamiento definitivo de las políticas de memoria, verdad y justicia: durante el último año fueron despedidas alrededor de 1000 personas de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, se mantuvieron vacantes muchos cargos de dirección y se redujeron casi a cero los fondos regulares para el mantenimiento edilicio, la higiene y la realización de las actividades pedagógicas y culturales.

En diálogo con ANDAR, uno de los trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Matías Cerezo, afirmó que desde diciembre último fue despedido el 60 por ciento del total de trabajadores lo que imposibilita el normal funcionamiento del centro cultural. No quedó personal de técnica y sonido y tampoco en las tareas de investigación y educación, y en cuanto a la limpieza de las instalaciones la deben realizar los pocos que quedaron contratados o con planta permanente.

“Tuvimos una reunión con el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, el 3 de enero, justo un día antes del festival en defensa del Conti. Allí nos manifestó una serie de generalizaciones, contradicciones y promesas pero ningún compromiso ni hoja de ruta respecto a lo que efectivamente tiene pensado para la reestructuración que plantean. Solo mencionó una idea de dar mayor transversalidad y de correr el foco de las actividades en torno a la memoria. Por otro lado, consideró que con la mitad del personal, el centro cultural podría funcionar correctamente pero sin detallar respecto a qué plan de trabajo”, describió Cerezo.

Un escenario similar existe en el espacio de memoria Automotores Orletti, también de Capital Federal y donde se coordinó, durante la última dictadura, gran parte de la represión ilegal sobre militantes del cono sur en el denominado Plan Cóndor. El coordinador del sitio, Ricardo Maggio, evaluó que quedaron sin personal para las visitas guiadas así como para investigación, mantenimiento y limpieza y otras áreas.

“Al vaciamiento de los profesionales y técnicos que dan vida a los sitios se suma la falta de fondos para las reparaciones edilicias sobre un inmueble que, al igual que el resto de los CCD, es prueba judicial y patrimonio histórico. En este sentido, justamente este lunes llegamos temprano para realizar nuestra jornada laboral y nos encontramos que en una de las habitaciones de la planta alta –que había sido utilizada por los represores uruguayos- se había caído el cielo raso y había quedado apenas sostenido por los cables de electricidad”, describió Maggio.

“Hemos enviado informes al propio secretario de Derechos Humanos con fotografías y detalles pero todavía no recibimos respuesta de nadie, por lo que la planta alta permanece clausurada en virtud del riesgo para las personas. Desidia y falta de compromiso. Todo este escenario adquiere o mantiene coherencia con los discursos de odio, negacionistas y de ‘memoria completa’ que pregonan desde el gobierno. También está atravesado por las visitas de legisladores a genocidas presos, en el marco de un inédito ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia”, amplió.

El exCCD Club Atlético –que funcionó en el sótano del edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal Argentina, hoy sitio de memoria- atraviesa las mismas dificultades.

Según María Soledad Astudillo, una de sus trabajadoras, “el sitio se quedó sin las áreas de comunicación y de investigación, y en educación pasamos de cuatro a una sola persona. Esto se replica en todos los aspectos y actividades del espacio de memoria, obturando las posibilidades de continuar en la identificación de represores, la recuperación de la memoria, los aportes a los juicios de lesa humanidad”.

“Todo esto se enmarca en un plan sistemático de destrucción del estado, de la institucionalidad y, en general, de los dispositivos que tienen que ver con los derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos ha decidido abandonar obligaciones que están amparadas en normas y leyes nacionales e internacionales”, concluyó.

En los últimos días, y como complemento de los despidos masivos de fines de año, se conoció que más de una veintena de delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también fueron despedidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, pasando por encima también el principio de la inmunidad gremial y enviando un mensaje al resto de trabajadores que aún conservan sus puestos.