La justicia allanó la comunidad terapéutica San Antonio y ordenó la detención de su propietario, Nicolás Perrone, acusado de amenazar con arma de fuego  y una cuchilla a los usuarios de la institución. La denuncia había sido realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y por usuarios que se alojaban allí. La comunidad ubicada en Pilar tiene una larga lista de antecedentes: en 2018 fue clausurada preventivamente, a raíz de otra denuncia por privación ilegal de la libertad y torturas presentada por la CPM tras inspeccionar el lugar. La justicia también la investiga por tres casos de muertes. San Antonio es la muestra más cabal de la ausencia de estándares de habilitación acordes a la ley de salud mental y la falta de una fiscalización y auditoría integral periódica de parte del gobierno provincial hacia estas comunidades.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) Las comunidades terapéuticas forman parte del sistema de salud mental de la provincia de Buenos Aires: son establecimientos privados, habilitados por el Estado, que atienden a usuarios y usuarias con padecimientos mentales y/o con consumo problemático y adicciones. Estos dispositivos deberían ser fiscalizados de manera periódica; sin embargo, casos como San Antonio, evidencian que esos controles no funcionan.

El pasado 1° de abril, el propietario de la comunidad terapéutica Nicolás Perrone ingresó a la institución en estado de intoxicación, en actitud agresiva y exhibiendo un arma de fuego; en ese estado, amenazó de muerte a los jóvenes allí alojados, es decir, a las personas bajo atención de la comunidad que él dirige.

Tras este episodio, mucho de los amenazados lograron contactarse con sus familias y se retiraron del establecimiento por encontrarse en peligro su vida e integridad personal.

Tras tomar conocimiento de los hechos, por intermedio del periodista especialista en cobertura de comunidades terapéuticas Pablo Galfré, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó la denuncia penal que recayó en la UFI N° 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreita.

Esa misma semana, la CPM informó al fiscal de un nuevo caso: otra vez en estado de intoxicación, Perrone primero amenazó con una cuchilla a un usuario y luego lo echó de la comunidad.

Finalmente, el viernes pasado la justicia ordenó allanar la comunidad terapéutica ubicada en Pilar y detener a Nicolás Perrone, secuestrando el arma de fuego que habría utilizado para amenazar a los jóvenes.

Entre la prueba que existe en el expediente judicial, se encuentran dos videos grabados con celulares en donde se observa a una persona —que sería Perrone— en estado de intoxicación, portando el arma de fuego y con un chaleco antibalas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por eso mismo, y ante la sospecha de connivencia entre los responsables del establecimiento y funcionarios policiales, la CPM reclamó que se aplique la resolución 1390 y que durante el trámite de la causa no se convoque a la Policía Bonaerense para realizar las diligencias judiciales.

En paralelo a la denuncia penal, la CPM también presentó un habeas corpus colectivo a los fines de garantizar el resguardo de la integridad física de todas las personas involucradas. El recurso presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, sin embargo, fue remitido al juzgado a cargo de Nicolás Ceballos, por estar interviniendo en la denuncia original y tener intervención con esta comunidad por denuncias anteriores.

En febrero de 2018, en el marco de una inspección realizada por el programa de Salud Mental de la CPM junto al órgano de Revisión Local, se relevaron graves violaciones a los derechos humanos en la comunidad terapéutica San Antonio contra los más de 30 usuarios bajo su custodia. En ese momento, se denunciaron prácticas sistemáticas de torturas, malos tratos y privaciones ilegítimas de la libertad, amenazas, prescripción de medicación que no respondía a los fines terapéuticas y ausencia total de un abordaje en salud mental de sus padecimientos.

El habeas corpus presentado al Juzgado de Garantías N° 6 fue rechazado por el juez Nicolás Ceballos, que se limitó a dar intervención a los juzgados particulares de cada persona internada y al Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación de la ley. Un mes después, la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense dispuso la clausura provisoria de la comunidad hasta tanto cumpla con los estándares de habilitación, pero esta siguió funcionando.

Los hechos relevados ahora confirman lo denunciado por la CPM expuso en aquel entonces: la ausencia de estándares de habilitación acordes a la ley de salud mental respecto a estas instituciones y la ausencia de dispositivos de control y auditorias integrales de parte del Ministerio de Salud provincial. Y resulta aún más grave, que esta situación ocurra en una comunidad ya denuncia y en donde durante estos años, ni el poder judicial ni el poder ejecutivo tomaron intervención seria para garantizar el cese de las violaciones de derechos allí existentes.

Al día de hoy el Estado continúa desconociendo la cantidad total de instituciones de este tipo que existen en la provincia así como cualquier otra información al respecto. Esta ausencia del estado habilita que situaciones tan graves como la descripta continúen sucediendo.

Es fundamental la elaboración del plan provincial abierto, colectivo y participativo en el que se incluya la adecuación de todas las instituciones que alojan a personas con consumo problemático y adicciones, muchas de ellas adolescentes y jóvenes, en situaciones de extrema vulnerabilidad.