Ángel Bramajo fue detenido el 19 de mayo de 2019 tras la balacera policial que asesinó a Diego Cagliero e hirió a Mauro Todesco; Ángel conducía la camioneta que fue emboscada en el operativo cerrojo de la Policía Bonaerense. A los siete amigos que viajaban con Diego y sobrevivieron les iniciaron una causa penal para justificar el asesinato del joven. Ocho meses después del hecho, sin pruebas que acrediten el supuesto robo que motivó la persecución policial y el ataque criminal, la justicia le concedió la prisión domiciliaria a Bramajo. Familiares y amigos ahora reclaman la libertad y absolución de todos los procesados.

ANDAR en Tres de Febrero

(Agencia Andar) “La domiciliaria de Ángel es un espacio ganado para la causa de Diego y de los otros amigos imputados, es una muestra más de una acusación injusta y arbitraria que no puede sostenerse”, dice Adriana García, mamá de Diego Cagliero. Y agrega: “Ángel estuvo esperando mucho tiempo esta decisión y, ahora, está en su casa, tratando de superar todo lo que vivió con su familia”.

La semana pasada el juzgado de garantías de San Martín le otorgó a Ángel Bramajo la prisión domiciliaria, tras estar más de ocho meses detenido. “Esta pelea comenzó luego de aquel fatídico 19 de mayo de 2019 donde la Policía Bonaerense fusiló a Diego, encerró a siete de sus amigos y armó una causa penal a para encubrir la criminalidad del accionar policial y mantener su impunidad”, resaltaron en un comunicado desde el centro de acción cultural Diego Cagliero.

Ángel Bramajo conducía la camioneta Ducato que fue emboscada y acribillada en la avenida Márquez a la altura de la comisaría 5ª de Eufrasio Álvarez; por lo menos, cuatro policías dispararon 14 veces contra la carrocería: uno de esos disparos mató a Diego, otro hirió a Mauro Todesco.

La versión policial habló de una persecución y un operativo cerrojo para detener la camioneta en la iban los ocho jóvenes, sindicados de haber realizado un golpe comando a supermercado de la zona. La justicia inició una causa por “robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda en concurso real con el delito de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización” y procesó a los siete sobrevivientes de la balacera policial. Ángel Bramajo quedó detenido desde el primer día.

Ocho meses después del hecho, la causa por robo sigue atravesada por múltiples irregularidades y sin elementos suficientes para sostener la acusación. No hay testigos ni registro de las cámaras de seguridad del supermercado que acrediten el supuesto golpe comando y mucho menos que los jóvenes llevaran armas. Tampoco en la camioneta se encontró dinero o mercadería robada.

En la causa tampoco hay ningún elemento de prueba fehaciente que explique o justifique el ataque criminal: sólo los policías que intervinieron en el operativo dicen haber escuchado disparos desde la camioneta; sin embargo, ocho meses después, no se pudo acreditar que las personas que se encontraban dentro de la furgoneta hayan efectuado disparos.

En la camioneta se secuestraron dos armas, las familias de los jóvenes denunciaron desde el primer momento que fueron plantadas. Una de las tantas irregularidades en la causa abona esta hipótesis: del expediente judicial se desprende que se secuestra una pistola de aire comprimido y un revólver calibre 32; sin embargo, en un registro radial al 911 y en la comunicación a la Auditoría general de Asuntos Internos, los policías hacen mención a una pistola 9mm y un revólver.

Todas las irregularidades de esta causa se derivan de la falta de aplicación de la resolución 1390, que permitió a la policía manipular la escena para sostener la hipótesis primero del robo y después del enfrentamiento. Durante los momentos posteriores a la balacera policial, la escena del crimen quedó bajó la órbita de los compañeros de fuerza que atacaron a tiros la camioneta.

“No había nada, todas las cosas fueron inventadas por la misma policía y la acusación contra los amigos de Diego ya no se puede sostener”, remarca Adriana y espera que estos avances sean el camino hacia la absolución definitiva de los 7 jóvenes.

Mientras tanto, la instrucción por el homicidio de Diego y el intento de homicidio de Mauro avanza; además, otros tres amigos de Diego, que sobrevivieron al ataque policial, también fueron aceptados como particulares damnificados.

En las próximas semanas, se realizará una nueva pericia sobre las armas reglamentarias de los policías que intervinieron en la persecución y no fueron peritadas aún. Hasta el momento se habían peritado sólo las armas de los cuatro policías que declararon haber disparado, pero en la escena se encontró una vaina que no se corresponde con ninguna de ellas.

Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro continúan detenidos por el asesinato de Diego y las lesiones a Mauro. Las pericias balísticas confirmaron que de sus armas reglamentarias partieron las balas que mataron e hirieron a los jóvenes. El resto de los policías que participaron de la persecución siguen en funciones.

“Para intentar aliviar su situación procesal, Canstatt adujo que estaba con sobrecarga de trabajo y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero la pericia psiquiátrica y las pericias dicen que tuvo la actitud de matar”, cuenta Adriana García. Un dato resulta fundamental: el policía disparó hasta vaciar su cargador.