A cuatro días de la brutal persecución policial que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y con graves heridas en una de las ocupantes del Fiat Spazio, la investigación penal avanza en dirección contraria a la que pretendieron instalar, desde el principio, los efectivos policiales implicados. Hay siete detenidos desde ayer que hoy fueron imputados por la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia: cuatro oficiales por cuádruple homicidio doblemente agravado por abuso de función y por uso de arma y por una tentativa de asesinato; los otros tres agentes quedaron acusados de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de documento público. La CPM patrocina a las familias de dos de las víctimas.

Foto: Santiago Hafford

ANDAR en San Miguel del Monte

(Agencia) Alrededor de la 1 de la madrugada del lunes 20 de mayo ocurrió una masacre que conmovió el ritmo habitual de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte: tres patrulleros de la Policía Bonaerense persiguieron a gran velocidad por más de un kilómetro a un Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes por la colectora 9 de Julio, hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la calzada.

A tres días del fatal desenlace, el miércoles 23 de mayo se realizó una nueva marcha popular en la localidad exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la detención de todos los que participaron de la persecución. De la masiva marcha participaron familiares y amigos de las víctimas, integrantes del programa de Seguridad Democrática de la CPM y, en esta ocasión, hubo una particular convocatoria de adolescentes y jóvenes de San Miguel.

Dos horas después de finalizada la marcha del miércoles, se conoció la noticia de la detención de cinco de los efectivos: el capitán Rubén Alberto García, el oficial Leonardo Daniel Ecilape, el oficial subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial subayudante Mariano Ibáñez y el oficial Manuel Monreal. Más tarde, detuvieron a Cristian Righero y a Juan Gutiérrez.

El capitán Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron imputados por homicidio agravado por su rol de policías y el uso de armas de fuego. Cristian Righero, José Domínguez y Juan Gutiérrez, también policías de la comisaría de Monte, fueron acusados de falsedad ideológica y encubrimiento agravado

“Estruendos” en vez de “disparos”

La primera versión de la Policía (intervinieron efectivos de la distrital de la Bonaerense y de la Estación Comunal de San Miguel del Monte) fue que la persecución se había originado a partir de un llamado al 911 por una denuncia de robo y que ninguno de los agentes había efectuado disparos durante el trayecto.

De allí que, en sede policial, las primeras diligencias sobre el caso (acta de procedimiento y declaraciones de testigos) mencionan un “accidente de tránsito”, en cuyas circunstancias y contexto de la colectora 9 de Julio se habrían oído “estruendos” o “cortes de moto”, en vez de disparos de armas de fuego, tal como en realidad habrían declarado los testigos ante la policía.

Sin embargo, durante el primer y segundo día de investigación judicial la versión oficial comenzó a resquebrajarse: el fiscal Lisandro Damonte, titular de la UFI 1 de Cañuelas, estableció que el presunto llamado al 911 no existió. No obstante se investiga si un llamado se produjo directamente a la comisaría local.

Con respecto a las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio –que muestran un tramo de la persecución y, específicamente, a un policía con la mitad de su cuerpo fuera de la ventanilla del acompañante, a metros del Fiat Spazio-, los efectivos habían afirmado que el implicado en las escenas intentaba alumbrar con una linterna la chapa de la patente del vehículo que perseguían. Sin embargo, las pericias sobre el Fiat Spazio arrojaron al menos la existencia de un impacto de bala.

Primeros resultados de pericias y autopsias

En efecto, todas las armas reglamentarias de los policías que iban en los 3 patrulleros comenzaron a ser peritadas esta mañana, desde las 10, en el Instituto de Criminología de Lomas de Zamora –dependiente de la Procuración bonaerense-para determinar de cuál de las armas salió el disparo.

Al mismo tiempo, desde la fiscalía ya recibieron las autopsias de los cuerpos y se espera la finalización de pericias complementarias, especialmente para establecer quién o quiénes de las víctimas habrían recibido impactos de bala. Al menos uno de los ocupantes del Fiat Spazio fue impactado y, dependiendo de su identidad, cambiaría el rumbo de la causa.

Con respecto a la existencia o no de los disparos, desde el mismo lunes constan en la causa dos ejemplares de vainas servidas que fueron halladas en el trayecto de la persecución por parte de uno de los padres de las víctimas. Esas vainas –dos fueron aportadas el lunes y otras dos al día siguiente- son las que se utilizan para cotejar con los cargadores de las armas reglamentarias de los policías imputados.

Un dato que llama la atención por estas horas es la designación de personal de la ayudantía de Asesoría Letrada de la Policía Bonaerense, dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo, para la defensa jurídica de los imputados.