El proyecto de gobierno nacional de derogar el decreto 603/13 y la propuesta de una nueva reglamentación de la ley nacional 26.657 de salud mental, promovida por el Ministerio de Salud, representan un claro retroceso de los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo de afección mental. La iniciativa pretende modificar de manera ilegal los principios establecidos por la ley: vuelve al paradigma anterior de psiquiatrización de la salud mental, habilita el uso de métodos de tortura contra los pacientes y promueve la creación de nuevos manicomios.

ANDAR en la salud

(Agencia – CPM) La Comisión Provincial por la Memoria expresa su máxima preocupación ante el proyecto de derogación del decreto 603/13 que pretende reemplazarse por otro propuesto por la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación. El decreto que se promueve representa un claro retroceso en los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo de afección mental, quienes son parte de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad.

La eventual reforma contradice la letra y espíritu de la ley 26.657, que constituyera un claro avance en materia de salud mental, y es a todas luces ilegal en tanto pretende modificar por decreto una ley que contó en el momento de aprobación con amplio consenso y apoyo.

El decreto propuesto introduce profundas modificaciones sobre el concepto de salud y padecimiento mental: el padecimiento mental deja de ser considerado como cualquier tipo de sufrimiento psíquico y pasa a ser definido como un trastorno comportamental. De esta manera se corre el eje del tratamiento según lo define la propia ley 26.657. Asimismo, se abre la puerta a la creación de nuevos manicomios bajo otras figuras.

Es decir, la nueva propuesta vuelve al viejo paradigma de la psiquiatrización: ya no se abordarán las causas del sufrimiento sino la supresión de las conductas consideradas alteradoras del orden social e institucional a través de los psicofármacos, la sujeción mecánica y la reclusión en celdas de aislamiento. Estas prácticas propias del manicomio son claras violaciones a los derechos humanos. La reclusión en celdas de aislamiento de personas con padecimiento mental ha sido reconocida como tortura por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la sujeción mecánica y la sobremedicación con psicofármacos también son torturas o malos tratos cuando se las utiliza para castigar o para suplir la falta de cuidados especiales.

En el mismo sentido, se dispone que los psiquiatras sean los únicos habilitados para dirigir los establecimientos, modificando así la igualdad de condiciones para acceder a cargos de conducción para profesionales no psiquiatras. También desaparece la autonomía del organismo de control y defensa de las personas privadas de su libertad por razones de salud mental. Este organismo, denominado Órgano de revisión de la ley de salud mental, estaría dirigido por un presidente nombrado por el Ministerio de Salud, que pasaría a controlarse a sí mismo. El control externo independiente constituye uno de los principios centrales del funcionamiento republicano de los gobiernos: nadie se controla a sí mismo de manera objetiva y rigurosa.

Desde hace más de diez años la CPM denuncia que dentro de los manicomios -y bajo argumentos psiquiátricos- se reprime y somete, a través de prácticas tortuosas de premios y castigos, a las personas que manifiestan algún tipo de conducta en conflicto con el orden social. La nueva ley de salud mental ha sido resistida por la corporación médico-psiquiátrica que no renuncia al tratamiento y saber hegemónicos. Este modelo psiquiátrico, que puede parecer eficaz para reprimir las conductas disruptivas, es deficiente para abordar las causas del sufrimiento psíquico y provoca altos índices de muerte. La tasa de muertes en los manicomios de la provincia de Buenos Aires alcanza a 47 personas cada mil en un año. Sin ninguna dudas, el decreto que se propone elevara aun más esta cifra.

La ley nacional de salud mental es una herramienta fundamental para erradicar estas prácticas porque hace foco en el sufrimiento, tarea que sólo puede realizarse con el aporte de disciplinas que aborden la salud mental en toda su complejidad, y no simplificando las respuestas mediante la sobremedicación y la aplicación de torturas.

El nuevo decreto implica un claro retorno al paradigma de la peligrosidad, complementario del modelo de seguridad, en desmedro del modelo de inclusión o resocialización.

Exigimos al gobierno nacional que suspenda todo intento de retroceso en materia de salud mental, y que disponga del presupuesto y las medidas necesarias para la completa implementación de la ley 26.657. Esta normativa está de acuerdo con los convenios internacionales firmados por nuestro país y debe ponerse en funcionamiento de manera cabal. En la actualidad, los sectores más pobres padecen su aplicación deficiente, provocando que los pacientes terminen en situación de calle, asistidos por ONG’s o distintas iglesias que suplen la falta de dispositivos que el Estado debería haber creado. No es modificando el decreto reglamentario que se solucionarán estos problemas sino adoptando políticas de salud respetuosas de la ley actual y que incluyan a todos los sectores de la sociedad.

Solicitamos además que cualquier iniciativa de reforma se abra democráticamente a la discusión pública de organizaciones y usuarios, a fin de recibir la amplia experiencia existente en nuestro país.