El pasado fin de semana, en Roque Pérez, vecinos y vecinas de más de 20 localidades bonaerenses y también de CABA se reunieron en el 15° Encuentro de pueblos fumigados. “La lucha ambiental es una lucha por los derechos humanos; estamos hablando de un ambiente sano, del agua, del lugar donde vivimos y la salud de la población”, sostienen los integrantes de este colectivo que desde hace años viene denunciando las consecuencias del agronegocio y el extractivismo en las comunidades.

 ANDAR en Roque Pérez

(Agencia Andar) “Señora, señor no sea indiferente, que cuando nos fumigan envenenan a la gente”. Este cántico se escuchó el pasado domingo 14 por las calles de Roque Pérez durante la marcha con la que culminó el 15º Encuentro de pueblos fumigados, que renovó las convicciones de los pobladores de las localidades que lo integran de seguir construyendo el camino de la agroecología y el buen vivir en la provincia de Buenos Aires. Entre sus conclusiones, en un comunicado expresaron “un eje transversal durante todo el debate fue la visión compartida de que el agronegocio es política de Estado, gobierne quien gobierne, sin grietas entre los distintos partidos políticos”.

Además del agronegocio, durante el encuentro se trabajó sobre la preservación de la ley de glaciares y el agua pura, y contra todo tipo de extractivismo en los territorios. También se posicionaron contra San Jorge y se solidarizaron con la lucha que está librando Mendoza contra la mega minería. Mediante decisión asamblearia, se decidió que la sede del próximo encuentro 2026 será Sierra de la Ventana.

ANDAR dialogó con varios de sus participantes de unos 20 distritos de la Provincia y también de CABA, y confirmó que el problema de la contaminación de arsénico en el agua potable persiste como una de las preocupaciones más urgentes.

“Fuimos unas 70 personas en un encuentro acogedor, con mucho debate y con mucho respeto, recordando a Norita que es la madrina de los pueblos fumigados, como un símbolo de que la lucha ambiental es una lucha por los derechos humanos; estamos hablando de un ambiente sano, del agua, del lugar donde vivimos y la salud de la población”, dijo Gabriel Arisnabarreta, de la agrupación Ecos de Saladillo. “Uno de las conclusiones fue unificar las luchas porque las fumigaciones y el agronegocio es una de las patas del extractivismo, atenta contra el ambiente y los derechos humanos de la misma manera que lo hace el extractivismo minero, Vaca Muerta en el sur o las minas de uranio”, agregó. Con la consigna, “el agua vale más que todo” apuntan a esa unidad de la pelea contra todo tipo de contaminación.

Divididos en comisiones, los asistentes debatieron sobre múltiples problemáticas, tales como la dificultad de acceder a la tierra para la producción agroecológica, el avance del agronegocio en su plan de concentración de la economía y de las mismas tierras, con un “paquete tecnológico basado en el veneno que destruye cuerpos y territorios”. Además, analizaron los impactos en la salud de este modelo, incluyendo la sinergia entre los agrotóxicos y el arsénico, de las enseñanzas de los pueblos originarios y de la “necesidad de construir una sociedad sin explotados/as ni explotadores/as”. Se habló de las luchas dadas en cada territorio contra esta expresión del capitalismo denominada extractivismo, y la necesidad de pelear de conjunto, no sólo en la Provincia sino en todo el país y también más allá de las fronteras.

“Un eje de mucha coincidencia fue fomentar otras formas de producción, tal como la agroecología, movilizar a cada grupo para que lo hagan en sus lugares, con proyectos de ordenanzas o lo que consideren”, describió Arisnabarreta. En su mirada, se trata de algo más que no usar químicos, consiste también en el acceso a la tierra, porque hay mucha gente que fue expulsada, quiere volver pero no tiene posibilidad de comprarla. “Es necesario que Argentina deje de ver la producción agropecuaria como un ingreso de dólares en lugar de una provisión de alimentos sanos para la población, los pueblos tienen que autoabastecerse, los alimentos no deben recorrer distancias tan largas como ocurre hoy”, destacó.

Carla Poth, integrante de la Multisectorial contra el agronegocio, contó que en el encuentro estuvo representada una multiplicidad de territorios, tanto rurales como urbanos, con diversidad de formas organizativas. “Hicimos un diagnóstico que ratificó la presencia de un proyecto político estatal, nacional, provincial y los municipios, que tienden a generar políticas de expansión del agronegocio, independientemente de los colores políticos tienen una línea común que se inserta geopolíticamente en una lógica global donde América Latina es el lugar extractivista del capital”, indicó. Desde su punto de vista, “la lucha es integral, por los bienes comunes por el camino de la agroecología, la soberanía alimentaria y la diversidad biológica, el espacio de los pueblos fumigados busca generar vínculos no violentos, nos reivindicamos como un espacio eco-feminista, sin explotación ni violencias de género o raciales, y en solidaridad con otras luchas”.

En este sentido, entre las conclusiones del 15º Encuentro de pueblos fumigados, se definió movilizar a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, llevando también los posicionamientos de rechazo a las modificación de la ley de glaciares y repudiando la “ley del veneno”, solidarizarse con la lucha del campesinado en Paraguay, realizar año próximo una acción callejera combinada en toda la provincia donde se denuncien empresas/instituciones del agronegocio, llevar adelante el segundo Congreso de agroecología de los pueblos en La Plata, impulsar el ya iniciado mapeo de escuelas públicas fumigadas en la provincia y exigir al Estado el reconocimiento de las enfermedades laborales para docentes y auxiliares del sistema educativo provincial, en cuanto a las consecuencias del agronegocio.

De la declaración final del Encuentro, el pronunciamiento saliente fue: “El agronegocio es política de Estado, gobierne quien gobierne, por eso nos organizamos en la provincia por la derogación de la resolución del veneno, que permitiría fumigar a cero metros de las casas y escuelas –la 246/2018, que el gobernador Kicillof no deroga-, pero también contra el proyecto de ley del veneno, que impulsa irrisorios metros de ‘protección’ de la población y la naturaleza. Por todo esto nos movilizamos el sábado por las calles de Roque Pérez, exigiendo ¡basta de fumigar!, convocando a la población a sumarse a la lucha, solidarizándonos con el pueblo Palestino, ¡agroecología ya!, que el agua de Mendoza no se negocia y que la Ley de Glaciares no se toca”.

El agua, la tierra, las semillas

Según Poth, el diagnóstico sigue siendo problemático respecto del impacto ambiental por el uso de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas, junto a las crecientes investigaciones del agua también con arsénico, están mostrando una enorme complejidad respecto de la salud de la población. “Pensar el agua, la tierra y las semillas nos llevó a ver la necesidad de generar alianzas con quienes pelean por los bienes comunes, lo que pasa en Mendoza, con los pueblos originarios, los movimientos campesinos”, apuntó.

El arsénico es un agente cancerígeno, genotóxico, alterador hormonal y una exposición crónica representa un riesgo para la salud. El arsénico y el glifosato en su interacción se potencian en su efecto tóxico, según un estudio de la Universidad Nacional del Litoral. El agua que toman los pueblos está atravesada por este problema. Hay una falencia en el monitoreo de los municipios, por eso el mapa que hizo el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) es muy útil porque muestra lo crítica que es la situación y lo que no está haciendo el Estado.

“Ciudades y pueblos tienen el agua de red con altísimos niveles de arsénico, que es un problema grave para la salud por las enfermedades que puede provocar, por eso dentro de Pueblos Fumigados está Naturaleza de Derechos, con abogados ambientalistas que se especializan en ese tema para que cada grupo pueda lograr en sus territorios tengan agua potable en serio, con niveles de arsénico que indica la OMS, y libres de agrotóxicos”, dijo Arisnabarreta sobre el vital elemento.

La presencia del arsénico en el agua subterránea se presenta en el acuífero puelche y pampeano, que comprende gran parte de la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe. “Está presente en forma natural por la conformación geológica de la región, pero en los últimos años hay publicaciones científicas que están demostrando que los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos que se utilizan en la agricultura industrial también son aportantes de arsénico. Se ha comprobado que por un litro de Roundup, la marca comercial del glifosato, hay 2 ml de arsénico inorgánico que contamina las aguas”, dijo a Andar el abogado Fernando Cabaleiro, de la organización Naturaleza de Derechos. El letrado explicó que en cuanto a la cuestión normativa, el código alimentario argentino regula la calidad del agua para consumo humano. Respecto al arsénico, en su momento establecía que no podía ser superior a 40 microgramos por litro. En 2004 la OMS rebajó ese valor de referencia a 10 microgramos, tomando en consideración estudios que indicaban que la anterior cifra implicaba una situación de riesgo. “El código alimentario argentino se adaptó a esa cifra en 2007, pero estableció un plazo de 5 años, una prórroga para que las prestadoras hagan las inversiones necesarias y aseguren el agua en ese valor. En 2012 lo volvieron a prorrogar por otros cinco. En 2021 se estableció una regla de excepción para que las empresas puedan dar agua con valor de 50 microgramos por litro de arsénico”, precisó. En la provincia de Buenos Aires rige el código alimentario porque se adhirió a esa disposición que es nacional.

En 2010 en la causa Solari Alberti Cabaleiro planteó que el valor de referencia era de 10 microgramos de arsénico, sin excepciones, y que la prórroga era injustificada y regresiva. La justicia le dio la razón. Después vinieron el caso Betancourt en Chivilcoy, el caso Kersich en 9 de Julio, y en todos se estableció en 10 microgramos, a través de medidas cautelares. “En dos casos hubo sentencia definitiva en materia ambiental. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires nos dio la razón, porque un valor superior implica riesgo para la salud, contamos con dictamen del Conicet, del Hospital de Niños de La Plata y de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. La discusión está zanjada, lo que pasa es que la justicia decide caso por caso, pueblo por pueblo, por eso se lograron los fallos en Bragado y Chivilcoy, cada uno debe ir a la justicia para que se aplique esa doctrina, que está firme. En esos casos la demandada fue ABSA, que pretendió apelar a la Corte Suprema de la Nación, pero no le hicieron lugar a la queja”, resumió el abogado ambientalista.

La lucha de las asambleas

“A raíz de la crisis climática baja el nivel de lluvia, el acuífero no se descarga y el arsénico se concentra. Paulatinamente el nivel fue aumentando. Hoy estamos hablando de arriba de 100 microgramos por litro. Las asambleas se han ido organizando, como el caso de San Miguel del Monte, General Belgrano, Lobos y Saladillo, 9 de Julio, Mercedes y Bolívar, entre otras, están haciendo su reclamo judicial”, describió. “El análisis tiene su costo, pero es necesario, y en ese contexto vino muy bien el informe del ITBA, el mapa que viene haciendo desde 2019 con las muestras que les mandan desde varios pueblos. El resultado es el informe que salió en los últimos días”, resaltó.

En su caso más reciente en 9 de Julio, Naturaleza de Derechos encontró 36 veces más de arsénico, 360 microgramos, una situación de alto riesgo. “La solución es construir plantas potabilizadoras que remuevan el arsénico y los agrotóxicos, como ABSA tuvo que hacer en 9 de Julio, una planta urbana en ese caso emblemático de 2010. La asamblea de vecinos logró que 2600 personas adhieran al amparo para exigirle a ABSA la construcción de la planta, en 2014 la Corte Suprema nacional al avalar el fallo reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano, que no está reconocido en forma autónoma en la Constitución sino en dos tratados internacionales incorporados al orden jurídico, mediante el artículo 75 inciso 22”, precisó. La Corte estableció reglas procesales para este tipo de reclamos y cuando está en juego el acceso al agua potable, para hacer la vía más rápida y la toma de medidas urgentes. Es el caso Kersich, un hito en la lucha por el agua potable en Argentina, en el cual el arsénico es un tema central.

En cada nuevo caso en cada pueblo se piden medidas cautelares para que mientras la prestadora construye la planta potabilizadora entregue agua en bidones a la gente, en los colegios, centros de salud y clubes deportivos. “Construir una planta potabilizadora es la obra básica de un pueblo, lo hacían en la antigua Roma. Hay que asegurar y resguardar el agua de la población; en los pueblos rurales todos los pozos que nutren la red de agua están pegados a los campos donde se fumiga, conviven. Ni siquiera los protegen, estamos logrando medidas cautelares para alejar las fumigaciones de los pozos, es parte de la lucha de estos años proteger al recurso ambiental de la contaminación”, afirmó Cabaleiro.