La semana pasada comenzó el juzgamiento de 6 agentes penitenciarios por la muerte de un joven de 26 años en la Unidad 46 de San Martín, ocurrida en el año 2012. La CPM acompaña a la familia de Patricio Barros Cisneros y al CELS en este nuevo paso en su búsqueda de justicia.

Por Comisión Provincial por la Memoria

El 28 de enero de 2012 fue asesinado a golpes y patadas Patricio Barros Cisneros, detenido en el Pabellón 1 de esa unidad. Se constataron más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo, además de una gran cantidad de lesiones compatibles con mecanismos de defensa frente a un ataque. Una muerte atroz, bestial, fuera de todo límite de humanidad. Las autoridades dijeron que se trató de autolesiones provocadas por el propio Patricio, que se había golpeado la cabeza contra los barrotes de una puerta hasta morir. Una medida de resguardo de los testigos desbarató la maniobra de encubrimiento que pretendían instalar los agentes penitenciarios.

Dos días después del crimen, la Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité Contra la Tortura, representantes del CELS y funcionarios judiciales realizaron una inspección en la Unidad: decenas de testigos temerosos describieron minuciosamente los hechos. Incluso los tres detenidos que propuso el Servicio Penitenciario Bonaerense como testigos de su versión le contaron al fiscal que habían sido forzados a firmar el parte oficial. Todos los relatos fueron coincidentes sobre cómo fue el asesinato.

La CPM subraya la importancia de juzgar por torturas –en este caso seguida de muerte- a estos funcionarios públicos. La tortura es una práctica sistemática en las cárceles bonaerenses, federales y de las restantes provincias argentinas. Sin embargo el Poder Judicial omite cumplir con su rol de controlar e impedir estas graves violaciones a los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo tampoco avanza en la implementación de políticas de prevención, asistencia o sanción de la tortura. Y no por desconocimiento de lo que sucede, sino por falta de decisión política para hacerlo.

Desde hace 10 años, la CPM reclama en sus informes anuales y denuncias nacionales e internacionales acciones urgentes para revertir esta situación. Desde 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares, ante el pedido de la CPM y el CELS, por los altos índices de violencia y tortura dentro del mismo Complejo San Martin.

Pese a esto, el gobierno provincial no solo no adoptó medidas activas para resolver estos problemas sino que obstaculiza las tareas de monitoreo independientes, negando acceso a la información y prohibiendo documentar las torturas mediante registros fílmicos o fotográficos.

La larga lucha de gran parte de la sociedad argentina por memoria, verdad y justicia ante las atrocidades de la dictadura militar sólo serán parte constitutiva de nuestra democracia cuando se asuman de la misma manera la lucha contra las atrocidades del presente.