Según informaron las autoridades penitenciarias la población detenida en las cárceles de Devoto y Marcos Paz supera actualmente la cantidad de plazas habilitadas. También se verificó la crítica situación habitacional de la Unidad 19 .

ANDAR en las Cárceles

(PPN)  Desde 2007 la población privada de libertad en establecimientos federales ha aumentado de modo constante. Durante el 2014, el cuadro se agravó con picos que han superado las 10 mil quinientas personas presas. En octubre de 2014, la Procuración alertaba sobre el récord de 10.322 personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal: una cifra sin precedentes y que no era acompañada de políticas sustantivas de reducción del encierro, ni de ampliación y mejoramiento de las condiciones edilicias. El 14 de noviembre, se llegó a un total de 10.543 personas privadas de libertad, volviendo a superarse el máximo histórico anterior. El 2014 cerró con 10.424 personas detenidas en el SPF, al 31 de diciembre.

[pullquote]Desde 2007 la población privada de libertad en establecimientos federales ha aumentado de modo constante. Durante el 2014, el cuadro se agravó[/pullquote]

Hasta la fecha, existen al menos 3 acciones de habeas corpus promovidas por la PPN y la Comisión de Cárceles en virtud del problema de superpoblación que existe en los penales de Marcos Paz, Ezeiza y Devoto que han sido favorablemente acogidas por la justicia, pero que no ha tenido como correlato medidas tendientes a descomprimir la situación.

Devoto, Marcos Paz y la unidad 19

Ante la presentación de un habeas corpus colectivo por hacinamiento en las cárceles federales la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal informó que la capacidad general real de alojamiento del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto) es de 1696 plazas. Sin embargo el 29 de diciembre de 2014 se alojaban allí a 1729 personas.

Según informaron las autoridades penitenciarias, la población detenida por encima del número de plazas de alojamiento regular está siendo ubicada temporalmente en espacios destinados a alojamientos transitorios. Esto dificulta y complica la gestión del penal y lesiona los derechos de las personas detenidas, ya que son espacios que se necesitan normalmente para facilitar los traslados de personas, o resolver situaciones conflictivas o de emergencia. Lo cierto es que, incluso considerando esos espacios el penal no podría admitir más que 1808 personas, un límite nominal extremo cuya superación es inminente.

La acción de hábeas corpus colectivo presentada en conjunto por la Procuración Penitenciaria y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación en este caso tramita ante el Juzgado Nacional de Instrucción 22 a cargo del juez Guillermo Ricardo Rongo.

También se  solicitó a la justicia federal de Morón que se intime a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a presentar un plan para remediar la problemática de superpoblación que existe en el Complejo Federal Penitenciario II de Marcos Paz, y que ordene a las autoridades del establecimiento que se abstengan de recibir nuevos prisioneros hasta que se regularice la situación.

Según pudo constatar la PPN en una inspección realizada el pasado 5 de enero, actualmente, el penal de Marcos Paz aloja a 1627 personas, es decir, a 123 más de las 1504 que la propia autoridad penitenciaria dice estar preparada para recibir y 155 por encima del cupo de 1472 personas que fue determinado judicialmente en el marco de una acción de habeas corpus impulsada por los organismos citados. Al igual que en Devoto, los detenidos permanecen alojados en espacios no destinados a tal fin, como retenes para detenidos en tránsito, salas médicas o celdas de aislamiento, o duermen en el piso en pabellones colectivos que, en los últimos meses, han duplicado su número de ocupantes.

En el caso de la Unidad 19 el establecimiento aloja hoy a 213 personas, pero carece de una infraestructura de servicios adecuada para su correcta gestión ya que fue previsto para una capacidad ideal de 32 personas por pabellón, es decir, un total de 192.

La unidad se compone de seis pabellones colectivos. Con el correr del tiempo, se fueron ejecutando sucesivas ampliaciones irregulares ampliando las plazas, por ejemplo, sobre la base de la única novedad de agregar al inicio de cada tira de camas nuevas cuchetas, sobre un sector originalmente concebido como pasillo de tránsito y sin ninguna ampliación de servicios.

En los últimos meses, esta práctica irregular se exacerbó de modo inaceptable. Se extendieron el tinglado y los muros del pabellón 2 y se ubicaron nuevas camas a las hileras de modo de alojar, ahora a 52 personas.

“El record histórico de población del SPF ha puesto en evidencia que el organismo no cuenta con un procedimiento para determinar la capacidad máxima de los establecimientos penitenciarios y sus divisiones internas de modo transparente y consistente con estándares mínimos, así como tampoco existen mecanismos para la prevención, detección y abordaje de este problemática. Por el contrario, la autoridad penitenciaria insiste en manipular esta información para responder a las necesidades de la gestión, en detrimento de los derechos de las personas privadas de su libertad y de los intereses de sus propios trabajadores”, analizaron desde la PPN.

Por estas razones, este organismo junto a la Comisión de Cárceles han solicitado la habilitación de la feria judicial para discutir acerca de esta situación, que se intime al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a elaborar un plan para intervenir sobre la problemática y que se adopten una serie de medidas urgentes para mitigar las carencias a las que se ven expuestos los detenidos.

“La estructura sistémica del problema exige un abordaje profundo y decisiones sólidas y sustentables de política criminal” aseguraron desde la PPN desde donde también recordaron que  en octubre de 2013, se presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular la capacidad operativa de los lugares de privación de libertad con mecanismos de acreditación previa, participación de los actores involucrados, garantías de acceso a la información, procedimientos de alerta y control y un sistema de prevención de sobrepoblación.