ANDAR en la justicia

(Agencia) El juicio comenzó el martes 2 de agosto, cuando se produjo la totalidad de las declaraciones testimoniales –entre ellas, la de la madre de Saulo Rojas, Myriam Lucero, y del periodista Pablo Galfré, uno de los primeros en denunciar junto a la CPM los delitos que se cometían sistemáticamente en San Camilo-, y este jueves 4 ya se llevaron a cabo los alegatos, por lo que resta una sola jornada de debate oral que se realizará el próximo lunes a las 13, cuando se dé a conocer el veredicto.

Este es el primer juicio en el que se ventilan los delitos cometidos en este tipo de instituciones desde la sanción de la ley nacional de salud mental, y el caso da cuenta de los problemas estructurales de las comunidades terapéuticas privadas que hasta el día de hoy no son controladas de manera rigurosa por parte del Estado ni ajustan sus prácticas a las exigencias de la nueva ley.

En aquella ocasión la CPM había constatado que en San Camilo tenían alojadas a 60 personas, a pesar de que la institución contaba con capacidad para alojar a 24 personas conforme a una disposición de octubre de 2014 resuelta por la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia.

Respecto al juicio, durante las declaraciones testimoniales de la primera jornada, uno de los operadores de San Camilo relató cómo se decidía el lugar de alojamiento de cada usuario dentro de la comunidad terapéutica, y señaló al director terapéutico y psicólogo, Alejandro Jacinto, como el responsable de decidir quiénes eran castigados o “engomados” –aislados por extensos períodos de tiempo-, en qué condiciones y locación.

El testigo recordó que aquel 14 de julio de 2013, cuando Saulo Rojas fue hallado sin vida en la sala de castigo del sector B, el operador que había ejecutado el encierro de la víctima y por orden de Jacinto había sido “Pipi” Súñez, el único imputado en el juicio.

Otro que declaró como testigo, y resultó detenido por imputación de falso testimonio, fue Carlos Leguizamón, un electricista que realizaba tareas de mantenimiento en San Camilo, en sede de Derqui. La fiscal le fue advirtiendo en varias ocasiones de su declaración en el juicio respecto al delito de falso testimonio, y le preguntó si había cosas que no recordaba o si padecía alguna enfermedad que afectara su memoria. También le consultó si había sido amenazado antes de llegar al juzgado.