La asociación civil de Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC), con el acompañamiento de la CPM, presentó un recurso de habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, por la humillación y degradación a la que son expuestas las personas que visitan a detenidos en la Unidad XV de Batán. Además de conseguir justicia, se trata de un intento por reconocer que los familiares también son víctimas del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB).

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia, Paula Bonomi) Madrugada en la Unidad Penal de Batán, Mar del Plata. Los familiares de las personas privadas de la libertad llegan para comenzar la fila entre las tres y las cuatro de la mañana. Las puertas del penal se abren a las 7. No hay refugio frente a la hostilidad climática. Si llueve, si hay viento helado, las mujeres, los ancianos y los niñxs esperan a la intemperie. La odisea comienza cuando el portón se abre y se ven las quince cuadras que separan el muro de las instalaciones carcelarias. La gente toma carrera, literalmente. Corren para lograr un número entre los primeros cincuenta del primer turno de visita. Luego, cada turno durará entre 2 ó 3 horas de acuerdo a la cantidad de familiares del día, las requisas y la voluntad de los carceleros.

Casi siempre el familiar o amigx lleva consigo un bolso que contiene algunos alimentos, cartas, fotos, elementos de higiene, aquello que el privado de libertad necesita. Ir a visitarlo es un gesto de amor, contaminado por el dolor y la resignación. Además, conlleva un gran esfuerzo económico. Con todo al hombro, apuran el paso agitado, corren. Los niñxs son tomadxs de las manos, corren con ellxs sin entender qué pasa. Con el último aliento, cansadxs de la espera, con frío o mojadxs, lo único que piensan y que importa es llegar. Empujones, malos tratos, humillaciones son los premios para obtener, frente a la mirada socarrona de de los carceleros, un lugar, un sitio en la fila para ser requisados hasta la última media, hasta el último fideo. Y así es siempre.

“Una niña de 14 años fue manoseada por una carcelera, obligándola a levantarse el corpiño. Frente a esta violencia, su mamá se quejó ante el servicio penitenciario bonaerense y como respuesta, sus visitas fueron suspendidas por tres meses. Está prohibido el recurso de queja dentro de las cárceles” explica Natalia Sarrautte, secretaria de FAVISIC.

FAVISIC es una asociación civil de Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad que iniciaron su actividad con el apoyo de la CPM. Funciona generando redes solidarias entre familiares de detenidos en toda la provincia. Actualmente tienen referentes en Mar del Plata, Necochea, Alvear, La Plata, Urdampilleta, Dolores y Junín; gente que se fue conociendo en las puertas de las unidades penales, en las largas esperas para ver a sus seres queridos.

En febrero de este año hicieron una encuesta para relevar y sistematizar los reclamos de los familiares de los privados de la libertad y detectaron graves irregularidades y arbitrariedades en las requisas a las que éstos son sometidos. También en la manipulación de los alimentos.

 Habeas corpus colectivo

Inspección de la CPM a la UP Batán, julio 2014. Foto: Agencia Andar

FAVISIC, con el acompañamiento de la CPM, presentó un recurso de habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, que tomó el pedido. La presentación da cuenta de la humillación y degradación a la que son expuestas las personas que visitan a sus seres queridos en la Unidad XV de Batán, lo que también las convierte en víctimas del SPB. Dadas las formas en las que se trata y se revisa en las requisas a los familiares asistentes, se viola cualquier precepto, pacto o tratado nacional o internacional en materia de derechos humanos. “Desnudos completos, realización de flexiones, revisación del ano, de la boca, obligarlos a toser” describe el texto de la presentación. También puede leerse el deterioro en el que se encuentran las instalaciones públicas de la entrada de la unidad, la mugre del espacio donde se realizan las visitas, letrinas tapadas, baños sin agua, focos infecciosos por la falta de higiene. Violencias. Mujeres, muchas embarazadas, ancianos y niñxs son lxs que utilizan esas instalaciones en su recorrido por los penales provinciales.

Audiencia judicial

Frente al pedido de FAVISIC, el Juzgado de Garantías 2, a cargo del Dr. Raúl Roberto Errandonea, ordenó con celeridad una inspección ocular a las instalaciones públicas destinadas a las visitas del Penal de Batán. Cotejó los dichos expresados en el habeas colectivo y citó la semana pasada a una audiencia en la que estuvieron presentes: el director provincial de Política Criminal, Dr. Juan Martín Ramos Padilla, el director provincial de Política Penitenciaria, Dr Juan Pablo Vidal (ambos integrantes del Ministerio de Justicia provincial), la Comisión por la Memoria representada por la directora del programa de Litigio estratégico, Dra. Margarita Jarque, y Gustavo Jaramillo y Natalia Sarrautte de FAVISIC. El Jefe de la Unidad Penal XV de Batán también estaba citado pero argumentó tener una reunión y no se presentó.

El alcaide mayor Walter Semi de Batán envió al Juzgado una fotocopia ilegible de la normativa aplicable en lo relativo a las visitas de los internos. Explica en su nota que el trato a los familiares remite a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal de la Pena Privativa de la Libertad (24.660) y se adjunta el protocolo de visitas creado en 2014 por la Secretaría de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia.

En la nota enviada a la justicia explica que las revisaciones se realizan en forma individual, con una lógica biologicista del género: mujeres a  mujeres y varones a varones. Pero a lxs niñxs siempre los revisa una mujer, independientemente de la edad que tengan, y sin la compañía de un adulto, lo que contradice lo estipulado por la norma. Además, no hay especificaciones vinculadas a personas trans.

En relación a la detección de elementos no permitidos, se aclara que en el penal no cuentan con los equipos electrónicos necesarios, salvo un detector de metales. También deja asentado que los “hallazgos”- descriptos como chips, celulares, envoltorios pequeños con sustancias similares a la marihuana o dinero en efectivo- han sido esporádicos, dos a tres incautaciones al mes aproximadamente.

El Jefe del Penal no dice nada en su nota respecto a la manipulación y deterioro de los alimentos, aunque se sabe que en la práctica es un desastre. “El puré de tomate para ingresar a los penales debe ir cerrado. Una vez que lo ingresas, lo tenés que abrir y poner en un taper. Si no tenés plata para el taper o no lo sabías, lo tenés que dejar o tirar porque te lo incautan ellos y jamás les llega a los internos”, explicó Natalia de FAVISIC.

En la audiencia realizada la semana pasada, los funcionarios gubernamentales defendieron la paulatina aplicación del protocolo de visitas elaborado en 2014 para la provincia de Buenos Aires. FAVISIC consideró que es insuficiente y que se encuentra vaciado de contenido. En muchos aspectos deja cuestiones a merced del criterio del Servicio Penitenciario, zonas grises. Desde la CPM entienden que dicho protocolo “debería cotejarse con las normas en la realidad”. La denuncia realizada por FAVISIC respecto de la niña de 14 años que se cita más arriba, alcanza como ejemplo.

Durante el debate, los representantes del Ministerio de Justicia contaron que se estarían realizando capacitaciones del protocolo de visitas a través de la materia derechos humanos en la Escuela de Penitenciaria y casualmente, esas capacitaciones habían quedado pendientes en Batán.

Los datos

En el Informe 2015 de la CPM, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 35.000 personas privadas de su libertad, 1 persona cada 470, un récord histórico. En uno de sus apartados el informe detalla que se registraron 114 víctimas de requisas personales vejatorias: “Se trata de prácticas violentas, inútiles y prolongadas, que suponen exposiciones al frío o al calor, inspecciones invasivas del cuerpo, imposición de posturas y/o ejercicios degradantes. Un 29,4% implicó desnudo total y flexiones, tipo más gravoso en términos de intrusión corporal dado que supone colocarse en cuclillas de manera tal de exponer las zonas genital y anal a la inspección del personal”.

Pasillos de ingreso a la UP Batán, julio 2014. Foto: Agencia Andar

En teoría y, en función de la legislación internacional y nacional que respeta los derechos humanos, bajo ningún punto de vista se puede obligar a nadie a desnudarse total o parcialmente en una cárcel cuando se visita a un familiar. Así lo afirma la Procuración Penitenciaria de la Nación en la información y requisitos para el visitante de una persona privada de la libertad. Lo adecuado es que la visita pase por un scanner y que los guardias de seguridad no tengan ningún contacto físico, mucho menos que obliguen a realizar ningún tipo de desnudo para ser observado por el personal del servicio. El registro manual sólo está permitido en aquellos casos en que la persona no pueda, por razones médicas, pasar por las máquinas de rayos X o de detección de metales (mujeres embarazadas, personas con marcapasos, personas que padezcan alguna enfermedad oncológica, etc.).

“Nosotros también planteamos que una forma más simple y ordenada de poder habilitar la visita es la tarjeta única, como la utilizada por el sistema federal. Provincia no lo cumple. Cambian todo el tiempo la reglamentación. Por ejemplo, ahora las personas no pueden entrar a los penales con jeans. Una señora llegó a Batán en tren y fue vestida con pantalón de jean desde su casa de La Plata. Hizo el trámite de ingreso, las colas, pero no pudo entrar a la visita por su ropa. Tenía que ir vestida con pantalón de gimnasia o pantalones amplios. ¿Cómo te enterás? Nosotros entendemos que esto merece un reglamento universal para que en todas las unidades penales apliquen las mismas normas: cómo se debe ingresar, con qué vestimenta, qué no se puede llevar. Un criterio equiparado para todos los que visitamos a nuestros familiares”, reflexiona Natalia Sarrautte.

Frente a las incongruencias del sistema y los malos tratos propiciados por el Servicio, los familiares esperan una sentencia judicial para julio.