El concejo deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que crea el Consejo municipal de control de la violencia institucional. Desde una perspectiva que contempla el respeto de los derechos constitucionales, este mecanismo local se constituirá como un organismo de seguimiento y monitoreo de las fuerzas de seguridad en Ramallo. La iniciativa, impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ya se viene aplicando desde el año pasado en Punta Indio y se espera que siga replicándose en otras localidades de la provincia para fortalecer la capacidad de intervención frente a prácticas violentas e ilegales de la policía en el territorio.

ANDAR en Ramallo

(CPM/Agencia) Ante el aumento de los índices de discrecionalidad, violencia e ilegalidad de las prácticas policiales en su despliegue territorial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene expresando la necesidad de formalizar mecanismos de revisión y seguimiento de las políticas de seguridad y de control del desempeño policial en particular. En ese marco, el organismo impulsó la creación del consejo municipal de control ciudadano que el año pasado fue aprobado en Punta Indio y hoy en Ramallo.

Durante una sesión, de la cual participó la CPM, el concejo deliberante de Ramallo decidió por unanimidad crear el Consejo municipal de control de la violencia institucional que estará integrado por representantes de la sociedad civil, de organismos públicos e instituciones vinculadas a esta temática y referentes de los derechos humanos. Además, contará con la colaboración de la CPM en tareas de capacitación y cooperación para fortalecer el trabajo cotidiano del consejo.

Según consta en el proyecto, y respetando los principios estipuladas en la iniciativa original, el Mecanismo “tendrá por objetivo general la prevención de la violencia institucional, entendiendo por tal la desarrollada por todos los organismos estatales o por particulares con su consentimiento o aquiescencia. Perseguirá los malos tratos en todas sus formas, la tortura, la violencia de género, violencia hacia personas con capacidades diferentes y hechos de discriminación racial, religiosa, etaria y de toda índole, en el marco de lo establecido por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones Nacional y Provincial”.

Entre sus tareas, el Consejo municipal se desempeñará como organismo de control ciudadano de las fuerzas de seguridad, de monitoreo y asistencia en los lugares de detención y de intervención concreta propiciando la investigación judicial y administrativa cuando se detecten prácticas policiales violatorias de los derechos humanos. Además, a partir del registro y relevamiento de casos, el mecanismo local elaborará un informe anual que dé cuenta de las causas estructurales de la violencia institucional y proponga modificaciones institucionales para la erradicación de las condiciones de posibilidad que sustentan estas prácticas ilegítimas.

“La denuncia por torturas que sufrió Miguel Vargas por parte de efectivos de la seccional de la DDI de Ramallo ha sido el hecho con mayor repercusión pública, pero Ramallo fue testigo de muchos otros casos que se enmarcan en prácticas de de violencia institucional. A partir de esos antecedentes, sumado al incremento policial en el territorio que implicará la llegada de la Policía Local, el Municipio comprende que no sólo alcanza con la capacitaciçon de las fuerzas de seguridad sino que también es necesario generar espacios para visibilizar esta problemática y construir mecanismos de prevención”, declaró Luis Onofri, concejal del municipio y director del programa de Salud Mental de la CPM.

En ese sentido, cabe mencionar que la sanción de esta ordenanza se dio a pocos meses de la implementación de la Policía Local en Ramallo. A pesar de que esta fuerza de seguridad está destinada para aquellos municipios con una población mayor a los 70 mil habitantes, el gobierno provincial autorizó a la gestión municipal a contar con un cuerpo de 130 nuevos efectivos que con sólo nueve meses de capacitación estarán en las calles, aun cuando la ciudad tenga 33 mil habitantes. Frente a la opción de la saturación policial, desde la CPM se consideró que la creación del Consejo favorece a la discusión sobre qué fuerzas de seguridad queremos.

“El primer objetivo es poder generar, a partir de constituir un espacio de asistencia a las víctimas, indicadores para tener un real conocimiento de las prácticas, actores y condiciones de posibilidad para que estas prácticas se perpetren. Pero, fundamentalmente, creemos que el Consejo municipal de control ciudadano le brinda al municipio una herramienta institucional que no existía, una herramienta que te permitirá llegar a acciones de carácter correctivo y de protección de las víctimas”, remarcó Luis Onofri.

Por otra parte, la misma ordenanza propone refrendar un convenio de cooperación con la CPM con el objetivo de formalizar una comunidad de trabajo para el asesoramiento y fortalecimiento del Consejo municipal en el cumplimiento de sus objetivos. Esta definición por parte de las autoridades municipales es un reconocimiento a la labor del organismo como mecanismo provincial de prevención de la tortura, cuyas tareas se enmarcan en los lineamientos dispuestos por el protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU.