Como protagonista de las maniobras tendientes a obstruir y desviar la investigación por el homicidio de Lucas Verón, así como de las amenazas y violencia desplegadas en la dependencia policial contra Gonzalo Aguirre (amigo de Lucas que sobrevivió a los disparos) y su padrino, para que suscribieran falsas declaraciones testimoniales y se autoincriminen por un robo a mano armada inexistente, “el agente fiscal Juan Pablo Tahtagian se alejó de las previsiones normativas, desplegando un accionar ilegal que tuvo como objetivo intentar la impunidad del crimen ejecutado por personal policial”, señala el pedido de destitución presentado este 13 de septiembre por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a Cristian Verón y Graciela Aguilar -padres de Lucas Verón-, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

ANDAR en la Justicia

(CPM) La noche del 10 de julio de 2020, cuando festejaba su cumpleaños 18, Lucas Verón y su amigo Gonzalo salieron en moto a comprar gaseosas. Cuando estaban volviendo los policías bonaerenses Ezequiel Benítez y Cintia Duarte comenzaron a perseguirlos. “Un patrullero con las sirenas y luces apagadas nos quiso chocar. No nos dieron la orden de alto, nos asustamos y aceleró, y el patrullero nos persiguió tirando cuatro tiros”, declaró Gonzalo Aguirre a fines de agosto pasado frente a los doce miembros del jurado que terminaron condenando a los dos imputados.

A la par del juicio y las penas para los responsables directos del crimen, la trama de encubrimientos y posteriores acciones tendientes a cristalizar la impunidad fueron abordadas en dos investigaciones penales.

Una a cargo de la Ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza en la que resultaron procesados el segundo jefe departamental de La Matanza Diego Ocampos, la oficial de policía Giselle Genez y el subcomisario Daniel Quinteros, todos ellos a la espera de la celebración del debate oral que los juzgará por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideología, falsedad de instrumento público, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad contra el joven Gonzalo Aguirre.

Y la segunda causa en trámite ante la Fiscalía N° 8 del departamento judicial de San Martín, que da origen a la presentación del pedido de destitución que acaba de presentar la CPM junto a los padres de Lucas, investiga al fiscal Tahtagian, en cuya presencia y con su participación fueron realizadas todas las acciones ilegales llevadas a cabo por la policía para encubrir el crimen.

En este sentido, el 7 de septiembre la fiscal Andrea Victoria Andoniades citó a declaración indagatoria al imputado Juan Pablo Tahtagian al considerar que “existiendo desde el primer momento fuertes sospechas de la intervención de personal de la policía bonaerense en la comisión del homicidio, delegó la investigación y requirió medidas de prueba a la misma fuerza de seguridad, esto es, a la policía bonaerense, siendo que a raíz de esta delegación, el testigo presencial del homicidio, el menor Gonzalo Aguirre, y su padrino Mario Brandan, resultaron víctimas de delitos de acción pública por parte de efectivos policiales que intervenían en la investigación”.

“No me quedan dudas que ya desde tempranas horas de la mañana del día 10 de julio de 2020 se sabía que el hecho había sido cometido por policías bonaerenses”, agregó Andoniades. En lugar de cumplir con la resolución 1390 de la Procuración General que dispone apartar a la fuerza investigada de la causa, el fiscal violó esta normativa y no solo delegó toda la instrucción a la bonaerense sino que fue parte de estas acciones ilegales que convalidaban su accionar.

Para la CPM el asesinato de Lucas y la tentativa de homicidio de Gonzalo Aguirre, como las posteriores acciones llevadas a cabo por la policía en presencia del Agente Fiscal (detención ilegal del menor Gonzalo Aguirre y su padrino Mario Brandan, entre otros), resultan hechos de suma gravedad que se circunscribe en el marco de graves episodios de violencia institucional y que, por lo tanto, vulneraron los derechos humanos de las personas victimas involucradas.

“Entendemos que la acusación formulada por la titular de la UFI 8 de San Martín es fruto de una investigación seria y exhaustiva, y es sostenida por contundentes elementos de prueba que así lo verifican en la instancia procesal que se encuentra”, afirma la CPM en su denuncia presentada ante la Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

De allí que la CPM solicita que se proceda a la destitución de Tahtagian y que se remita de inmediato al fuero penal ordinario para que se pueda continuar la investigación iniciada en su contra a instancias de la fiscalía 8 de San Martín.

Asimismo, requiere que durante la sustanciación del proceso de Enjuiciamiento de Funcionarios, y dada la seriedad de la acusación formulada, el fiscal sea apartado de manera preventiva de su cargo procediendo luego a su suspensión.