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Home›Justicia›PEDIRÁN LA LIBERTAD Y SOBRESEIMIENTO DE LOS CUATRO EX CHOFERES DE LA LÍNEA ESTE “No hay ningún fundamento para sostener la prisión preventiva”

PEDIRÁN LA LIBERTAD Y SOBRESEIMIENTO DE LOS CUATRO EX CHOFERES DE LA LÍNEA ESTE “No hay ningún fundamento para sostener la prisión preventiva”

Por ldalbianco
26 abril, 2019
1667
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El próximo lunes, se realizará una audiencia preliminar para solicitar el sobreseimiento y excarcelación de los cuatro ex choferes de la línea Este detenidos por una causa que se inició en 2017, en el marco de una protesta gremial por la reincorporación de compañeros despedidos y mejores condiciones laborales. Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi fueron detenidos hace 23 días, por disposición de la fiscal Virginia Bravo, sin haber sido notificados nunca de esa causa. Ex compañeros de trabajo, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales convocan a la movilización que arranca a las 9:45 en plaza San Martín y llegará hasta los Tribunales.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Sebastián Mac Dougall está detenido en la alcaidía III de La Plata, emplazada en Melchor Romero. Comparte celda con otras tres personas y permanece en la celda alrededor de 21 horas por días. Tiene dos nenas de 10 y 8 años y su compañera, Giselle, está a punto de dar a luz por tercera vez. Desde que Sebastián fue detenido, la familia tuvo que solicitar un préstamo para afrontar los gastos diarios.

Emanuel Lazzaro está alojado en la alcaidía I de la Plata, en Olmos; habita una celda de 2 metros por 2,5 metros con otra persona en condiciones de hacinamiento y aislamiento extremo, sólo tiene dos horas diarias para salir al patio. No puede dejar de pensar en su hija de 3 años y en su pareja, Emanuel era el único ingreso económico de la familia. Pablo Varriano se encuentra detenido también en la alcaidía I de La Plata. Tiene tres hijos de 7, 3 y 1 año y era el sostén del hogar.

Luciano Fiocchi está alojado en la DDI de Lomas de Zamora en condiciones de hacinamiento y aislamiento absoluto. Comparte una celda de 7 metros por 5 metros con otras ocho personas. Luciano, además, es el sostén económico del hogar. Tiene dos hijas de 14 y 10 años y desde que fue despedido de la línea Este hace changas de transporte escolar y remis.

“No hay ningún fundamento para sostener la prisión preventiva, nunca intentaron profugarse ni entorpecer la investigación, no tienen antecedentes y los asiste el principio de inocencia. Insisto, no se viola ninguna de las excepciones establecidas en el código como para que se los siga privando de la libertad”, remarca el abogado Rolando Sberna, que representa a los cuatro ex choferes de la línea Este detenidos desde hace 23 días.

Frente a estas detenciones arbitrarias y ante el inminente cumplimiento de los plazos temporales —30 días desde la detención—para notificar la decisión o no de dictar la prisión preventiva, el abogado de los trabajadores solicitó ante el titular del Juzgado de Garantías 2 de La Plata, Jorge Moya Panisello, una audiencia oral preliminar, con la presencia de los imputados, para que exponer los fundamentos de la defensa y reclamar la liberación. “Con ellos en libertad, discutimos el resto”, aclara Sberna. El fin último de la defensa es pedir el sobreseimiento y falta de mérito.

Las detenciones de Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi se ordenaron en una causa por daños iniciada por la denuncia de otros choferes durante un corte de la avenida 7 en marzo de 2017. La fiscal los terminó imputando por coacción agravada, en concurso material con daños; es decir, una acusación mucho más severa que la realizada por el propio denunciante.

“Para hablar de coacción agravada, la fiscal se apoya en los testimonios de los denunciantes que dicen haber sido amenazados para abandonar el trabajo. Sería muy difícil interpretar que la intención de los manifestantes era obligarlos a abandonar sus trabajos, la única intención era cortar la calle para visibilizar un reclamo”, asegura Sberna.

La causa que tiene a los cuatro ex choferes empieza el 16 de marzo de 2017, durante una manifestación donde la agrupación El Bondi reclamaba la incorporación de 25 trabajadores despedidos. “Recién en septiembre de 2018, la fiscal Bravo termina la instrucción con la declaración de tres personas de la empresa que dicen reconocer a estas cuatro personas, pero esos testigos no dicen que estaban atacando micros, sólo que los reconocían en lugar como integrantes de la agrupación El Bondi”.  Sin haber sido nunca notificados de la causa, en abril de este año la fiscal pide la detención de los cuatro trabajadores.

“En la audiencia del lunes, presentaremos una serie de pruebas que antes no existían en la instrucción, son nuevas pruebas documentales y testimoniales que, creemos, servirán para derribar los indicios del Ministerio Público Fiscal que señalan a los cuatro detenidos como los autores de los delitos que se le imputan”, confía Sberna.

Para los compañeros de trabajos y los familiares de los ex choferes de la línea Este, esta causa siempre fue una medida de disciplinamiento para la clase obrera. Este lunes, antes de la audiencia, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales movilizarán desde plaza San Martín hasta los Tribunales para volver a exigir la libertad de los cuatro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña esta iniciativa y, desde que tomó conocimiento de la situación procesal de los trabajadores, realizó varias presentaciones judiciales para denunciar la arbitrariedad de estas detenciones. Allí, la CPM señaló la “preocupación por la medida de coerción dispuesta; teniendo en cuenta que los detenidos se encuentran imputados en delitos con una pena en expectativa baja; se han identificado y presentado oportunamente ante los organismos jurisdiccionales; poseen domicilios constatados, y carecen de antecedentes penales y rebeldías previas”. Es decir, no hay condición que justifique esa medida coercitiva.

En un contexto de crisis humanitaria de los lugares de encierro, para la CPM la decisión de sostener esta medida coercitiva es una grave vulneración de derechos y contradice todas las recomendaciones y normativas internacionales.

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