Tras una de sus inspecciones en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo favor de los niños y jóvenes alojados en “La Casita del Búho”, una institución ubicada en General Rodríguez y vinculada a una comunidad terapéutica también denunciada por graves violaciones a los derechos humanos. El juzgado de garantías del joven N° 1 de Moreno, a cargo de la jueza Mirta Guarino, hizo lugar a la presentación y entre otras medidas, prohibió inmediatamente nuevos ingresos. La denuncia de la CPM, constatada judicialmente, advertía las graves falencias en el acceso a la salud, especialmente la situación de niños con medicación por problemas de salud mental sin ningún tipo de control ni revisión por parte de un médico psiquiatra. Este caso expone las profundas falencias en el seguimiento de quienes son alcanzados por medidas de abrigo en la Provincia.

ANDAR en Moreno

(Agencia Andar) En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM inspeccionó la Casa de Abrigo “La Casita del Búho”, un dispositivo convivencial conveniado con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia denominado como de atención especializada. Lo hizo luego de enterarse de su apertura durante la inspección a otra institución del ámbito de la salud mental, una comunidad terapéutica ya denunciada donde detectaron que también alojaban menores de edad.  “Estábamos en Casita del sur, no era un lugar para nosotros porque estaban los de consumo y nos mandaron acá”, constató a través del testimonio uno de los chicos en La Casita.

Las casas de abrigo forman parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes establecido por la ley provincial 13.298. Por fuera de los 15 hogares oficiales, el estado dispone el alojamiento de niños y niñas separados de su medio familiar en estas instituciones conveniadas cuya finalidad es brindarles alojamiento transitorio y protección integral a cambio de becas, mientras se definen estrategias de restitución de derechos.

A partir de las graves deficiencias y vulneraciones de derechos relevadas durante la inspección el organismo presentó un habeas corpus colectivo donde denunció las carencias en la atención de la salud física y mental integral de los chicos, la ausencia de equipos técnicos interdisciplinarios, el suministro irregular de medicación psiquiátrica y falta de abordajes terapéuticos adecuados.

Sobre las graves falencias en el acceso a la salud, el habeas corpus detalló que desde su ingreso a la casa de abrigo ninguno de los niños y niñas había tenido control médico, una situación aún más grave en aquellos niños que al momento de la inspección se encontraban con esquema farmacológico por problemas de salud mental. Al momento de la inspección, 11 de los 13 niños contaban con esquemas de medicación psiquiátrica sin ningún tiene seguimiento ni abordaje interdisciplinario en salud mental interno ni externo a la institución.

En el habeas corpus, la CPM denunció la falta de control de estas intervenciones por parte de un médico psiquiatra:  había un niño medicado sin prescripción médica, niños que llevaban más de tres meses con la misma medicación y otros con esquemas farmacológicos modificados por operadores o autoridades del lugar sin aval médico. Igual de grave es la situación de los tres niños con discapacidad alojados en la casa de abrigo, ninguno cuenta con acompañamiento terapéutico ni realiza terapias de acuerdo a sus necesidades singulares.

En las entrevistas realizadas durante la inspección, muchos niños relataron tener algún padecimiento físico desde hacía varios días sin que ese reclamo haya significado la gestión de un turno médico; uno, con un golpe en uno de los dedos del pie, recién fue llevado a la guardia un día después de la inspección donde le recetaron antibióticos y analgésicos, otro manifestaba un dolor de muela de larga data también sin haber tenido control odontológico.

Otro de los problemas centrales de estos dispositivos es la falta de seguimiento y control una vez que las y los niños quedan bajo su cuidado. El caso de la Casita del Búho da cuenta de esta ausencia de supervisión desde el  OPNyA. En su inspección la CPM se encontró con que la institución funciona sin un proyecto institucional claro y sin las condiciones mínimas ni las habilitaciones sanitarias acordes a la complejidad de la población que aloja.

En su denuncia el organismo también observó la interrupción de las trayectorias educativas, prácticas disciplinarias restrictivas de derechos, la insuficiencia de personal y la consecuente delegación de tareas de cuidado y mantenimiento en los propios chicos, la falta de estrategias de revinculación familiar o contacto con referentes afectivos, entre otras cuestiones básicas para un espacio donde viven niños. En el lugar, supuestamente preparado para niños a partir de los 7 años no contaban, por ejemplo, con juegos y juguetes.

El informe alertó, además, sobre situaciones de discriminación por razones de género. En particular la de una joven trans alojada en el dispositivo sin respeto por su identidad de género, nombrada y registrada con un nombre que no reconoce y asumiendo tareas de cuidado asignadas de manera estereotipada, una forma de revictimización institucional.

El juzgado de garantías del joven N° 1 de Moreno, a cargo de la jueza Mirta Guarino, hizo lugar a la presentación, prohibió inmediatamente nuevos ingresos y al constituirse en el lugar constató todas las situaciones denunciadas por la CPM. Además se detectó un presunto caso de abuso sexual por parte de un operador. La víctima se había fugado del dispositivo.

El juzgado verificó que el modelo de intervención psicológica respondía a criterios propios de comunidades terapéuticas para adicciones y concluyó que el funcionamiento institucional “se aparta del paradigma de protección integral, reproduciendo lógicas punitivas, disciplinarias y adultocéntricas incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales vigentes” por lo que también hizo lugar a la medida cautelar solicitada “en tanto las condiciones constatadas configuran tratos incompatibles con la dignidad humana y el interés superior del niño”.

El planteo judicial de la CPM puso en evidencia un conjunto de vulneraciones que afectan a niños y adolescentes que ya están bajo resguardo del Estado atravesados por historias previas de violencia, abandono y exclusión. Hay más de 4 mil niños y niñas alcanzados por medidas de abrigo y cerca del 80% se encuentran alojados en instituciones conveniadas, es decir, hogares no oficiales con controles estatales deficientes.