Entre 1976 y 1979 más de 250 víctimas del terrorismo de Estado permanecieron secuestradas en el CCD Pozo de Quilmes, alrededor de 70 eran mujeres. Las fuerzas armadas desplegaron contra ellas un repertorio específico de represión, por haberse atrevido a transgredir los mandatos sociales y  patriarcales del sistema. Así, por ejemplo, la violencia contra las embarazadas encerraba también un precepto moral: eran subversivas y como tal no poseían cualidades morales para su crianza. Desde la creación del sitio de memoria en 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto con el equipo de trabajo del sitio, investiga la historia del lugar y de sus víctimas; a 44 años del golpe de Estado, compartimos una pequeña muestra de ese trabajo: cómo fue ser mujer y sobrevivir al Pozo.

ANDAR en Quilmes

(Agencia Andar) Casi todos los testimonios de sobrevivientes recuerdan haber entrado al Pozo de Quilmes por el garaje de un edificio de tres pisos: la zona de calabozos de la Brigada de Investigaciones. También recuerdan subir por una escalera caracol que, en algún momento después de 1979, fue ocultada para que las víctimas no lograran reconocer el lugar.

En 1984, cuando fue la inspección de la CONADEP, el perito arquitecto encontró esa vieja construcción ingresando desde la otra parte del edificio, el chalet de la esquina de Allison Bell y Garibaldi. Hasta marzo de 2017, cuando se creó el sitio de memoria, el lugar siguió alojando a personas detenidas.

Tras la sanción de la ley, el edificio fue transferido a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un proceso que empezó ese mismo año con la desafectación del sector calabozos y terminó hace pocas semanas con la entrega de las llaves del chalet. Durante este tiempo, el equipo de investigación de la CPM junto al equipo de trabajo del sitio comenzó a recolectar información oficial, judicial y entrevistas a sobrevivientes para reconstruir la historia del lugar.

Tras el golpe de Estado de 1976, varias dependencias policiales funcionaron como centros clandestinos de detención, entre ellas la Brigada de Investigaciones. En los juicios por la verdad, el comisario Lucas Gumersindo Belich, a cargo de la Brigada entre junio de 1976 y enero de 1977, afirmó que Miguel Etchecolatz ordenó reacomodar a los detenidos legales en otras comisarías ya que el lugar sería usado para alojar subversivos.

Si bien desde el segundo semestre de 1974, comienzan a llegar algunos detenidos ilegales —al menos 4 ese año y 35 durante el año siguiente—, es recién a partir de la dictadura militar cuando la Brigada funciona operativamente como un centro de detención de prisioneros y prisioneras políticas. Entre 1976 y 1979, más de 250 víctimas del terrorismo de Estado pasaron por el Pozo de Quilmes; durante los primeros meses, compartieron el encierro con presos legales.

De las más de 250 víctimas, alrededor de 70 eran mujeres y fueron alojadas por lo general en el segundo piso del edificio. Durante el cautiverio, a veces estuvieron solas, otras compartieron celdas con una compañera o más. Muchas de ellas permanecieron vendadas casi en todo momento y recién conocieron los rostros de sus compañeras largo tiempo después de haber sido liberadas.

Nora Ungaro llegó al Pozo de Quilmes el 3 de octubre de 1976, estuvo en la celda con Ana Diego, que continúa desaparecida. En una entrevista realizada por el equipo de investigación del sitio, cuenta que todo el tiempo estuvo con los ojos tapados: la cinta adhesiva le quedó pegada tanto tiempo que al quitársela la dejó sin cejas ni pestañas. Nunca más volvió a ser “pestañuda”, dice sobre esa marca. Nora Recuerda también que, como no podían verse, se iban buscando con el cuerpo para ponerse cabeza con cabeza y así poder hablar en voz baja y cantar canciones de la guerra civil española para darse ánimo.

Sobre las secuestradas, el terrorismo de Estado desplegó una violencia específica por su condición de mujeres y madres. Esta mirada comenzó a ser incorporada en los últimos años en el escenario judicial y también en el plano de los relatos propios: fue una violencia que, por mucho tiempo, estuvo silenciada o, en el caso de la justicia, oculta bajo la figura de tormentos, o a lo sumo tormentos agravados. “El trato fue terrible porque te tienen que destruir, te tienen que destruir. Entonces ¿con qué destruís a una mujer si no es vulnerar su físico, su cuerpo?”, sintetiza Nora.

Si bien desde el año 2000 la Corte Penal Internacional incluye dentro de la definición de “lesa humanidad” a “toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable (…) cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, en la Argentina esta perspectiva fue incorporada recién diez años después.

En junio de 2010, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a reclusión perpetua a Gregorio Molina por violación y violación en grado de tentativa; el Tribunal consideró por primera vez que eran delitos de lesa humanidad y “que los tormentos padecidos por las mujeres eran específicos y dirigidos contra ellas por su condición de mujer, en una clara intencionalidad discriminatoria”.

Madres subversivas

Según el informe nacional sobre desaparición de personas, el 33% del total de las personas desaparecidas eran mujeres; de ellas, el 10% estaban embarazadas y eran menores de 30 años. A la par como resultado del plan sistemático para la sustracción de bebés, fueron apropiados alrededor de 500 niños y niñas.

Las embarazadas sufrían la afectación de los embarazos, de modo deliberado o producto del encierro y la tortura. Cuando llegaba el momento del parto la situación no era mejor: sin asistencia profesional, atadas o tiradas en cualquier parte,  condenadas a la incertidumbre y a la separación de hijas e hijos.

Durante esos años, siete mujeres embarazadas pasaron por el Pozo de Quilmes; una de ellas, Marta Enrique, perdió su embarazo en el cautiverio. En los juicios por la verdad, Walter Docters declaró recordar que ella estaba detenida y que “tuvo pérdidas o algún tipo de inconvenientes, pidió ver un médico. La hicieron esperar más de un día, después vino el supuesto médico, la entrevistó y la revisó muy por arriba y le preguntó si estaba embarazada, y ella le contestó que sí y este señor dijo: ‘macanudo, te felicito’. Esa fue toda la atención que le dio”.

Ese doctor era el médico policial Jorge Antonio Bergés, condenado a 25 años de prisión en la megacausa “Circuito Camps” por privación ilegítima de la libertad y torturas. Y condenado anteriormente en otra causa por su participación en partos de prisioneras políticas y la apropiación de al menos una recién nacida.

La violencia en los centros clandestinos de detención no era solo física, era también psicológica y moral. Los represores las descalificaban en su condición de mujeres y en su capacidad para ejercer la maternidad. La carga negativa sobre la militancia política servía como justificación para la apropiación de sus hijos e hijas: eran subversivas y como tal no poseían cualidades morales para su crianza. Esa misma violencia continuaba sobre los hijos e hijas, a quienes se les negó su familia biológica y su identidad.

Además de Marta Enrique, que perdió su embarazo antes de recuperar la libertad. Otras seis mujeres embarazadas estuvieron en el CCD: Charo Moreno fue liberada tras un período de cárcel legal y su hijo nació en cautiverio; Sonia Iwasyn, liberada antes del nacimiento de  su hijo; Gladys Beluardi fue legalizada y su hija nació en el penal de Olmos; Eva del Jesús Agüero y su bebé se encuentran desaparecidos, lo mismo ocurre con Silvia Isabella Vallenzi y su hija Rosita nacida en el Hospital Iriarte de Quilmes; María Asunción Artigas está desaparecida, su hija nacida en cautiverio, recuperó su identidad en 1988.

Otras cuatro mujeres fueron llevadas al Pozo de Quilmes luego de haber dado a luz en otros CCD y de ser separadas de sus bebes, las cuatro están desaparecidas: Aida Sanz, Stella Maris Montesano, Yolanda Casco y Gladys Pujol.

Las historias de María Asunción Artigas, Aida Sanz y Yolanda Casco fueron parte de la emblemática causa conocida como “Plan sistemático de apropiación de menores”, que se inició en diciembre de 1996 a partir de una denuncia presentada por Abuelas de Plaza de Mayo y, recién 15 años después, comenzó el juicio oral y público. En el año 2012 se dictó la sentencia contra nueve represores por 35 casos de apropiaciones de niños y niñas nacidas en cautiverio.

María, Aida y Yolanda son uruguayas y fueron víctimas del plan Cóndor. Las tres madres desaparecidas dieron a luz en la maternidad que funcionó en el CCD Pozo de Banfield: María Victoria Artigas, la hija de María, nació el 25 de agosto de 1978 y fue restituida a su familia biológica en 1988. Aída dio a luz a su hija el 27 de diciembre de 1977; Carmen Sanz recuperó su identidad en 1999. Carlos D’Elia Casco nació el 26 de enero de 1978, recuperó su verdadera identidad 20 años después y un tiempo más tarde se presentó como querellante en las causas por los crímenes de lesa humanidad en el Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.

Las causas Nº 737, 605 y 3399 fueron unificadas para la instancia del juicio oral y público que comenzará el próximo 5 de mayo. El expediente judicial tiene 385 víctimas y más 20 imputados. Y tiene, lamentablemente, muchas otras víctimas que murieron sin justicia y muchos otros represores que murieron en la impunidad.