En menos de una semana, el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino y la Cámara de Apelaciones rechazaron el pedido de recusación planteada por los policías imputados por la masacre de la comisaría 1ª donde, el 2 de marzo de 2017, murieron siete jóvenes. La decisión de la justicia significa un nuevo revés para la defensa que, en todo momento, intentó desprestigiar la investigación judicial y dilatar los tiempos procesales. Con la resolución de estos incidentes, sólo queda fijar la fecha de inicio del juicio oral y público.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes murieron quemados y asfixiados en la comisaría 1ª de Pergamino. Desde el primer momento la investigación se volcó sobre la responsabilidad de los policías que estaban de servicio esa tarde. Frente a la verdad que surgía de las pruebas en el expediente, la defensa de los imputados sólo buscó desprestigiar la investigación con maniobras de entorpecimiento y estrategias dilatorias del proceso judicial.

La última de esas tácticas fue el pedido de recusación de los magistrados que tienen que juzgar estos delitos. El abogado Gonzalo Alba, que representa a cinco de los seis policías imputados, había denunciado la parcialidad de los jueces. Antes lo habían hecho con el fiscal Nelson Mastorchio y el juez de Garantías César Solazzi. Todas estrategias que no sólo buscan retrasar el inicio del juicio sino que, al mismo tiempo, buscan horadar su legitimidad. De hecho, el abogado defensor llegó a denunciar un pacto de encubrimiento que involucraba a todo el poder judicial de Pergamino.

La respuesta de la justicia fue inmediata: en menos de una semana, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 rechazó la recusación y la Cámara de Apelaciones confirmó esa decisión. En ambos casos, los magistrados sostuvieron que no existe parcialidad con ninguna de las partes y que, por el contrario, el apartamiento del TOC 1 de la causa sería violar el principio del juez natural. En su resolución, la Cámara advirtió que la presentación de la defensa es “genérica, imprecisa y auto-contradictoria” y que no se presenta ninguna prueba que justifique la recusación.

“Nuestra lucha era desigual; estamos denunciando a toda una corporación, una familia, que tiene herramientas y estrategias para encubrirse y garantizarse la impunidad”, había advertido Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, uno de los siete jóvenes muertos.

En contraposición a las estrategias de la defensa, las pericias y declaraciones testimoniales de las personas que estaban detenidas en otro calabozo son contundentes: los policías que estaban en la dependencia no hicieron nada para prevenir la expansión del fuego que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia.

Los policías Carolina Guevara, Alexis Eva, Sergio Rodas, Matías Giullieti, Brian Carrizo y el comisario Alberto Donza, que estuvo prófugo durante 14 meses, están imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte con multiplicidad de víctimas. Sólo dos esperan el juicio en prisión, el resto se encuentra con arresto domiciliario.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones, el TOC N 1 debe fijar la fecha de inicio del juicio que se realizará este año. Recientemente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a cuatro de las siete familias víctimas, pidió que el debate oral y público se realice en el Concejo Deliberante para garantizar la publicidad del mismo y permitir que toda la sociedad de Pergamino conozca la verdad. Y que las familias tengan una reparación que haga algo de justicia.