Ante el reciente procesamiento del fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello, dictado por el Juzgado Federal 2 de San Martín, en el que se investiga su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y organismos de derechos humanos reiteraron el pedido de apertura del juicio político en su contra. Este jueves, el tribunal de enjuiciamiento de la Provincia se reunirá para expedirse frente a esta solicitud. Si decide abrir el proceso, Fernández Garello deberá ser suspendido inmediatamente en sus funciones, según lo establece la ley 13.661.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) Hace 3 años la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la justicia documentos de la DIPPBA que prueban la participación de Fabián Uriel Fernández Garello en crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1978 y 1981. Desde entonces, junto a otros organismos de derechos humanos, la CPM ha intentado avanzar en el proceso penal y el juicio político. Pese a la presentación de documentos incontrastables que constituyen sólidas pruebas, en noviembre de 2017 el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió archivar el pedido de jury sin abrir una investigación.

Mañana el mismo jurado deberá evaluar nuevamente la situación de Fernández Garello y decidir si abre un juicio de destitución contra el actual fiscal general de Mar del Plata. A diferencia de la vez anterior, ahora el fiscal se encuentra procesado por la jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal 2 de San Martín, en una causa por delitos de lesa humanidad. Este es el principal elemento de la nueva presentación realizada. La CPM en conjunto con otros organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales, además de la documentación ya presentada enfatiza en el carácter de “imputado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad”.

La primera presentación de la CPM para el juicio político había ocurrido a fines de 2016, con la revelación de documentos de la DIPPBA que muestran su participación orgánica en esta agencia de inteligencia durante la última dictadura. Sin embargo, antes de finalizar el 2017 el jurado de enjuiciamiento decidió rechazar la iniciativa y mandar el expediente a archivo tras considerar que “este Cuerpo no ha recibido, hasta el momento, comunicación alguna en los términos de las normas de enjuiciamiento antes mencionadas, por lo que se encuentra ausente el presupuesto que viabiliza su actuación”.

Allí se refería a que Garello no estaba procesado en una causa en base a “delitos ajenos a la función”, de acuerdo al artículo 19 de la ley 13.661, en los que se pretendía fundar su destitución. Es precisamente esta cuestión la que se modificó en abril de 2019 cuando la jueza Vence procesó a Fernández Garello y a otros imputados por considerarlos partícipes necesarios de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos a tres víctimas que integraban el Partido Comunista Argentino.

“Es por ello, que atento al hecho sobreviniente que implica el procesamiento por la justicia federal que recae sobre Fernández Garello, solicitamos que esa Secretaría disponga el desarchivo del expediente SJ 376/16 caratulados ‘FERNANDEZ GARELLO Fabián, Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata s/ COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA y Otros- Denuncia’”, afirma la segunda presentación ante el jurado de enjuiciamiento realizada por la CPM y otros organismos, y que diera lugar a la audiencia de mañana jueves.

Si el jurado decidiera mañana abrir el proceso de enjuiciamiento, deberá suspender automáticamente al fiscal en sus funciones tal como lo establece la ley 13.661.

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aportados a fines de 2016 revelan que Fernández Garello se desempeñó como oficial de Inteligencia con el rango de subinspector de la DIPPBA, incluso con personal a su cargo, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de estado.

Fernández Garello está imputado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Se lo investiga por la detención de tres militantes del Partido Comunista, ocurrida el 23 de julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.