La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) presentó su informe anual “El Sistema de la Crueldad XVII” con datos sobre la política criminal que surgen de las tareas de control y monitoreo que lleva adelante como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. A pesar de algunos avances importantes en materia de salud mental, el pronunciado descenso de la letalidad policial y de las aprehensiones policiales, el diagnóstico confirma una vez más la necesidad de una transformación profunda de una política criminal que tiene más de 20 años y produce graves violaciones a los derechos humanos: persiste la sobrepoblación, el hacinamiento y la tortura sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las policías en los territorios, produciendo muertes, la mayoría evitables. A 40 años del retorno de la democracia, todos los poderes del Estado y fuerzas políticas deben comprometerse en la construcción de una política criminal que respete los derechos humanos y garantice la seguridad de todos y todas. No es con mayor violencia estatal que se resuelve el problema de la “inseguridad ciudadana”, es con más igualdad, inclusión social, más derechos y oportunidades para todas las personas.

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(CPM) “La comisión tiene la responsabilidad de informar a la sociedad y las autoridades sobre la situación de las personas que están en el encierro o son víctimas de la violencia estatal. Esto debe ser parte de la reflexión de los 40 años de democracia, porque democracia y derechos humanos son valores indivisibles; si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita”, expresó el presidente de la CPM y Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel durante la presentación del informe anual 2023 El sistema de la Crueldad XVII.

El informe es el resultado del trabajo desplegado por la CPM durante el 2022 en el territorio bonaerense, en cumplimiento de sus obligaciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conforme lo establece la ley nacional 26.687. Y es un diagnóstico, con datos consolidados, fiables y públicos, de la política criminal, penitenciaria, de seguridad, niñez, salud mental y justicia que pretende ser un aporte para revertir las graves violaciones de derechos humanos que este organismo releva año tras año. “Este informe debe representar un punto de alerta y un insumo básico para transformar la política pública referida al área de seguridad”, agregó la co-presidenta de la CPM Dora Barrancos.

El año pasado los equipos técnicos de la CPM realizaron 803 inspecciones a lugares de encierro; 38.571 entrevistas y comunicaciones con personas detenidas o con sus familiares; 26.183 presentaciones judiciales, entre otras. Además, se realizaron 134 denuncias por corrupción penitenciaria y policial, y se relevaron 982 prácticas policiales ilegales y se intervino por 590 víctimas en 160 localidades, que derivaron en 1.968 presentaciones ante la justicia. Todo esto en articulación con las seis delegaciones que funcionan en distintas regiones de la provincia y las 11 organizaciones de familiares y ex-detenidos/as que conforman la red Punto Denuncia Tortura; dos iniciativas de la CPM que permitieron fortalecer y mejorar la capacidad de recepción de denuncias y asistencia a las víctimas.

Los dibujos e ilustraciones del Informe fueron realizados por integrantes de la editorial Cuenteros, verseros y poetas del Pabellón 4 de la UP 23 de Florencio Varela

Sobre la base de este trabajo, el presente Informe confirma la continuidad de una política criminal que una vez más se expresa en el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización. La cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022, lo que elevó la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes. Mientras que la población de la provincia de Buenos Aires creció un 11% en los últimos 10 años, la cantidad de personas detenidas aumentó un 93%.

A pesar de este contexto, un dato del 2022 resulta positivo: el crecimiento interanual de la tasa de encarcelamiento fue del 3%, el más bajo desde 2015. Sin embargo, como se dijo, este hecho no logra revertir el aumento sostenido de la población detenida.

En un sistema colapsado que no logra revertir sus tendencia desfavorable, la sobrepoblación y el hacinamiento son su principal característica. La sobrepoblación en cárceles durante el 2022 alcanzó el 109% mientras que en comisarías fue del 232%. La actual gestión de gobierno bonaerense, como todas las anteriores, insistió con la construcción de nuevas plazas penitenciarias como respuesta. El problema, a la luz de la experiencia histórica, es que a cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas: entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas. Construir más cárceles no mejora las condiciones de detención sino que por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación siempre supera la capacidad.

El encierro generalizado y la falta de acceso a medidas morigeratorias explican esta situación. A diciembre de 2022, el 51% de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense estaba procesada sin condena firme. La prisión preventiva se aplica, a su vez, de manera diferenciada para mujeres y personas travestis y trans: el caso de hombres el porcentaje es del 50%, en mujeres cis del 57% y en trans y travestis del 82%. En el extremo opuesto, los juzgados de ejecución penal bonaerense rechazaron 8 de cada 10 medidas de morigeración de la pena: la famosa “puerta giratoria” no existe.

La sobrepoblación produce hacinamiento y condiciones inhumanas, y es común que las personas detenidas no tengan acceso a derechos básicos, como la salud o alimentación. En ese contexto, la tortura se sigue aplicando de manera sistemática en los lugares de encierro como técnica de control de la población detenida. Durante 2020, la CPM relevó 45.004 vulneraciones a los derechos humanos, que incluye 32.023 hechos de torturas y/o malos tratos.

La falta de acceso a la justicia y de asistencia a la salud son las prácticas más denunciadas; durante el 2022 murieron 244 personas detenidas en cárceles, alcaidías o con monitoreo electrónico. Una vez más, los problemas de salud fueron la principal causa de muerte, el 86% del total. Como venimos insistiendo en los distintos informes, las falencias sanitarias en el encierro producen y/o empeoran enfermedades que pueden llevar a la muerte o a problemas permanentes de la salud. A pesar de la crítica situación, los retirados pedidos realizados para este organismo para que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud, y se integre a las políticas públicas de esta cartera, siguen siendo desoídos.

En el fuero de responsabilidad penal juvenil se observan situaciones similares, el aislamiento y la restricción de derechos se aplican como modo de control de estas poblaciones y constituyen hechos graves de torturas. El proceso de carcelización de estos espacios terminan por desvirtuar la especialidad del régimen juvenil. En esa dinámica, la orden de privación de libertad en instituciones de régimen cerrado se constituyó en la principal medida judicial y al mismo tiempo, sigue aumentando la cantidad de jóvenes detenidos en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El último dato que tampoco puede pasar desapercibido: la corrupción es una práctica sistemática y estructural en el sistema penal que produce aún más padecimiento en sus víctimas. Con la iniciativa o connivencia de funcionarios penitenciarios, se comercializan espacios y bienes como el ingreso a un pabellón o, incluso, hasta el colchón donde dormir. También se denunciaron hechos de narcocriminalidad y extorsión, entre otras prácticas policiales de corrupción.

En el ámbito de las políticas de seguridad se observan algunos índices positivos. Por un lado, hubo un pronunciado descenso de la letalidad policial, los casos de muertes producidas por personal de las fuerzas de seguridad pasaron de 130 en 2021 a 90 en el último año. Por el otro, se registró también una disminución de las aprehensiones policiales que entre 2021 y 2022 pasaron de a 230.101 a 222.145.

A pesar de este descenso, el dato preocupante es que el 83% del total de aprehensiones no estuvieron vinculadas a la comisión de delitos, es decir fueron aprehensiones arbitrarias que no tienen que ver con la persecución del delito, sino con el control policial de los territorios. De esta manera, la policía administra y controla los mercados ilegales y lo hace mediante el despliegue de múltiples prácticas de corrupción como la extorsión, liberación de zonas, el fraguado de causas, entre otras.

También hay que señalar el rol de la justicia que salvo honrosas excepciones, actúa como garante de la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el encierro o en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio: 9 de cada 10 causas abiertas por causas de violencia institucional se resuelven mediante el archivo o la desestimación.

Por otra parte, y tal como sostuvimos en informes anteriores, la actual gestión del gobierno bonaerense avanzó en la implementación de la ley nacional de salud mental; área donde se notan los mayores avances. A pesar que aún se sigue observando prácticas manicomiales y falta fortalecer los espacios comunitarios para garantizar la efectividad de las externaciones, la cantidad de personas alojadas en hospitales neuropsiquiátricos volvió a descender. También se destaca la elaboración de recursos, pautas y guías de abordajes en casos de salud mental y la presentación del Registro Único Provincia de Establecimientos de Salud, que contempla las instituciones habilitadas en el ámbito privado.

Esto último es un avance sustancial sobre un problema que la CPM venía denunciando en sus intervenciones: la falta de control y fiscalización de los establecimientos privados de salud mental para el tratamiento de adicciones, las llamadas comunidades terapéuticas.

Sin embargo tenemos que expresar la preocupación porque las unidades penitenciarias neuropsiquiátricas N° 34 y 45 del SPB, no fueron fueron contempladas ni incluidas en el plan provincial sexagenal para la adecuación a los preceptos de la ley nacional de salud mental.

Como se evidencia en este informe, los avances puntuales señalados no logran revertir la grave crisis del estado penal en Buenos Aires. Para revertir esta tendencia y las graves violaciones a los derechos humanos que aún persisten, es necesario modificar la dirección de la política criminal y abandonar el paradigma punitivista que se asienta en la matriz ideológica de la mano dura. Esta política ha sido sostenida de manera invariable por todos los gobiernos bonaerenses desde 1999 hasta la fecha.

Una política policial y judicial de no investigar las redes delictivas -que en muchos casos funcionan con la connivencia de funcionarios policiales y judiciales- pero si perseguir y encerrar a los eslabones más débiles o menos complejos del delito. Por eso las cárceles están llenas de pobres, por eso decimos que esta política criminal es una política de control de las poblaciones excluidas, principalmente jóvenes pobres.

Desde la CPM venimos reclamando desde hace muchos años el efectivo cumplimiento de tres leyes -votadas hace más de 10 años y con un amplio consenso político- que permitirían dar pasos decisivos para la transformación de esta política criminal: la creación de la policía judicial para desplazar de las investigaciones a la Policía Bonaerense que hoy oficia de instructora; la autonomía de la Defensa Pública y la creación de fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional. De estas ultimas, actualmente sólo existen 3 fiscalías y 5 ayudantías fiscales que abarcan 6 de 20 departamentos judiciales.

Un país que abandone el paradigma securitario, porque el actual sistema no sólo no resuelve los reclamos de seguridad de la sociedad sino que produce graves violaciones a los derechos humanos y consume buena parte de los recursos del Estado de manera ineficaz y onerosa. La mejor política de seguridad se consigue con políticas de inclusión y mayor igualdad: invertir en políticas sociales orientadas sobre todo a niñez y jóvenes fortalece la justicia social y sería útil para prevenir y luchar contra la violencia y el delito. Un país que incluya a todos y todas, que permita construir un proyecto vital pensando en el futuro. Este camino marcaría un cambio verdadero en la orientación de la política criminal.

La presentación puede verse en: https://www.youtube.com/live/rL3S3I9gxTQ?si=q8nTfboyL7ElZi0E
Y el informe completo consultarse en el siguiente link: https://www.comisionporlamemoria.org/informeanual2023/