En los últimos días la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata decidió habilitar la feria de enero para el tratamiento de una medida cautelar presentada por el Centro de exCombatientes de las Islas Malvinas. La acción busca frenar la derogación de la llamada Ley de Tierras –objetivo que persigue el artículo 154 del DNU 70/2023- ya que se habilitaría la extranjerización de la tierra y pondría en crisis la soberanía nacional. “Entendemos que la Libertad avanza debería llamarse ‘El colonialismo avanza’ y que asistimos a un plan sistemático de entrega”, destacó a ANDAR el abogado Jerónimo Guerrero Iraola desde el CECIM-La Plata.

ANDAR en la justicia

(Agencia) “La presente acción de amparo implica, desde el momento germinal, una preocupación actual, latente y tangible de indudable peso en el presente, más un sentido profundamente prospectivo. El CECIM teme por la vocación clara y manifiesta del Poder Ejecutivo Nacional de rifar la tierra, de derogar un plexo normativo edificado en miras de defender la soberanía nacional, de garantizar la accesibilidad de la tierra, al hábitat, a la alimentación, al agua y a los bienes naturales”, destaca la acción que ahora, por decisión de la Cámara Federal de La Plata, deberá ser tratada antes de la finalización del mes.

En efecto, se trata de una nueva medida cautelar que, en distintos puntos del país y por distintas temáticas, la justicia federal asume para su tratamiento durante la feria judicial en vistas de la gravedad y profundidad de los cambios, reformas y derogaciones que prevé el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“El artículo 154 del decreto mencionado deroga una ley imprescindible, debatida y votada en el seno del Congreso de la Nación (la Ley de Tierras, promulgada en 2011 con el voto afirmativo de 62 de 63 senadores presentes en la sesión), quebrantando la voluntad del legislador, amén de pisotear la Constitución Nacional y el principio de división de poderes en ella contemplado”, amplía el recurso del CECIM.

Desde el centro de excombatientes aclaran que todos los extremos impulsados por el mega DNU violentan la institucionalidad democrática desde que se vulneran los artículos 1° de la Constitucional Nacional en torno al funcionamiento republicano del Estado y el 29 que prohíbe la arrogación de facultades extraordinarias en cabeza del Poder Ejecutivo.

En diálogo con ANDAR, el abogado del CECIM-La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, manifestó que “el decreto 70/2023 es nulo de nulidad insanable. No obstante eso, nos preocupa de sobremanera lo previsto en el artículo 154 del DNU que impulsa la derogación de la llamada Ley de Tierras”.

“La política pública relativa al uso y disposición del territorio nacional debe ser debatida debidamente en el Congreso, y además se debe velar por la protección de los principios de integridad territorial. El poder ejecutivo no puede disponer unilateralmente y por medio de un mecanismo no idóneo la posibilidad de la extranjerización de la tierra”, amplió.

Además juzgó como una “tragedia” las modificaciones y reformas sobre otros temas como aquellos contenidos en la Ley de Bosques, en la Ley de Glaciares y la de Control de Quemas. “Entendemos que la Libertad Avanza debería llamarse ‘el colonialismo avanza’, y que estamos ante un plan sistemático de entrega de la soberanía, por lo que la justicia debe frenar esta afrenta inconstitucional#, concluyó.

Cabe aclarar que en el petitorio de la medida cautelar que ahora deberá resolver la justicia federal se solicita con carácter urgente que se  imposibilite “la concreción de actos jurídicos que se perpetren en función del artículo 154 del decreto 70/2023 impugnado de inconstitucionalidad absoluta y manifiesta, a fin de no afectar derechos de particulares y particularmente por tratarse  de materia de gravedad institucional.