Luego de relevar condiciones inhumanas de detención en la Unidad N° 2 de Sierra Chica, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un Habeas corpus colectivo, que fue resuelto favorablemente por el Juzgado Correccional N 1 de Azul el pasado 7 de junio. El fallo fue consentido por el Estado provincial y se encuentra firme. No obstante, en el marco del control de cumplimiento de la sentencia, los directivos de la cárcel presentaron un informe donde niegan las denuncias y presentan una situación ideal afirmando que se brindan cuatro comidas al día, no hay aislamiento mayor a 15 días y la atención sanitaria se cumple. El aislamiento extremo durante varios meses en condiciones inhumanas sigue siendo una práctica habitual registrada en esta y otras cárceles provinciales pese a la negación penitenciaria, así como también la escasa o deficiente alimentación. La nula atención sanitaria integral, que provoca muertes evitables por enfermedades no asistidas, es también un hecho que se reitera en los últimos años.

ANDAR en Sierra Chica  

(Agencia Andar) En el marco del habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), luego de constatar el agravamiento de las condiciones de detención de las personas detenidas en los pabellones 11 B y el sector de Separación de Área de Convivencia (SAC) de la cárcel de Sierra Chica, el mes pasado el juez Aníbal Álvarez ordenó hacer cesar las medidas de aislamiento extremo por periodos mayores previstos a la ley y dispuso una extensa serie de medidas para la reparación y mantenimiento de los mismos. También dispuso medidas para los sectores de cocina y sanidad.

La sentencia del Juzgado en lo correccional N° 1 de Azul reconocía y acreditaba las denuncias de la CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, relevadas tras varias inspecciones a la unidad penitenciaria realizadas este año. Durante una nueva inspección en mayo, se incorporó a la causa un informe que confirmaba y ampliaba las graves condiciones de detención relevadas.

Las personas alojadas en el pabellón 11 B y SAC se encontraban sometidas a regímenes de entre 23 y 24 horas de encierro extremo, sin salidas a patio, en muchos casos en períodos de varios meses en el primero de los pabellones mencionados, y en algunos casos sin comunicación telefónica ni contacto con el mundo exterior. Sobre el estado edilicio, se relevó que las celdas eran húmedas y frías, con techos y paredes rotas, letrinas tapadas e instalaciones sanitarias obsoletas, falta de ventilación y luz natural, condiciones eléctricas precarias, colchones en mal estado, serios problemas en la provisión de agua potable y en el acceso a duchas. A esto se agregaba que varias personas requerían de asistencia médica y psicológica sin recibirla,  producto de la escasez o hasta inexistencia de insumos médicos sumado o la falta de recursos humanos en Sanidad.

En mayo, con el habeas corpus en trámite, la CPM y la Defensoría General de Azul realizaron una nueva inspección conjunta y se incorporó a la causa un informe que confirmaba y ampliaba las graves condiciones de detención relevadas anteriormente y que motivaron la preentación.

Más aún, los funcionarios penitenciarios de la unidad de Sierra Chica que participaron de la audiencia judicial reconocieron la existencia de estos hechos.

En el marco del control de cumplimiento de la sentencia, la Dirección de la Unidad Penitenciaria presentó un informe general sobre el estado de avance de algunas de las obras ordenadas por la justicia. Entre ellas, el informe señala la reparación del sistema de calefacción y la red de agua potable, los cerramientos de ventanas y el acondicionamiento de las letrinas e instalaciones sanitarias.

Sin embargo, otros puntos de la sentencia no sólo fueron ignorados por la Jefatura del SPB sino que negaron las denuncias realizadas por la CPM, corroboradas en las inspecciones –del organismo y de funcionarios judiciales– y por las personas detenidas que participaron de la audiencia de habeas corpus, y finalmente acreditadas por el juez al momento de la sentencia.

Cabe destacar que, en el trámite de un habeas corpus, la audiencia es el momento procesal donde tenían la oportunidad de rebatir las afirmaciones de los denunciantes; sin embargo, sólo estuvo presente el Jefe de Sanidad de la Unidad, ningún funcionario penitenciario ni ministerial participó de la audiencia judicial.

Sobre los regímenes de aislamiento extremo de ambos pabellones y la provisión de alimentos, el informe da cuenta de una realidad inexistente afirmando que: “Se hace saber que en ningún caso es posible de creer que una persona en situación de encierro en el año 2021 pueda estar alojada en total y estricto aislamiento por 24 horas continuas, resulta difícil de explicar. Muy por el contrario con lo denunciado por la CPM, todas las personas alojadas en los pabellones mencionados cuentan con el acceso diario a una ducha caliente, acceso al patio de recreos, al menos una comunicación telefónica con sus familiares o allegados y entrevistas con el personal superior de la Unidad, entendiéndose por personal superior a Directivos, Jefe o Subjefes de la Sección Asistencia y Tratamiento. Tanto las actividades señaladas como las entrevistas se realizan a demanda de los interesados o por convocatoria del personal del SPB”.

El Pabellón 11 B continua con un régimen de aislamiento extremo durante varios meses. La CPM viene alertando desde hace años que este espacio fue cambiando la denominación: “Pabellón de prevención de Conductas Violentas”, “Pabellón para detenidos conflictivos” u otras, pero el régimen sigue siendo el mismo.

El informe del SPB también señala que el menú es “variado en carnes (vacuna o de ave), verduras, legumbres y/o alimentos secos (arroz o fideos), siendo suficiente en cantidad y calidad”. En la realidad, la alimentación es provista por las familias que deben hacer enormes esfuerzos para enviar alimentos a las personas detenidas, que de lo contrario padecen hambre.

Uno de las negaciones más llamativas tiene que ver con el acceso a sanidad de las personas detenidas, un problema que se evidencia no sólo en Sierra Chica sino en todas las cárceles del SPB. Año tras año, la principal causa de muerte en lugares de encierro es la completa desatención de la salud. Llama la atención, además, porque el informe desmiente los problemas reconocidos en cuanto a falta de insumos médicos y recursos humanos declarados por el Jefe de Sanidad de la cárcel de Sierra Chica durante la audiencia realizada en esta misma causa.

El informe, en cambio, dice: “Si bien no es resorte de esta instancia podemos dar cuenta que el Personal de Salud de la Unidad Sanitaria Nº 2 se encuentra apresto al pedido de atención medica por las personas alojadas en el Sector señalado, acudiendo de inmediato para atender las a cuestiones requeridas, sea en el lugar o de ser necesario conduciendo al paciente al consultorio de sala de atención o al nosocomio extramuros”. Es materialmente imposible que esto ocurra ya que en la Unidad 2 hay solo 2 médicos de guardia dos días a la semana, para atender no solo las más de 2.000 personas alojadas allí, sino también las urgencias de las unidades 38 y 27.

Los médicos han manifestado reiteradamente no estar en condiciones de dar respuestas adecuadas para la atención de todas las situaciones que se presentan. Por otro lado, la llegada a la atención sanitaria esta mediada por los agentes penitenciarios, lo que siempre la dilata o impide y los traslados a hospitales extramuros escasas veces se cumplen en tiempo y forma.

“Este informe de la Jefatura penitenciaria es difícil de entender porque, además, se aleja de la respuesta que el Ministerio de Justicia venía adoptando a la hora de cumplir con sentencias similares en otras unidades penitenciarias de la Provincia. En el caso, el SPB vuelve a viejas prácticas de negación de la realidad y acusación a quienes intentan visibilizarla. No es negando que la realidad cambia, sino con políticas efectivas con perspectiva de derechos humanos”, señalaron desde la CPM.

“La Comisión realiza inspecciones desde hace más de 16 años, las denuncias realizadas no sólo han sido reconocidas por la justicia provincial y nacional, sino también por organismos internacionales de derechos humanos. Desconocer y negar estas denuncias, intentar desacreditar a quienes denuncian no es más que una estrategia para desviar la responsabilidad que tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense por las graves vulneraciones de derechos y las condiciones indignas en que se encuentran detenidas las personas bajo su custodia”, agregaron.