“El Faro tiene un doble valor histórico y simbólico porque sintetiza todo lo que fue el sistema represivo que desplegó la Marina y porque, a pesar de la fuerte represión que hubo en la zona, es el único sitio de memoria en Mar del Plata”, explica Yamila Zavala Rodríguez, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Recién en 2014, el predio fue señalizado como sitio de memoria y permitió romper con años de silencio y abandono. En ese momento, el gobierno municipal reclamó unos terrenos linderos al faro que se presumen pueden haber sido parte del CCD y que estaban ocupados por un ex militar, vinculado con el terrorismo de Estado. Dos años después, ese desalojo todavía no se cumplió.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) Los centros clandestinos de detención fueron espacios del horror, de la tortura y desaparición de miles de ciudadanos, una síntesis de todo el andamiaje represivo que se desplegó desde el Estado. “Recuperar hoy esos espacios como lugares de referencia para la defensa y promoción de los derechos humanos es fundamental y es el resultado de una larga militancia de las víctimas del terrorismo y de los organismos de derechos humanos”, expresó la abogada querellante en delitos de lesa humanidad e integrante de la CPM, Yamila Zavala Rodríguez.

“En Mar del Plata hubo centenares de desaparecidos pero, a pesar de la fuerte represión que existió en la zona, sólo existe un centro clandestino abierto al público como sitio de memoria”, agrega Zavala Rodríguez. El predio de 15 hectáreas donde está apostado el faro de Punta Mogotes pertenece al Ministerio de Defensa; durante la última dictadura cívico-militar, se emplazó la Escuela de Suboficiales de la Marina (ESIM), que funcionó como centro clandestino de detención y, al mismo tiempo, como un establecimiento de adoctrinamiento para ingresantes de la Infantería de Marina.

“Ese espacio se recuperó colectivamente, fueron los organismos de derechos humanos los que disputaron el territorio hasta que, en 2013, tomamos la posesión del lugar”, relata Ana Pecoraro, actual coordinadora del sitio de memoria El Faro. “Para la ciudad de Mar del Plata tuvo un gran impacto. Es una sociedad que, si se tiene en cuenta su población, tuvo la tercera o cuarta tasa más alta de desaparecidos. Este espacio sirvió para visibilizar las violaciones a los derechos humanos en la ciudad pero, además, la posibilidad de recorrer este lugar, conocer el edificio genera en el que lo visita una respuesta muy emotiva. Y, por otra parte, muchas personas que jamás han declarado, se acercan y dan testimonio en el espacio. Creo que, abrir el sitio a la comunidad, nos permite trabajar con la memoria colectiva».

Ese desafío de reparación histórica, sin embargo, está sometido a tensiones y conflictos que, todavía hoy, no se solucionaron. Cuando el ESIM se retiró del lugar, el Ministerio de Defensa cedió algunas hectáreas al municipio de General Pueyrredón que, a su vez, le entregó las tierras a un suboficial retirado, Augusto Menecier, que estuvo en tareas durante los años que funcionó en El Faro el CCD. «El ex-marino puso un camping pero, mayormente, el terreno no tiene movimiento. Si bien es un emprendimiento privado, sabemos que no paga concesión y no está claro cómo es el acuerdo por el que tomó posesión del predio», explica Pecoraro.

Luego de ser reconocido por la Red federal de sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la firma del convenio que les otorgaba la posesión del faro y el espacio que lo rodea, el municipio exige el desalojo del predio pero el ex-marino, hasta hoy, se niega a dejarlo. «En su momento, para no ser desalojado, adujo que allí funcionaba una asociación civil pero eso nunca se comprobó», comenta la coordinadora del sitio. Las 15 hectáreas que conforman el predio son muy codiciadas por el mercado inmobiliario y turístico; a pesar de la presión económica que pueden ejercer algunos sectores, Pecoraro está convencida que los organismos de derechos humanos y la comunidad en general tienen que defender ese espacio como parte de la defensa del espacio público: «Es un terreno municipal y nos parece de suma importancia no sólo sostener el sitio de memoria sino también poder abrir todo el predio a la sociedad como un área de cultura y educación».

Además de los conflictos por la ocupación de las tierras, desde la asunción del nuevo gobierno nacional, el sitio está trabajando sin presupuesto y las actividades se sostienen gracias a las organizaciones que forman parte del Colectivo Faro de la Memoria. La semana que viene está previsto que los trabajadores del sitio se reúnan con los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. «Me parece que es una oportunidad para conocer qué espera esta gestión del sitio de memoria y también es una oportunidad para defender lo que venimos realizando y pensar estrategias de fortalecimiento del espacio; en ese sentido, me parece fundamental contar con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de los organismos de derechos humanos, como Abuelas y la Comisión Provincial por la Memoria».

La lucha por recuperar El Faro como sitio de memoria

Desde el retorno de la democracia, los juicios contra los genocidas y la recuperación y puesta en valor de los sitios de memoria se constituyeron en dos pilares de las políticas reparatorias. Recién en 2014, y tras un pedido de la fiscalía federal, la comunidad marplatense logró la señalización y preservación de El Faro. Durante todo ese tiempo, la Armada siguió teniendo la posesión del terreno y lo destinó a la explotación turística e inmobiliaria. Todavía hoy, el predio está ocupado por instalaciones de Hidrografía Naval.

A partir del testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado se reconstruyó el funcionamiento y arquitectura del centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de la Marina (ESIM). El ESIM tuvo dos áreas que fueron utilizadas como lugares de detención y tortura: la sala de comunicaciones y un espacio subterráneo cerca del mar, conocido como “El Pozo”, que desde 1990 fue ocupado por un acuario y luego por un parque infantil.

“La sala de comunicaciones funcionó en un chalet dentro del terreno, que permanece intacto. Pero la construcción del acuario sobre la zona de los polvorines, donde estaban las celdas de El Pozo, eliminó la vieja infraestructura, sin embargo, nuestro reclamo también incluye la recuperación de ese espacio para realizar peritajes que nos permitan dar con los restos de aquella construcción”, aclara Ana Pecoraro.

En 2013, acompañando el pedido para la “inmediata preservación del espacio”, la fiscalía había dicho: “aún se mantiene incólume, descuidado por el paso del tiempo y preserva los signos del horror”. Su reconstrucción como un sitio de memoria, permitió poner en valor el predio y promover una política de memoria respetuosa de los derechos humanos.

A partir de la gestión de las instalaciones por parte de organizaciones sociales y culturales, nucleadas en el Colectivo Faro de la Memoria, el sitio recibe visitas de turistas, estudiantes, docentes y público general. “Allí funciona una sede del plan fines y el programa de almacenes culturales. Se realizan, además, presentaciones de libros, charlas y actividades de investigación”, enumeró la coordinadora del sitio. Y agregó: “A medida que va creciendo, la sociedad cada vez nos demanda más y nosotros, como podemos, seguimos potenciando el espacio con nuevas actividades”.

“Ese lugar tan marcado por el terror se abre a la sociedad, disputa los sentidos en torno a la memoria y nuestra historia, y genera nuevos encuentros para la lucha y defensa de los derechos humanos”, cerró la integrante de la CPM, Yamila Zavala Rodríguez.

La recuperación de estos espacios fortalece las políticas de memoria y, al mismo tiempo, garantiza la reparación histórica y simbólica de los que sufrieron el terrorismo de Estado. Cualquier acción o práctica que atente contra su funcionamiento vulnera el derecho a la memoria que la sociedad en su conjunto ha sabido conquistar en las calles, en los tribunales y en el territorio.