Varios años después del pedido de elevación a juicio, se designó al Tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield. La CPM aportó documentación probatoria del fondo documental DIPPBA.

ANDAR en la Justicia

(Agencia Andar) El Ministerio Público Fiscal había solicitado -en 2014 y 2015, respectivamente- la elevación a juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield. Varios años después, se designó al Tribunal para juzgar a más de 20 imputados por delitos cometidos contra 389 víctimas.

“La venimos peleando desde hace años y este, en particular, era un juicio que se venía demorando mientras vemos como se nos pasan los años a nosotros, pero también como se le pasan los años a los represores”, señaló Rubén Shell, sobreviviente de la dictadura militar, que estuvo en cautiverio más de 100 días en el ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. “Creemos que todavía faltan muchos responsables, muchos torturadores, que no estarán en este juicio y que actuaron en los dos centros clandestinos pero llegar a esta instancia es importante. Es nuestra necesidad de justicia la que impulsa cada uno de estos juicios”, agrega Shell.

La designación del tribunal llega varios años después de que se haya solicitado la elevación a juicio de ambas causas que se unificaron para el debate oral. Desde el Consejo del sitio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos ex CCD Pozo de Quilmes, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) venía reclamando la conformación del Tribunal. En ese sentido, durante los últimos meses se habían realizado audiencias con el fiscal general de La Plata, Hernán Schapiro, quien había solicitado en 2014 la elevación a juicio por los crímenes cometidos en ese CCD y luego se reunió con el juez Pablo Vega del TOF 1 de la Plata.

Además de las audiencias con funcionarios judiciales, los reclamos para avanzar con el juicio también tuvieron su correlato en las calles marplatenses donde, junto a organismos de derechos humanos, estudiantes y vecinos, se realizaron manifestaciones en repudio a la domiciliaria del genocida Juan Miguel Wolk, uno de los imputados en la causa por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield.

En total, llegan a juicio unos 20 imputados por delitos cometidos contra casi 400 víctimas, entre ellas, hay varios casos de mujeres embarazadas y niñas y niños nacidos en cautiverio. Por su parte, entre los acusados están los civiles civiles Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense, su entonces secretario de Gobierno —luego, en democracia, juez federal— Juan María Torino y el ex médico policial Jorge Antonio Bergés.

Entre otros represores, integran la nómica de imputados el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y, como se mencionó, su mano derecha Juan Miguel Wolk. A pesar de estar condenado por otros hechos, Wolk está actualmente con arresto domiciliario en Mar del Plata. La designación del Tribunal llega, precisamente, luego de los múltiples reclamos y marchas que vienen organizando la agrupación Vecinos sin Genocidas y organismos de derechos humanos en la ciudad balnearia.

“La designación del tribunal llega en un momento de mucha movilización por parte de la sociedad repudiando la presencia de Wolk en nuestra ciudad. El viernes pasado, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, Vecinos sin Genocidas, la Federación Universitario Marplatense y el Frente de Estudiantes Secundarios de Mar del Plata realizamos una conferencia de prensa para proyectar un esquema de acción y movilización que interpele al sistema de justicia. Este avance es un logro de esta lucha”, expresó la integrante de la CPM, Yamila Zavala Rodríguez.

Antes de ser condenado, Juan Miguel Wolk estuvo prófugo de la justicia y hasta llegó a fraguar su muerte, siempre intento evadir la justicia. “Cada uno de estos juicios es importante no sólo por la condena a genocidas ya condenados como Wolk sino también porque en cada uno de estos procesos hay nuevos imputados. Y nuevas víctimas que necesitan reparación. A su vez, cada condena fortalece el proceso de memoria, verdad y justicia como ese umbral de tolerancia de la democracia que no estamos dispuesto a ceder como sociedad”, cerró Zavala Rodríguez.

En 2014, los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, requirieron la elevación a juicio por los crímenes de lesa humanidad en el CCD Pozo de Quilmes; un año después, Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira pidieron lo mismo en la causa que investigaba los delitos cometidos en el CCD Pozo de Banfield. En ambas investigaciones, y por requerimiento de la justicia, la CPM aportó documentación probatoria de los fondos documentales que gestiona.

Numerosas fichas personales de las victimas elaboradas por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), denuncias de privaciones de la libertad, solicitudes de paradero y legajos donde constan las detenciones de víctimas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional forman parte del voluminoso informe presentado por la CPM.

Esos documentos no sólo aportan pruebas sobre la participación de los imputados en estos crímenes, sobre la vigilancia y persecución sobre muchas de las víctimas que están en este juicio y también reconstruye el funcionamiento del circuito represivo, bajo el cual estuvieron los dos centros clandestinos de detención.