Agencia(Solicitada completa de Gabriel Cevasco y Adriana Leiva por el accionar de la Justicia).

Primero, en plena dictadura, los  buscamos vivos. Luego exigimos Verdad y Justicia y el propio Estado democrático nos respondió legalizando la impunidad con las leyes de Obediencia  Debida y Punto  Final. El indulto  a los genocidas llegó también de la mano de  un presidente legítimamente elegido.

Estamos a un paso de que se cumplan 10 años de la apertura de esa  enorme puerta que pudimos  cruzar con la anulación de aquellas leyes. El Estado democrático esta vez inauguraba  un  nuevo tiempo histórico.

Jamás  abandonamos el camino de lucha ni nuestras esperanzas; hemos andado sin  descanso ni  consuelo. Ese andar fue regado con la  vida de muchas víctimas,  familiares y testigos.

Trabajamos cotidianamente buscando la condena a los genocidas con la ley y con todas las garantías que les fueron negadas a los nuestros. Pero algunos miembros del poder judicial se han  burlado de nosotros, y han demostrado que la Justicia no es su meta.

Este  juicio, el 9no de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, llega a su  fin y al igual que el anterior, lleva la denuncia de la propia fiscalía de juicio por los déficit de la instrucción-investigación que se llevó a cabo. Esos déficit se traducen en la imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables. Uno de los responsables de la falta de  investigación tiene  nombre y apellido, se llama Jorge  Sica, fiscal largamente denunciado  por nosotros porque manifestó explícitamente que no investigaría,  y así fue. La lucha de los querellantes, los compañeros y los abogados  logró su  desplazamiento  para los casos de lesa  humanidad. Pero su paso por esa tarea ha lesionado fuertemente el proceso de justicia, en algunos casos  irremediablemente.  Hemos sido nuevamente dañados por una parte  del Estado, a través de uno de los funcionarios  que pertenece a un sector de este poder judicial que se resiste todavía a la memoria, a la verdad y a la justicia. Es imperioso construir de una vez por todas un Poder Judicial que en su totalidad esté a favor de la democracia y del pueblo argentino en su conjunto, y no muchos de sus componentes al servicio de la impunidad o de sectores corporativos.

No hay  forma de “restitución”   de lo  perdido, pero el Estado tiene la obligación de “reparar”  el daño producido a su pueblo.  La JUSTICIA es el acto reparatorio que se nos debe, sobre todo a quienes  hoy  se hacen presentes a través nuestro. Sabemos que los Sicas  son muchos y también sabemos que son muchos los fiscales que hacen de sus  acciones, una  práctica ética. Sica  ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad: los allanamientos que no se pidieron, la documentación que no se buscó, los participes que no se investigaron, los delitos que se dejaron de incluir en la acusación.

El  genocidio se llevó adelante con la clandestinidad e impunidad de sus acciones,  encontrar  las pruebas  para  probar los delitos requiere  por tanto de un ejercicio activo de parte del poder judicial en cada una de sus etapas y de cada uno de sus funcionarios.

Denunciamos  a los Sicas y a quienes desde su  rol,  por acción u omisión,  no están a la altura del momento histórico  que  atravesamos. No entienden que la Justicia es el escenario donde también se está construyendo una nueva práctica judicial y  ciudadana,  se está reescribiendo la  historia, dando sentido al presente,  mostrando caminos a  futuro.

Como  querellantes, víctimas,  familiares y compañeros  vinculados a la causa Campo de Mayo, hoy llegamos al final de este juicio saludando su realización, concientes  de lo  mucho que hemos hecho y lo que falta, pero sabiendo  también que este no era el proceso esperado por nosotros,  merecido para las víctimas y el que necesita la sociedad  como un claro mensaje en el camino del NUNCA MAS