Los agentes picanearon, golpearon y amenazaron a tres jóvenes de entre 16 y 19 años en junio de 2021 en la comisaría 11° de Tres de Febrero. El caso llega ahora a juicio, que se desarrollará frente al Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Martín. La Comisión Provincial por la Memoria integra la querella como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura.

ANDAR en San Martín

(Agencia Andar) Sergio Damián Amori y Cristian Yair Figueredo son los dos agentes acusados de torturar a Gabriel Fleitas, Brandon Quiroga y Sebastián Linardi. Los jóvenes circulaban por la calle en Remedios de Escalada cuando los demoraron y los acusaron de un robo. Los liberaron, pero a las pocas cuadras los detuvieron nuevamente y con más violencia. En el piso y boca abajo uno de los policías los picaneó. En la comisaría continuaron los malos tratos y torturas: piñas en la cara, patadas, a uno de los chicos le querían sacar un aro que lleva en el pómulo con una pinza, amenazas e insultos.

Las pericias realizadas por la justicia constataron lesiones compatibles con el pase de corriente eléctrica y múltiples heridas en los cuerpos de los jóvenes. Para fortalecer esas pruebas, y frente a las amenazas policiales que continuaban hacia los jóvenes y sus familias, intervino la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, acompañando a las víctimas para facilitar su declaración y la de sus familiares ante la justicia para que se garanticen sus derechos. El primer fiscal en la instrucción fue apartado.

En la elevación a juicio el Ministerio Público consideró que existieron “conductas ilícitas de funcionarios públicos que causaron de manera intencional lesiones a las víctimas, que ocasionaron sufrimientos no solo físicos sino también mentales con el fin que brinden información o que confiesen haber sido los autores del robo que se estaba investigando”. Se apoya en las pericias que constataron las lesiones denunciadas, y los testimonios de los jóvenes y en que los mismos acusados se ubican en el lugar y momento del hecho, y solicita 12 años de prisión por torturas.

Éste es uno de los pocos casos con esta calificación que llega a la instancia de juicio. Según los datos trabajados por la CPM el 38% de los delitos vinculados a violencia institucional registrados por el poder judicial entre 2018 y 2021, fue caratulado como “severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”, seguidas de un 20% de “abusos de autoridad”. Solamente 28 (de más de 18.000 delitos registrados) fueron registrados como “torturas”.