La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron una denuncia penal por un nuevo hecho de violencia estatal en Mar del Plata. El domingo 13 de julio dos jóvenes que circulaban en moto por la zona céntrica de la ciudad fueron víctimas de un operativo de la patrulla municipal; luego de caer del vehículo, los agentes esposaron al conductor y lo golpearon en el suelo. Más tarde, con la intervención de la Policía bonaerense, fue trasladado a la comisaría y la alcaidía, de donde fue liberado a la mañana siguiente. En ningún momento le permitieron comunicarse con su familia ni le dijeron cuál era el motivo de su detención. A pesar de la ilegalidad e irracionalidad del operativo, el intendente Montenegro celebró este hecho en sus redes con discursos discriminatorios y estigmatizantes.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) El pasado domingo 13 de julio, Diego de 20 años y Kiara de 21 habían salido a tomar mate a la costa; alrededor de las 18 horas, cuando volvían en moto a su casa, se toparon con un control de tránsito en la zona céntrica de la ciudad. En ese operativo, mientras colocaban los conos, un agente se cruzó repentinamente en el camino de la moto, el joven maniobró para esquivarlo pero no fue suficiente: perdió el control de la moto y cayeron al suelo.

Inmediatamente después los agentes municipales redujeron a Diego en el suelo, lo pusieron boca abajo, lo esposaron y uno de ellos le pegó una patada en la boca. Mientras el joven era reducido con violencia, su compañera permaneció arrodillada, con las manos en la cabeza, en presencia de otra agente municipal.

Más tarde llegaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que requisaron sus pertenencias sin mediar explicación. Aunque no llevaban casco ni chapa patente -en un contexto donde existen demoras generalizadas en la provisión de patentes-, los jóvenes contaban con el permiso de circulación correspondiente, pero en ningún momento se les permitió exhibirlo.

Diego fue trasladado a la comisaría y luego a la alcaidía de Batán, donde permaneció hasta la mañana del día siguiente sin declarar y sin permitirle contactarse con su familia. Al recuperar su libertad, le advirtieron que “ésta se la dejaban pasar pero la próxima no”. A lo largo de todo el procedimiento no se les informó si había una causa en curso ni bajo qué cargos fue detenido.

La denuncia de la CPM y la APDH recuerda que las funciones de control urbano que puede ejercer la patrulla municipal no incluyen tareas de seguridad ni facultades policiales. Sin embargo, desde la implementación de este cuerpo se reiteraron episodios de violencia en donde los agentes de la patrulla municipal se arrogan en la práctica facultades propias de las fuerzas de seguridad. Por ello, en la denuncia, los organismos de derechos humanos pidieron que, como contralor de la legalidad, la justicia “investigue el inicio de la intervención de los agentes municipales y los motivos de la aprehensión”.

La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y otros organismos de derechos humanos vienen denunciando las reiteradas prácticas de violencia y hostigamiento de la patrulla municipal, particularmente contra personas que viven o trabajan en la calle. Lejos de ser hechos aislados, estas prácticas se sostienen con aval político e institucional, y reproducen discursos estigmatizantes que habilitan la criminalización de la pobreza y la persecución de quienes habitan y transitan el espacio público.

En este caso, como en tantos otros, el propio intendente Guillermo Montenegro publicó en redes sociales un video del hecho acompañado de mensajes estigmatizantes: “Un violento fanático del stunt intentó darse a la fuga de un operativo. Hacen bardo, tienen escape libre y son peligrosos. La Patrulla Municipal pone el cuerpo para defender el orden. Estás del lado de ellos o estás en contra”.

Recientemente el juez de garantías de Mar del Plata Juan Francisco Tapia había ordenado al Municipio de General Pueyrredón cesar todo despliegue violento de la patrulla municipal, tras haber acreditado en un hábeas corpus colectivo presentando por la CPM que los agentes municipales realizaban conductas arbitrarias e ilegales “que implicaron el ejercicio de violencia física y psicológica”. A pesar de las resoluciones judiciales, estas prácticas continúan.

“Remarcamos que los hechos descriptos no son casos aislados sino que son prácticas regulares llevadas a cabo por distintos agentes en la misma ciudad […] Las fuerzas de seguridad continúan omitiendo las resoluciones judiciales dictadas donde se ha advertido sobre la ilegalidad y arbitrariedad del accionar policial”, concluyeron la CPM y la APDH en la denuncia, e insistieron en la necesidad urgente de frenar estas intervenciones ilegales y sancionar a los responsables.