Después de la represión y desalojo del 24 de diciembre las familias de la toma 1 de noviembre en La Matanza se movilizaron y  consiguieron ponerle fecha a una primera mesa de diálogo en busca de soluciones para su problema de acceso a la vivienda. Desde la Comisión provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se solicitó que se investigue este último desalojo.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) El 9 de octubre se hizo la primera toma. A partir de la irrupción de las familias en ese predio abandonado en el cruce de las calles Los Tulipanes y Los Clavelines en Ciudad Evita el estado se hizo presente con su brazo policial. “Tuvimos varias represiones desde que llegamos pero ninguna como la del 1 de noviembre, fue masiva, nos corrieron cinco cuadras hacia afuera del predio”, cuenta Sara una de las mujeres que busca asentarse y tener una vivienda propia en lo que ahora se llama barrio 1 de noviembre en La Matanza.

El último martes se movilizaron. Lo que activó el reclamo fue otra vez el accionar brutal de la policía. En la madrugada del 24 de diciembre volvieron a padecer la violencia de la fuerza bonaerense que ejecutó un nuevo desalojo. A las 6:00 de la mañana doce familias fueron desplazadas de los terrenos baldíos en que se encontraban sosteniendo cinco merenderos en construcciones precarias. Eran un espacio que habían acordado se podía mantener pero igual los sacaron y, según denuncian, ni siquiera contaban con orden judicial.

Esos merenderos fueron lo primero que acordaron en instalar en el lugar cuando llegaron en octubre. También les dieron dándole prioridad a las familias en situación de calle para que armen los primeros indicios de lo que es para las casi 400 familias que integran la toma el sueño de la casa propia.

“Ese primero de noviembre nos desalojaron pero el 2 ya estábamos de vuelta. Nos quedamos ahí. Y los merenderos estaban hasta el 24 de diciembre. El 8 de diciembre entramos a armar las casitas, todas las casitas armamos y ahí la policía nos desalojó. Pero ahí logramos un acuerdo: hasta que no se consiguiera una mesa de diálogo los cinco merenderos y tres casitas por cada merendero se quedaban ahí, se respetaban. Nunca se llegó a la mesa de diálogo y esas casitas se tocaron igual. Nos rompieron todo, nos quemaron todo, no nos dejaron sacar las cosas. La policía está constantemente, sufrimos mucho atropello, son agresivos, pero ese día estaba más agresiva física y psicológicamente”, repasa y denuncia Sara.

En el camino lograron organización y buscaron apoyo. Sara dice que, salvo por la policía, el estado nunca se hizo presente. Frente a la violencia policial encontraron asesoramiento en la Comisión Provincial por la Memoria, que como Mecanismo local de prevención de la tortura, viene dándose estrategias de acompañamiento para las familias y ha realizado diversas presentaciones ante las instituciones que deben intervenir en la situación.

Al tomar conocimiento de la represión del 24, como ya lo había hecho en noviembre, la CPM puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía general y solicitó la investigación del accionar policial. También estuvo presente al día siguiente en el lugar y ha solicitado audiencia en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, aunque aún no tuvieron respuestas.

Tras la movilización del martes se consiguió al menos que pueda concretarse una mesa de diálogo dispuesta para el 5 de enero con el jefe de gabinete de la gestión municipal. En la toma siguen de pie, ahora están armando los merenderos de nuevo y esperan poder encontrar soluciones.