Los denunciantes son Carmelo Vinci y Carlos Genson, ex detenidos desaparecidos, integrantes de la Comisión por la Memoria de Olavarría y militantes con una gran trayectoria en defensa de los derechos humanos. La denuncia penal es contra los policías que se manifestaron en esa localidad en los últimos días. Pidieron al Ministerio Público Fiscal que investigue si se violaron los artículos 226 y 226 bis del Código Penal que establecen las penas por los atentados al orden constitucional y la vida democrática.

ANDAR en Olavarría

(Agencia) La presentación solicita que se investigue a los policías que se manifestaron entre los días 7 y 10 de septiembre en Olavarría. El texto describe el accionar policial como intimidatorio: “los agentes de la policía  bonaerense, no con ánimo de cuidar a la ciudadanía sino motivados por su reclamo salarial, realizaron una caravana por la ciudad en patrulleros, portando uniformes y con armas en la cintura.  Realizaron un recorrido que inició en la Comisaria 1 e incluyó un extenso camino hasta llegar a la Municipalidad”.

En la denuncia señalan que “resulta a nuestro criterio la violación del art. 11 y 12 de la ley 13.982”, la norma que regula el funcionamiento de la Policía Bonaerense. El primero de los artículos establece entre otras cosas que los efectivos policiales deberán “portar el ama reglamentaria y los demás elementos provistos por la institución durante la prestación del servicio, excepto cuando por razones especiales sea relevado de ese deber”.

“No podemos dejar pasar por alto esta situación porque es de una peligrosidad extrema”, expresó al ser entrevistado por ANDAR Carmelo Vinci. “Creemos que la policía, como otros agentes del Estado, tienen derecho a tener un sueldo digno. Así como también los médicos, enfermeros y todos los empleados públicos. Pero de acuerdo a las características que tomó el reclamo, sobre todo de algunos de los funcionarios policiales, han dejado a la vista que no se cumplieron con las funciones que deben desempeñar y además mantuvieron las negociaciones con armas en la cintura. La Constitución y la leyes de la misma policía no admite este tipo de acciones”, dijo.

Tras describir cómo se manifestaron los policías en protesta por las calles de la ciudad y mencionar los acontecimientos en Olivos y La Plata la denuncia pretende “que el órgano competente investiguen los hechos que han tomado estado de noticia. Esto resulta relevante y decisivo, comprendemos que no deben encontrar cobijo tales actos en un Estado que se precie de constitucional y legal”.

Como prueba se ofrecen los links de los medios de comunicación locales donde se informó sobre las alternativas de la movilización de los uniformados en Olavarría.

Además se sugiere que se cite a las personas que puedan identificar a los manifestantes en los múltiples videos que se han difundido, “se analice la comisión de los posibles delitos mediante mensajería telefónica de WhatsApp u otras semejantes” y “se cite a declaración testimonial a aquellos voceros de las manifestaciones, al menos los que se manifestaron en Olavarría”.

Ahora la Fiscalía General de Azul deberá decidir quién será el agente fiscal que se encargará de instruir la causa que podría introducir un elemento novedoso en esta historia que conmocionó al país en los últimos días.