Este miércoles comienza, a instancias del Tribunal Oral Criminal 6 de Lomas de Zamora, el juicio por el homicidio del capitán de la Bonaerense Alberto Reynoso, ocurrido el 18 de diciembre de 2014, y por el cual fueron imputados -sin pruebas y con testimonios producidos bajo presión policial- tres jóvenes de Avellaneda: los hermanos Claudio y Danilo Castro y Matías Serón. En este juicio la CPM participará como veedora. La causa penal y el derrotero judicial son paradigmáticos respecto a la práctica de causas armadas por parte de las fuerzas de seguridad y la complicidad del sistema de justicia. Según Claudio Castro, el gran desafío frente a la criminalización de los sectores vulnerables pasa por “romper la naturalizacion de la violenica policial que vivimos en los barrios”.

ANDAR en Avellaneda

(Agencia) Los tres fueron detenidos en violentos allanamientos en sus viviendas, luego brutalmente golpeados en la Comisaría 6º de Gerli, Avellaneda, y permanecieron detenidos durante casi un mes hasta que el juez de Garantías Silvio Carzoglio resolvió –con tres visitas a los imputados y el análisis de las presuntas pruebas aportadas por la fiscalía- que la versión de los policías que habían intervenido en la investigación no tenía asidero ni rasgos de verosimilitud.

Claudio Castro (en la imagen, de sweater rojo): “es un juicio al que incluso los agentes Cafarena y Pérez llegan detenidos por integrar una banda narcopolicías desbaratada en el último mes”

De allí que Claudio Castro, Danilo Castro y Matías Serón fueron liberados por orden del magistrado y un año después fueron sobreseídos por parte del mismo juez de Garantías. Sin embargo, la titular de la fiscalía 1 con asiento en Avellaneda, Alejandra Olmos Coronel, decidió apelar el sobreseimiento y finalmente la cámara dispuso que la controversia se resolviera en juicio oral.

A dos años y medio del inicio de esta trama de arbitrariedades y abuso policial, este miércoles desde las 9 de la mañana comenzará, en la sede del Tribunal Oral Criminal 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el juicio por el homicidio del capitán de la bonaerense Alberto Reynoso por el que están imputados los tres jóvenes de Avellaneda. A tal punto llega la manipulación del expediente judicial que el arma que supuestamente fue hallada en la casa de los Castro cuando los detuvieron no se corresponde con la que se produjo el crimen, además de haber sido probado que los acusados no pudieron haber estado en el lugar del hecho.

En diálogo con ANDAR, Claudio Castro habló sobre su situación personal en las horas previas al inicio del debate oral: “Me dirijo hacia un juicio injusto ocupando un lugar que no me corresponde, a raíz de la voluntad de los policías que fraguaron la investigación. Javier Cafarena, el comisario de la 6º de Gerli, y César Pérez, jefe de Calle de esa dependencia, son los responsables de la hipótesis sobre el crimen con la que nos inculparon sin pruebas ni testigos, y que la fiscal de instrucción decidió llevar adelante hasta las últimas consecuencias”.

“Este es un juicio absurdo: la pericia del arma resultó negativa; probamos que no pudimos haber estado en el lugar del crimen; el mismo día que nos detienen, pero por la noche, fueron detenidos otros 5 jóvenes que andaban por otro barrio de Avellaneda y que todos decían que habían sido los autores del homicidio de Reynoso, pero que sin embargo nunca fueron investigados; en fin, es un juicio al que incluso los agentes Cafarena y Pérez llegan detenidos por integrar una banda narcopolicías desbaratada en el último mes”, señaló.

En cuanto a la familia de de los hermanos Castro, llega a este juicio “totalmente desarticulada, destruida”. En este sentido, el joven explica a ANDAR que de una familia de 15 hermanos, sólo quedó uno de ellos viviendo en la casa donde se produjo el allanamiento y la detención. Todos se fueron a vivir a otros lugares, incluso la madre de Claudio y Danilo se radicó en Chile por temor a represalias y por la indefensión que tuvo que atravesar la familia frente a la impunidad policial.

En su caso, Claudio cuenta que esta causa lo impulsó a luchar no sólo por su propia historia sino también a involucrarse y conocer a espacios sociales, organismos de derechos humanos y familias de víctimas de causas armadas, con la intención de visibilizar esta práctica extendida por parte de las fuerzas de seguridad y una parte de las agencias judiciales.

“Cuando el juez Carzoglio dispuso nuestro sobreseimiento, creímos que se había terminado nuestro calvario, pero tuvimos que redoblar los esfuerzos y energías cuando nos enteramos que la fiscal había apelado y que la cámara había resuelto la realización de un juicio. A partir de ahí pedimos la fecha, nos dijeron que en mayo, luego lo pasaron a agosto, y empezamos a difundir y visibilizar con más fuerza lo que nos había pasado. Ahora no esperamos otra cosa que la absolución definitiva: no me entra en la cabeza otro fallo”, destaca Claudio Castro.

Cabe destacar que a fines de 2016 ocurrió, en la misma vivienda de los hermanos imputados, otro brutal allanamiento por un presunto robo de 300 mil pesos y 100 mil dólares. El procedimiento policial incluyó la destrucción de la puerta de la casa, la búsqueda violenta en todo el mobiliario y la detención durante varias horas de uno de los hermanos de Claudio, que finalmente fue liberado cuando el juez admitió que se habían equivocado de casa.

Ese día Claudio estaba reunido con el abogado Pablo Pimentel, referente de la APDH de La Matanza, y llamaron al juez que había ordenado el allanamiento. La respuesta que recibieron fue que “no sabía de qué causa le estaban hablando”.