El colectivo trans platense se movilizó en rechazo a la sentencia dictada por el juez Juan José Ruiz, un fallo xenófobo y discriminatorio que tomó como agravante la nacionalidad  de Claudia Córdova y  su condición de mujer trans. La CPM, junto a otras organizaciones LGTB,  impulsa un pedido jury contra el juez Juan José Ruiz quien estuvo a cargo del proceso. En la movilización,  se conoció otro fallo judicial  que ordena de forma inmediata reincorporar a Valentina Pereyra, otra mujer trans, a su puesto de trabajo en el municipio local.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Valentina Pereyra  se enteró que su reclamo para ser reincorporada como empleada del municipio de La Plata había sido reconocido mientras estaba marchando junto a otras y otros militantes en repudio al fallo xenófobo que condenó a Claudia Córdova a 5 años y 3 meses de prisión. Pereyra había sido despedida de forma intempestiva y en el proceso judicial se demostró que el municipio de La Plata cometió a prima facie un acto discriminatorio por ser ella ser activista LGTB.

Cuando asumió el nuevo gobierno municipal a Valentina, como a otras trabajadoras y trabajadores del municipio les rescindieron su contrato en enero. Muchos fueron reincorporados, pero particularmente a ella, militante y referente de ATTA La Plata (Asociación Travestis Transexuales Argentinas) no, lo que la llevo a judicializar su reclamo. Luego de varios meses, el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 4,  a cargo de la Dra. María Ventura Martínez, ordenó de forma inmediata reincorporar a Valentina a su puesto de trabajo.

Valentina Pereyra militante ATTA

“Mi lucha comenzó en enero, cuando me avisan que me había quedado sin trabajo. Pedí una audiencia para entender por qué no me reincorporaban a mí y sí lo hicieron con mis otras compañeras de trabajo, 2 trans y 7 mujeres. Empecé a pensar que había algo más,  que tenía que ver con algo particular. Nunca obtuve una respuesta a mis pedidos entonces desde ATTA y junto con la Federación argentina LGBT y el CEPRODH judicializamos el tema y comenzamos a pedir mi reincorporación. Lo que exijo es que se haga efectiva la Ley de cupo laboral trans en el estado provincial. Es una ley que está vigente, que fue promulgada pero no está reglamentada por el poder Ejecutivo” comenzó diciendo Valentina Pereyra a ANDAR mientras, en plena calle, recibía los abrazos de las compañeras y compañeros que se encontraban movilizados repudiando las conductas discriminatorias de la justicia.

“La vida de una persona trans es muy limitada, el Estado no está presente. Para nosotras es de gran importancia para el desarrollo de cualquier persona tener un trabajo, te permite resolver tus necesidades básicas. Nosotras las chicas trans tuvimos esa oportunidad, ahora vamos a ejercer el derecho a tener una oportunidad. Queremos poder decir que trabajo podemos hacer y no que solamente nos quede el trabajo sexual como única herramienta para subsistir. La persona trans tiene un promedio de vida de 35 a 40 años. Eso tiene que ver con la ausencia del Estado y la exclusión sistemática de todas las instituciones: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Por eso queremos la reglamentación de esta ley, para que la compañera trans, las personas trans en general, tengamos una herramienta para poder elegir que hacer de su vida. El poder elegir es fundamental para cualquier persona. Nosotras por ahora no tenemos ese privilegio de poder elegir”, y continuó diciendo: “Hoy estamos acá, marchando contra el fallo de este Juez Ruiz que a nosotras nos parece vergonzoso de que un magistrado de jerarquía, como se supone que es un juez o el fiscal, tengan una mirada y posición tan discriminatoria y xenófoba con la comunidad migrante. Claudia fue doblemente estigmatizada: por ser trans y peruana migrante. Esto muy grave. Estamos viviendo una coyuntura política en la que al gobierno parece que no le interesa sostener e impulsar políticas públicas de inclusión para las minorías. En materia de violencia de género falta mucho por hacer y no hay respuestas contundentes desde el Estado”, concluyó.

Luz Santos, es abogada de Valentina e integrante del CEPRODH la Plata. Para ella con este fallo “se genera un antecedente jurisprudencial muy importante para garantizar que el Estado cumpla con esta ley que está vigente y, en el caso de Valentina, que se la reincorpore a su planta temporaria como trabajadora estatal. En este proceso, el Municipio cometió a prima facie un acto discriminatorio por ser ella ser activista LGTB, luego todos y todas recordaran la denuncia ante el INADI que se le hizo al intendente Garro por sus dichos transfóbicos emitidos en medio radial platense  y no podemos dejar de tener en cuenta la política represiva que se está teniendo en relación a la zona roja de La Plata”.

La reincorporación de Valentina va de la mano con que se efectivice integralmente la ley de cupo laboral trans 14.873 que rige en la provincia de Buenos Aires desde octubre de 2015. De aplicarse, muchos de los y las integrantes de los grupos de la comunidad trans tendrían la oportunidad de integrarse a un trabajo en el Estado si en sus dependencias se cumpliese el 1% que indica la ley, tanto en la provincia como en los estados municipales, a emplear a personas travestis, transexuales y transgéneros.

Entre las reivindicaciones que se acordaron, los y las colectivas LGBTIQ solicitan la no criminalización de la comunidad trans migrante; urgente reglamentación del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, la sanción del proyecto de ciudadanía trans presentado en el Municipio de La Plata; no a la militarización de la zona roja de la ciudad.