Dos recientes casos que tomaron estado público -dos jóvenes de La Garganta Poderosa torturados y un niño de 8 años detenido ilegalmente en un Mc Donald’s- son la muestra de hechos similares que ocurren diariamente en la provincia de Buenos Aires. El mismo Estado incapaz de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia implementa un sistema penal que persigue y hostiga a los jóvenes pobres. En este marco, el reciente anuncio que propone enviar 6.200 efectivos de fuerzas de seguridad al territorio bonaerense sólo fomentará el incremento de las prácticas arbitrarias e ilegales que son la condición de posibilidad para el gatillo fácil, la tortura y el hostigamiento policial. La Comisión Provincial por la Memoria repudia estos hechos de tortura, y alerta sobre la continuidad de una política punitivista que sólo genera más violaciones a los derechos humanos y degrada el sistema institucional. Asimismo, exige una investigación eficiente de los hechos denunciados que evite la consolidación de la impunidad que, de manera reiterada, se evidencia en este tipo de casos.

ANDAR en la provincia

(CPM/Agencia) El sábado 24 de septiembre, la Policía Federal y Prefectura apostadas en la villa 21-24 interceptaron a Ezequiel e Iván; fueron requisados y denigrados por las ropas que llevaban, después torturados y finalmente amenazados de muerte; incluso, llegaron a disparar al aire y colocarles un cuchillo sobre el cuello. Los jóvenes son integrantes de La Garganta Poderosa y denunciaron públicamente las torturas a las que fueron sometidos. Ezequiel tiene sólo 15 años.

Casi una semana después, el viernes 30 de septiembre, efectivos de la Federal detuvieron en un Mc Donald’s del barrio de Liniers a un niño de 8 años por el presunto robo de un par de zapatillas. El chico fue trasladado en patrullero al Centro de Admisión y Derivación donde lo requisaron y le tomaron las huellas dactilares; permaneció allí varias horas sin que su madre fuera notificada. Por ley, la policía debería haber dado intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero no lo hizo.

Estos casos que tomaron notoriedad pública revisten una extrema gravedad, pero no son hechos aislados sino expresiones de una política pública que se sustenta en la demagogia punitiva y la saturación territorial. Lamentablemente, casos como estos suceden a diario en la provincia de Buenos Aires y vienen siendo denunciados reiteradamente por la CPM.

En las inspecciones institucionales que la CPM realiza en lugares de encierro, constatamos que la detención ilegal de niños es una práctica reiterada. Hemos registrado y denunciado la permanencia en comisarías de la provincia de Buenos Aires de niños de entre 8 y 18 años, en la mayoría de los casos por figuras ilegales como la averiguación de antecedentes o la entrega de menor. En algunos casos relevados, este tipo de detenciones representan más de un 10% del total, demostrando claramente que no se trata de una cuestión excepcional sino de una práctica rutinaria.

Así lo acreditó, por ejemplo, un reciente fallo del juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, que pone en evidencia la detención ilegal de niños y exige a la policía abstenerse de continuar con las detenciones arbitrarias a menores de 18 años en las localidades de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz. El ejercicio de estas prácticas en los territorios es la condición de posibilidad para los hechos de torturas, gatillo fácil y otras graves violaciones de derechos humanos.

En su último informe anual, la CPM expresó que nunca Buenos Aires tuvo tantos policías como en la actualidad (casi 90 mil efectivos); pero esta política de saturación territorial no ha solucionado los problemas de seguridad sino que ha contribuido a incrementar la violencia. La creación de las policías locales, en el marco de la declaración de emergencia dictada por la gestión anterior, profundizó este esquema de saturación con el preocupante agregado de las reconocidas falencias en los procesos de selección y formación de sus integrantes, lo que rápidamente se vio reflejado en denuncias por violencia policial y casos de muertes por el empleo de armas reglamentarias. El caso de Rafael Cobo, ocurrido en La Plata y que esta Comisión denunció, fue un ejemplo que confirmó las alertas respecto a la creación espasmódica de estas policías.

En este marco, preocupa el reciente anuncio del acuerdo entre el gobierno nacional y el provincial para enviar 6.200 efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El recurso de saturar territorios con fuerzas federales ha sido una tendencia en los últimos 15 años. Este anuncio refuerza un aspecto negativo: el involucramiento de fuerzas militarizadas como Gendarmería y Prefectura para intervenir en territorios y objetivos para los cuales no fueron dispuestas. Esto sigue profundizando una lógica de militarización en el enfoque de la seguridad pública y propicia escenarios de mayor violencia en los territorios, fundamentalmente en aquellos en que se encuentran los sectores empobrecidos. El anuncio de involucramiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en tareas de prevención es particularmente llamativo y preocupante teniendo en cuenta los objetivos específicos de esta fuerza.

Agravando este escenario, se han anunciado tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires proyectos para limitar las excarcelaciones y disminuir en general las garantías durante el proceso. Esto tampoco es novedoso y ha sido la respuesta por excelencia que las distintas gestiones de gobierno han ensayado ante la emergencia mediática de hechos delictivos graves. Tal como lo expresamos, el empleo de estas medidas no ha servido para resolver el problema del desarrollo de los mercados ilegales bajo la regulación policial y ha propiciado el peor colapso del sistema penal: cárceles saturadas y el sometimiento a torturas sistemáticas de quienes se encuentran en cárceles y comisarías.

Cuando se trata de prevenir y condenar los hechos de torturas y de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes no alcanza con las declaraciones de compromiso de los funcionarios del gobierno: es necesario tomar medidas urgentes que reviertan esta situación. La garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires es una deuda que se expresa con toda su contundencia cuando la respuesta preponderante es la violencia policial. Con estas decisiones se consolidan políticas públicas que sólo generarán más violencia y que degradan el sistema institucional. La tortura es una práctica incompatible con la democracia.