El 14 de junio de 2013, Saulo Rojas se ahorcó con su cinturón en un sala de castigo de la Fundación San Camilo. Saulo tenía 23 años, era insulino-dependiente y tenía problemas de adicción; durante casi un año de internación, a pesar de los informes médicos y psicológicos, no recibió la atención adecuada ante las recaídas por su diabetes y consumo. Casi seis años después, el caso de Saulo es la primera muerte que llega a juicio, desde la sanción de la ley de salud mental. Tres directivos y empleados de la comunidad terapéutica están imputados, uno permanece prófugo.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) “Yo puse la vida de mis hijos en sus manos y me lo devolvieron muerto”, recuerda con dolor e impotencia Myriam Lucero, la mamá de Saulo Rojas, el joven mendocino que murió el 14 de junio de 2013 en la comunidad terapéutica San Camilo, de Pilar. Ese día, ante una nueva recaída, Saulo fue abandonado en una sala de castigo, algo expresamente prohibido por la Ley de Salud Mental, sin medicación ni comida. “Era una celda de aislamiento sin revoque, ventanas sin vidrio, sólo había un colchón tirado en el piso, mojado”.

En noviembre de 2017, a partir de las denuncias realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la fundación fue clausurada por orden del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En ese momento había 63 pacientes. El organismo denunció la existencia de prácticas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. “En esta lucha por justicia, cerrar San Camilo es bastante, pero no es todo. Mi hijo está muerto”, dice Lucero.

Recién, casi seis años después, el juicio oral y público parece una posibilidad bastante cercana. Tres directivos y empleados de la Fundación están imputados por el delito de homicidio culposo en el suicidio de Saulo, uno de ellos permanece prófugo. Hace unos días se realizó la primera audiencia preliminar y sólo se presentó el director y dueño de la comunidad, Martín Iribarne. La defensa de Iribarne propuso una probation, a cambio de un monto en dinero y la inhabilitación por dos años para trabajar en comunidades terapéuticas o en el tratamiento de adicciones.

“Siempre supe que no iba a aceptar ninguna propuesta de ellos. No tengo nada que hablar con ellos, ni quiero ningún trato, sólo quiero verlos en un juicio”, asegura Myriam. Cree que el ex director terapéutico, Alejandro Jacinto, tendrá una estrategia similar de defensa; su abogado pidió aplazar su presentación hasta el próximo 27 de marzo. El tercer imputado, el empleado de seguridad Ángel Súnez, sigue prófugo; no se presentó a ninguna citación después de haber sido indagado por el titular de la UFI N 4, Jorge Nocheti.

“Hay testigos que estuvieron el día que falleció mi hijo, otros que estuvieron internados y se siguen ofreciendo para testimoniar malos tratos. Todos afirman que eran sobremedicados, maltratados. Era un centro de tortura, literal”, cuenta Myriam.  “Es un proceso largo, llevamos 5 años y medio, la espera es larga pero llegaremos al juicio. Espero una condena ejemplificadora: que la muerte de mi hijo, lo que vivió en la soledad y abandono de ese lugar, no sea en vano”.

350 días

“Viajé con él desde Mendoza, teníamos mucha esperanza. Él quería recuperarse pero sabía que solo no podía”, recuerda Myriam. Entre el 29 de junio de 2012, cuando ingresó a la comunidad terapéutica San Camilo, y el 14 de junio de 2013, cuando se suicidó en una sala de castigo con su propio cinturón, sólo pasaron 350 días.

Saulo fue diagnosticado de diabetes a los 11 años; su mamá cuenta que, desde ese momento, empezó a sufrir mucho, que poco a poco comenzó a sentirse apartado en las actividades deportivas y extracurriculares. Su estado depresivo se acentuó con los años; a los 14 comenzó a consumir marihuana.

“Lo traté con psicólogos. Lo acompañé siempre, pero su consumo se fue haciendo cada vez más problemático. Hubo un momento que no pudimos seguir con esa asistencia ambulatoria y pasó varias internaciones en los hospitales psiquiátricos de Mendoza. Internaciones muy cortas en comunidad terapéutica, una de la Rioja y otra en Monte Grande. No duraba más de 20 días, en ninguno de esos establecimientos había enfermeros que pudieran atender también su estado de diabetes”, recapitula Myriam.

La familia decidió judicializar el caso, una medida de protección de persona. La justicia le dio la razón, pero el gobierno de Mendoza dice que no puede atender el caso y se desliga entregando a la familia sólo un subsidio para la internación del joven en otra provincia. Se mandó la historia clínica de Saulo a tres instituciones, una en San Luis, dos en Buenos Aires. Sólo responde la dirección de la Fundación San Camilo.

“Cuando llegamos a la comunidad, nos separamos. Me atiende un operador y, cuando termino la entrevista, pensaba que iba a poder despedirme de él pero ya no me dejaron verlo”, dice Lucero. Según el tratamiento de los directivos, durante el primer mes Myriam sólo podía hablar con los operadores, recién en el segundo mes de internación pudo llamar por teléfono a su hijo aunque -cree ahora- esas llamadas eran interceptadas o alguien se quedaba al lado de él para escuchar qué hablaba.

“Recién después de dos meses, voy a verlo. La primera impresión era que estaba más gordito, en realidad estaba hinchado por la medicación, con el tiempo me di cuenta de esto”, agrega. Saulo recibió varias visitas, a veces iba ella, otras una prima que vivía en Hurlingham. Ni Myriam ni la prima pudieron entrar nunca a ver las instalaciones de la comunidad.

Myriam había empezado a sospechar que algo no estaba bien, que su hijo no le contaba todo, veía en algunas de esas visitas a otros pacientes pidiendo a sus familiares que los saquen de ahí. Saulo desmentía, no hablaba. “El 12 de junio, dos días antes de su muerte, lo noté muy angustiado. Había recaído en el consumo”. Esa fue la última vez que hablaron.

El día de la muerte quiso hablar con él pero una operadora le dijo que no podía pasarle la llamada: “Dejalo, porque se victimiza todo el tiempo”, le dijeron a ella. A las diez y media de la noche, la llaman de San Camilo para decirles que Saulo había fallecido, que tuvo un infarto y lo encontraron en su habitación. Myriam nunca lo creyó.

“Tres meses después, Pablo Galfré me busca; estaba haciendo una investigación periodística sobre las granjas de rehabilitación, y me cuenta un montón de cosas que no podía creer, que mi hijo falleció en una celda de aislamiento”, recuerda.

La investigación de Galfre y las inspecciones realizadas por el programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) empezaron a revelar las condiciones inhumanas de internación: “Empezamos a conocer que los encerraban de a 4 ó 5 en una celda, con dos colchones, les tiraban la comida por las rejas, les ponían un jarro para orinar”, dice Myriam. Y agrega: “Mi hijo fue una víctima de ellos. Creo que con mi denuncia otras personas empezaron a contar, se respaldaron en mi testimonio para contar lo que pasaron ellos”.

Esta muerte dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de los hombres y mujeres que son internados en estas comunidades: abandonados, sobremedicados y sometidos a violencia sistemática. También dejó en evidencia la falta de controles y auditorías judiciales y administrativas que permiten a estos lugares operar con casi total impunidad.

En ese contexto, el caso de Saulo es emblemático; su muerte será la primera ocurrida en un dispositivo de salud mental que llega a juicio desde la sanción de la ley 26.657. Desde el 2014, de acuerdo a una resolución del Órgano de Revisión de la ley, toda muerte en instituciones públicas y privadas de atención de salud mental debe ser investigada.

“La ley es un cambio de paradigma, pero la gran mayoría de los familiares no tienen la menor idea de la existencia de esa ley. Yo misma me enteré de todo esto en la lucha por justicia. Espero que el juicio sirva para revelar la verdad de lo que ocurre en estos lugares”, sostiene Lucero. Y cierra: “Mientras tanto, hay mucha gente que sigue haciendo negocio con el sufrimiento de las familias que tenemos que afrontar el consumo problemático”.