En el 2014, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas internadas en el hospital José Esteves por las graves violaciones a los derechos humanos y las deplorables condiciones de internación. Luego de una demora de tres años, y en base a las pericias realizadas, el juzgado de garantías N 6 de Lomas de Zamora ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia a reacondicionar las instalaciones del neuropsiquiátrico. El fallo también exige que se respeten los estándares de atención médica exigidos por la ley de salud mental.

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(CPM) El juzgado de garantías N 6 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Pablo Bravo, ordenó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tomar las medidas necesarias para acondicionar el hospital José Esteves de acuerdo a parámetros de seguridad e higiene que respeten la integridad y dignidad de las personas allí alojadas. El fallo responde a un habeas corpus colectivo presentado hace tres años por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por las graves condiciones de internación y la ausencia de un plan de asistencia médica acorde a los parámetros establecidos por la ley de salud mental.

Durante el último año, la CPM volvió a inspeccionar el lugar en reiteradas oportunidades constatando el agravamiento de las condiciones que habían motivado la presentación. En cada una de esas oportunidades, la denuncia fue ampliada por medio de informes al Ministerio de Salud pero no tenía respuesta porque no se había resuelto la presentación inicial. Como sucede en estos casos, las dilaciones judiciales y ministeriales terminan por revictimizar a las víctimas.

Frente a esta situación de extrema vulnerabilidad, el fallo del juzgado de garantías N 6 significa un avance y exige una respuesta urgente por parte del Estado provincial. En ese sentido, la CPM destaca la perspectiva en salud mental y derechos humanos que adopta la resolución judicial.

A partir de la notificación del fallo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires debe arbitrar, con la mayor celeridad posible y en un plazo no mayor a los seis meses, las medidas necesarias para acondicionar el hospital, complementar y capacitar el cuerpo de profesionales para brindar un tratamiento acorde a los estándares exigidos por la ley de salud mental.

Esta resolución se fundó en pericias de seguridad e higiene que constataron fehacientemente las condiciones denunciadas por la CPM a partir de sus inspecciones: paredes, techos y mobiliarios deteriorados, humedad, falta de ventilación, baños tapados, olores nauseabundos, conexiones de electricidad precarias y ausencia de extinguidores de fuego.

Además de estas deplorables condiciones edilicias, el habeas corpus y las presentaciones ampliatorias —también reconocidas en el reciente fallo— advertían sobre la falta de personal médico, la atención de solo un psiquiatra y dos enfermeras para 70 pacientes o más, y la falta de medidas activas para garantizar un tratamiento médico que, respetando los estándares en salud mental, lleve a la recuperación de los pacientes hasta lograr su externación. Por el contrario, estas condiciones configuraban un estado de completo abandono, vulnerabilidad y maltrato.

Lamentablemente, la situación en el hospital interzonal José Esteves no significa una excepción sino la norma generalizada en estos lugares de encierro. A pesar de los avances, en materia normativa, que significó la sanción de la ley de salud mental, la realidad en los hospitales neuropsiquiátricos poco ha cambiado. Alta tasa de mortalidad, condiciones de internación inhumanas , falta de insumos médicos y de adaptación de los tratamientos de acuerdo a los parámetros exigidos por la nueva ley.

Esta situación ha sido planteada por la CPM al Ministerio de Salud, intentando contribuir al desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Si bien se han llevado a cabo distintas reuniones con las autoridades provinciales, quienes manifestaron su acuerdo con la necesidad de llevar a cabo transformaciones en estos ámbitos, los cambios  aún no impactan en un sistema de encierro que aún funciona con las lógicas del manicomio.

Por estas razones, la CPM reitera su pedido para que se tomen medidas urgentes que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las personas internadas en instituciones de salud mental. Estas personas constituyen de por sí un colectivo vulnerable que sufre el encierro en las condiciones más crueles e inhumanas.