“Los chicos querían armar los monos e irse de traslado, pidieron hablar con los jefes, pero el guardia nunca los llamó. Hicimos una llamarada de fuego para llamar la atención, quedó claro en el peritaje de Asuntos Internos, que fue apenas eso, y ellos empezaron a los tiros, nunca entraron, fue desde la reja. Hubo unos 20 disparos. Nos habíamos acovachado en un rincón, estaban tirando a una pared. Desde el techo tiraron una granada de gas lacrimógeno, gas pimienta y para apagar el fuego usaron una manguera de incendio”. En ese momento estaban asustados, pensaron que todo iba a terminar ahí. Llegaron los bomberos pero nunca los dejaron explicar lo que había pasado, sólo los reprimían. “Luego abrieron la reja, nos sacaron de a uno con las manos en la cabeza al pasillo de la comisaría y empezó la tortura. Yo estaba desmayado por los gases, un compañero me despertó porque nos estaban llamando por el apellido. Dije que no, porque nos iban a pegar”, recordó Chamorro.

“Eran entre 15 y 20 policías, algunos de otras seccionales, había un vecino policía, fue el primero que me pegó. Ponce, el jefe, tenía una escopeta, y me dice ‘no, vos no Chamorro’. Salen todos y se escuchaban los gritos de que los estaban matando a palos. Me dejaron para lo último, me precintaron las manos y ahí el vecino me empieza a pegar piñas en la cara, me desvanecí y ellos me levantaban para seguir pegándome”. Los diez presos quedaron todos boca abajo, mojados y en el piso del pasillo de la comisaría. Otra vez, pensaron que todo había terminado, pero no.

“Nos bajaron los pantalones a todos rompiéndonos la ropa. Nos empezaron a pegar en la cola, nos pateaban la cabeza, cuando salí tenía la marca de los borcegos en la cara. Nos dejaron ahí hasta las 8 de la mañana. Entre ellos se preguntaban ‘qué vamos a hacer’, porque venía el cambio de guardia”.  Pero no pararon, los pusieron en fila y querían obligarlos a chupar las partes íntimas del compañero de adelante, amenazándolos con más golpes. Hernán se negó “cómo nos íbamos a dejar verduguear así”.

Fue uno de los más lastimados porque se resistió más que el resto. “Nos empezaron a pegar con la cachiporra en las piernas y en las nalgas. Todos gritaban pidiendo que pararan, uno se hizo pis encima y lo empezaron a burlar. Nunca viví una cosa así. Sentí miedo. Cuando declaré en la fiscalía me di cuenta que era el subjefe porque era el único que tenía una cachiporra en la mano”.

Los policías no querían que los presos se durmieran, pero ellos se desmayaban. Chamorro se estaba ahogando con su propia sangre en el piso, y en eso levantó la cabeza. “Agarrá un fierro y matame”, les dijo. Ahí fue cuando más lo golpearon. De los pelos los levantaron para meterlos en la celda, les rompieron la parte superior de la ropa para dejarlos desnudos y les cortaron los precintos. Las celdas estaban vacías, sin colchones y sin sus pertenencias. “El subjefe nos empezó a pegar y quería que nos quedáramos en cuclillas en un rincón al lado de la cama, yo me senté porque no daba más y lo tomó como un desafío. Vinieron más policías de otras jurisdicciones, estábamos casi muertos hasta que fuimos rescatados. Necesitábamos ser escuchados, no teníamos teléfonos, encerrados en un espacio de 4 x 4, vinieron las familias y no le daban explicaciones”.

A la hermana de Hernán le dijeron que estaban incomunicados por mal comportamiento, no nos dejaban sacar esquelas (cartas). “Entonces uno de los compañeros empezó a gritar auxilio, a pedir que llamen al Comité contra la Tortura, llamen a derechos humanos que estamos todos golpeados, y los familiares empezaron a contarse entre ellos lo que había pasado”. Mientras tanto, dentro de la comisaría, los presos pidieron ayuda a las chicas encargadas, que no podían creer lo que había pasado, empezaron a filmarlos para que contaran todo. También pidieron mantas, analgésicos y un teléfono.

“Llegó Carlos de derechos humanos, las familias estaban alborotadas afuera pero nos habían prohibido las visitas y la comunicación, Carlos hizo de intermediario y aseguró que estábamos todos vivos”. Se refiere a Carlos Dalbioni, secretario de DDHH del municipio que se constituyó en la comisaría y constató el grave estado en que se encontraban las personas detenidas luego de la represión. “Queríamos que nos sacaran de ese lugar, no estábamos seguros. Las celdas estaban llenas de restos de gases y perdigones. Agarraron a uno y lo hicieron limpiar, yo junté algunos perdigones para darle al Comité y a la fiscalía. Vino alguien que no sabemos si era un policía que se hizo pasar por médico, nos miró a través de una reja. Esa fue la única asistencia que recibimos”.

“Fue importante la intervención del Comité contra la Tortura porque nos sacaron del lugar, hicieron posible el traslado y las acciones legales por la violación de nuestros derechos. Nos rescataron”, señala.  “Gracias al trabajo que hacen, salimos del lugar, hay una causa de la comisaría 2da, estoy muy agradecido por el trabajo que hacen desde hace años, que sigan haciéndolo”.

Confesó que “seguir viviendo es difícil después de esto, pasado un año uno siente miedo, pánico a veces, estoy intranquilo cuando veo muchos juntos del Servicio Penitenciario, ahora tengo problemas para hablar con mis compañeros, perdí esa chispa que tenía, la fluidez y la energía, quedé encerrado en mí mismo, no sé con quien hablar lo que viví. Estoy medicado, pero uno tiene que enfrentar solo todo esto. Mi familia también está intranquila porque son policías en definitiva, o tienen parientes en el Servicio Penitenciario, y tienen poder. Tengo miedo de que me manden a matar”.

Hernán no entiende qué querían demostrar, según él “si era para un escarmiento con una paliza alcanzaba, eso es lo normal. Esto fue tortura, no entiendo por qué ese ensañamiento con nosotros, maltrato alevoso, ya estábamos reducidos no hacía falta hacer todo eso, las obscenidades, no entiendo qué querían lograr”. Su deseo es que se haga justicia. “Si nosotros cometemos un crimen y nos hacen pagar, ellos también tienen que pagar, si lo hubiese hecho un civil estaría detenido y procesado, ellos creen que por tener poder son impunes, pertenecen al gobierno, piensan que nadie les va a decir nada, se lavan las manos. Quiero que paguen”.

Consultado sobre qué haría si tuviera al ministro de Seguridad o al juez delante suyo, dijo que le contaría toda su verdad. “Puedo hacer mi declaración una y otra vez y será la misma, pediría que se haga justicia. Por ser una fuerza pública piensan que van a zafar, que hagan justicia con esos policías. Nosotros tenemos que pagar nuestras condenas, así debería ser para ellos también”. Chamorro siente que las vidas de los detenidos valen menos. “Violan nuestros derechos humanos acá adentro, no son los mismos que valen afuera. Nos ven como los despreciados de la sociedad. Somos más vulnerables a todo tipo de maltrato y abuso de autoridad, acá nadie te escucha, los únicos que pueden intervenir son los del Comité, un juez o un defensor es un papel sin respuesta”.

El 11 de agosto el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ordenó la detención de los agentes de la Policía bonaerense Oscar Castillo y Sergio Aguilar, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica de documento público. Con esta resolución, son 5 los funcionarios policiales detenidos por los hechos ocurridos en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en la comisaría 2ª de Ensenada, ubicada en Punta Lara. La causa se inició a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El magistrado lo hizo en línea con el requerimiento de detención del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic describió en el requerimiento de detención que esa madrugada los efectivos de la policía bonaerense ingresaron a los calabozos disparando a quemarropa con postas de goma, detonando granadas de gas lacrimógeno y lanzando chorros de agua con alta presión en un contexto de completa oscuridad ya que previamente habían cortado la electricidad. Una vez que las personas estaban reducidas y se encontraban totalmente indefensos, los sacaron del calabozo de a uno y los obligaron a pasar en medio de dos hileras de policías, práctica de tortura conocida como “puente chino”, para seguir castigándolos con patadas y golpes con puños y objetos contundentes.

Luego los desnudaron, les sujetaron las manos por las espalda con precintos y los colocaron boca abajo con la cara contra el piso, encimados unos con otros. Allí continuaron los golpes mientras los amenazaban de muerte. Llegaron incluso a abusarlos sexualmente, apoyar y frotar la tonfa en las partes íntimas, los amenazaron con accederlos sexualmente con ella y los obligaron a que se besaran entre sí sus partes íntimas.

En su resolución, el juez Silva Pelossi valoró los testimonios de las víctimas y las pericias médicas que certificaron no sólo las lesiones físicas sino también la grave afectación psicológica. Asimismo, tanto la resolución del juez como el requerimiento del fiscal se destaca el informe elaborado por la CPM que, tras conocer los hechos, inspeccionó la comisaría, se entrevistó con las víctimas y presentó la denuncia penal que dio inicio a esta investigación. En ese momento, el organismo había presentado un extenso y detallado informe técnico con registro fotográfico de las múltiples lesiones que presentaban las víctimas.