Unos 4 mil efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegaron una violenta represión durante el desalojo de las familias que ocupaban, desde el 20 de julio, el predio en Guernica. Desconociendo el protocolo de la Corte bonaerense, el operativo comenzó de madrugada cuando cortaron el suministro eléctrico y cercaron el terreno; con luz diurna avanzaron derribando y quemando casillas, disparando balas de goma, golpeando e insultando a las personas desalojada con agresiones racistas y xenófobas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyó en el lugar presentó un habeas corpus colectivo por las 37 personas que fueron aprehendidas y trasladadas visiblemente golpeadas a la DDI de La Plata, donde también estuvo la CPM.

ANDAR en Guernica

(Agencia Andar) “El 18 de Septiembre, le alertamos a que los desalojos forzosos son efectivizados por personal policial y que podemos dar cuenta que en su mayoría culminan con lesiones de gravedad, detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos sobre quienes se encuentran en el predio. Circunstancias que se sucedieron en el día de hoy”, dice el habeas corpus presentado por la CPM ante Martín Rizzo, el titular del Juzgado de Garantías N 8 de La Plata que ordenó el desalojo del predio ocupado desde el 20 de julio por más de 2.500 familias; de ellas, entre 600 y 800 personas permanecían en el lugar.

La Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó unos 4 mil efectivos para el procedimiento de lanzamiento que comenzó durante la madrugada de hoy. El Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad de la Corte bonaerense ordena realizar el operativo con luz diurna; sin embargo, cuando todavía era de noche, los efectivos de seguridad cortaron el suministro de luz e ingresaron al predio, cercando a las familias que quedaban sosteniendo la toma y que, durante estos más de tres meses, se sentaron en todas las mesas de diálogo para buscar una solución pacífica.

Ya con luz diurna, el cerco policial comenzó a avanzar contra los vecinos y vecinas de la toma, derribando y quemando las casillas, y desplegando una violencia desmedida sin atender a la presencia de grupos particularmente vulnerables: niños/as, mujeres, adultos/as mayores y personas con discapacidad. En su avance, ante la resistencia de las familias, los policías lanzaron gases lacrimógenos y dispararon con balas de goma. Además, hubo violencia física y una inusitada agresión verbal por parte de los uniformados con insultos racistas y xenófobos.

En las pruebas fotográficas y audiovisuales presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el habeas corpus se pueden constatar estas violencias descritas, las lesiones ocasionadas y otros actos irregulares como oficiales de la policía hombres aprehendiendo a mujeres. En uno de los videos también puede verse cómo oficiales obligan a bajar a un hombre de su bicicleta, a pesar de no estar realizando ningún tipo ilícito, lo golpean con la tonfa y lo aprehenden.

Los videos y las imágenes posteriores también son elocuentes sobre la destrucción de las precarias viviendas: las fuerzas de seguridad las derribaron y quemaron, en muchos casos, sin la posibilidad de que sus ocupantes retiren sus pocas posesiones.

El violento operativo terminó con, al menos, 37 personas aprehendidas, muchas otras con heridas leves atendiéndose en los centros de salud cercanos.

La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, estuvo presente en el lugar para registrar los hechos y salvaguardar los derechos y garantías de las personas desalojadas. Junto al secretario de la CPM Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio, estuvieron también en el predio monitoreando la situación representantes de la Gremial de Abogados, que se encuentran patrocinando a las familias desde el primer momento, HIJOS La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, el Servicio de Paz y Justicia y el CeProDH.

A partir de esa intervención, se presentó el habeas corpus ante el Juzgado de Garantías interviniente para que se dispongan medidas de protección inmediatas y urgentes sobre todas las personas aprehendidas durante el desalojo, se cumpla con las salvaguardas mínimas para evitar hechos de torturas mientras se encuentran bajo custodia policial y se garantice para todas ellas la atención y revisación médica independiente.

Las personas aprehendidas por los delitos de usurpación, atentado y resistencia a la autoridad fueron alojadas, durante la mañana, en una carpa que se montó en el mismo predio y luego trasladas a la DDI de La Plata. Entre las 37 aprehensiones, había una chica de 17 años que recuperó la libertad cuando llegó a La Plata e intervino una funcionaria del fuero juvenil. El resto de las personas fueron liberadas alrededor de las 5 de la tarde.

La CPM también se constituyó en la DDI de la capital provincial para constatar la integridad de las personas trasladadas a la sede policial y donde corroboró la presencia de múltiples lesiones productos el brutal ataque.

El habeas presentado durante la mañana también alcanzaba a cinco personas que tenían paradero desconocido desde el momento de la represión. Sin embargo, en las horas posteriores fueron hallados.

Al mismo tiempo que organismos de derechos humanos se constituían para salvaguardar los derechos y garantías de las personas desalojadas, los tres fiscales que solicitaron el lanzamiento, Juan Cruz Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, publicaban una selfie desde el predio, mientras a sus espaldas se veía el avance policial y las columnas de humo de las casillas incendiadas.

En expresiones a medios de comunicación, los fiscales habían sostenido en los últimos días que ya habían hecho todo y estaban “listos” para que se proceda con la orden judicial; incluso, en las horas previas al desalojo, el Juez de Garantías Martín Rizzo había rechazado un pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense para posponer, por condiciones climáticas, hasta el próximo lunes.

La orden judicial terminó realizándose cuando, todavía, había un diálogo abierto en el marco de la mesa interinstitucional y predisposición por parte de los delegados y delegadas de la toma para llegar a una resolución pacífica del conflicto y que atienda la cuestión de fondo: la falta de viviendas para las más de dos mil familias que, en condiciones de extrema vulnerabilidad, sostenían la toma desde el 20 de julio.

Para ese reclamo de tierras para vivir, sólo hubo medidas de transición. Hasta hoy que se respondió con un violento desalojo. «Luego de tres meses de conflicto por la toma de tierras en Guernica, la resolución dispuesta fue la peor: violencia, represión y más vulneración de derechos», señaló la CPM en una declaración esta tarde.