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DOS PROYECTOS DE LEY DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL Rechazan en Tierra del Fuego la privatización de servicios en cárceles y la injerencia provincial en materia de narcotráfico

Por ldalbianco
10 junio, 2024
1212
0

La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande alerta un riesgo para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la provincia de Tierra del Fuego en caso de que se apruebe el proyecto de ley para privatizar servicios esenciales en las instituciones penitenciarias locales. También rechaza otro proyecto legislativo por el que la Provincia podría participar de la persecución de delitos vinculados a estupefacientes, materia de competencia federal. “Con la desfederalización de la ley de estupefacientes se agravaría incluso más la sobrepoblación carcelaria y se confundirían procesos muy distintos como el consumo y venta al menudeo con el narcotráfico y los delitos graves vinculados a ese sistema”, afirmó a ANDAR uno de los referentes de la Multisectorial, José Piñeiro.

ANDAR en Tierra del Fuego

(Agencia) La provisión de comida a las personas detenidas en cárceles provinciales, el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carcelaria, las tareas de seguridad y control y las actividades culturales y educativas que allí se brindan podrían pasar a manos privadas en caso de prosperar el proyecto de ley que en los últimos días comenzó a tratar la comisión 6 de justicia y seguridad, relaciones institucionales, seguimiento legislativo y derechos humanos de la legislatura fueguina.

Al mismo tiempo, otro proyecto de ley en trámite ante la misma comisión parlamentaria, también presentado por el bloque Movimiento Popular Fueguino, busca habilitar la intervención del sistema penal provincial (justicia y fuerzas de seguridad) en la persecución de delitos contemplados en la ley nacional 23737 de estupefacientes lo que -en opinión de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande- redundará en más vulneraciones a los derechos humanos y en el crecimiento exponencial de la población encarcelada.

En diálogo con ANDAR, uno de los referentes de la Multisectorial, José Piñeiro, destacó que “respecto a la ley sobre la habilitación de ingreso de empresas a las cárceles de la Provincia, ya hay experiencias en países vecinos (Brasil, Chile y México) con resultados negativos en cuanto a los problemas a los que venían a resolver, más allá de que desde una perspectiva de derechos de las personas encarceladas entendemos que el sistema se encuentra efectivamente en crisis”.
“Compartimos el diagnóstico de que el sistema penitenciario se encuentra en una profunda crisis por graves problemas sanitarios y de falta de atención médica, falta de provisión de alimentos, deficiencias de infraestructura y de mantenimiento entre otras cuestiones que son comunes o similares a las de otras provincias, pero esta iniciativa abre una puerta peligrosa que es la de la privatización de servicios y prestaciones que hacen a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Entonces, lejos de garantizar esos derechos lo que podría suceder es la aparición de negociados particulares”, amplió Piñeiro.

El cuestionamiento de la Multisectorial de Río Grande se enmarca en un sistema penitenciario que cuenta con poco más de 300 personas privadas de la libertad, con un presupuesto que no es bajo en comparación con otras jurisdicciones provinciales y que aun así presenta graves falencias y vulneraciones a los derechos.

En las dos ciudades más grandes de Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande, funcionan dos cárceles con capacidad de alojamiento similar (cupos de entre 60 y 80) y con una sobrepoblación también parecida: casi el doble en cada una de esas cárceles provinciales. Sumado a esto, en la capital provincial funciona una alcaidía en la planta superior del edificio de la Jefatura de Policía donde también se registran hacinamiento y el resto de los problemas mencionados.

“Es una receta que lejos de traer algún tipo de soluciones va a profundizar los problemas que ya tenemos”, enfatizó Piñeiro.

Por otra parte, respecto al proyecto de ley sobre desfederalización y adhesión a la ley nacional 23.737, la Multisectorial considera que la mayoría de las detenciones producidas en las provincias donde se avanzó con iniciativas de ese tipo fueron por intervención policial directa, sin orden judicial alguna. Esto es, “apuntando fundamentalmente, a la persecución de consumidores y no a las personas que estuvieran relacionadas con organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes, mucho menos a quienes financian dichas organizaciones”.

Así fue el caso en la provincia de Buenos Aires, la desfederalización en materia de drogas no ha mejorado la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, la persecución se centró en los últimos eslabones de las cadenas delictivas, atrapando a consumidores y pequeños comerciantes muy pobres que contribuyeron a la sobrepoblación del sistema penitenciario. A esto debe agregarse que la Policía se entramó con las redes del narcotráfico para facilitar o potenciar su desarrollo.

“Por todo esto, pedimos a las legisladoras y los legisladores que vayan a resolver sobre dichas cuestiones que tengan en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene nuestra comunidad; sacando el foco de proyectos que solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”, concluyeron desde la Multisectorial riograndense.

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