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Home›Justicia›SE TRATA DEL DIRECTOR DE LA GUARDIA URBANA Probation para un funcionario municipal de Ramallo imputado por apología de delitos de lesa humanidad

SE TRATA DEL DIRECTOR DE LA GUARDIA URBANA Probation para un funcionario municipal de Ramallo imputado por apología de delitos de lesa humanidad

Por ldalbianco
16 mayo, 2022
1816
0

En enero del 2021, el director de la Guardia Urbana de Ramallo, Eduardo Luna, realizó un posteo en su cuenta de Facebook reivindicando el terrorismo de Estado; ese pronunciamiento fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Consejo municipal para el control de la violencia institucional, y el fiscal federal Matías Di Lello inició de oficio una causa penal por apología de delitos de lesa humanidad. El juez Villafuerte Ruzo lo procesó pero, antes de llegar a juicio oral, el fiscal acordó una probation: Luna deberá realizar tareas comunitarias, visitar  el espacio para la memoria ex ESMA y realizar un curso en derechos humanos. A pesar de la denuncia, el funcionario sigue en el mismo cargo que ocupa desde hace más de 5 años.

ANDAR en Ramallo

(Agencia Andar) En la imagen se ve un falcón verde y un avión militar, debajo la frase “La dupla perfecta”, el posteo va acompañado de otra consigna: “Esta es la solución. Con un año alcanza”. La publicación, realizada por Eduardo Luna el 17 de enero de 2021 en su Facebook personal, es una reivindicación del aparato represivo del Estado puesto en marcha durante la última dictadura militar.

En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Consejo municipal para el control de la violencia institucional denunciaron públicamente el hecho y mandaron una nota al Intendente y el Concejo deliberante de Ramallo para que se inicie un sumario administrativo contra el funcionario municipal.

En ese momento, la CPM señaló que la publicación representaba la exaltación de dos símbolos siniestros y de la desaparición forzada como modus operandi, que implicó secuestros ilegales de personas, su tortura sin límites en los centros clandestinos de detención y su eliminación mediante los vuelos de la muerte.

Ante la repercusión de este pronunciamiento, el fiscal federal Matías Di Lello inició de oficio una causa penal por apología de delitos de lesa humanidad. Eduardo Luna fue citado a indagatoria y se negó a declarar, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo lo procesó y el fiscal pidió la elevación a juicio oral de la causa.

Sin embargo, para evitar el juicio penal y una posible condena, Eduardo Luna solicitó la probation con el compromiso de hacer trabajo comunitario durante un año en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramallo y donar cuatro cajas de barbijos. El fiscal Di Lello pidió, además, que el imputado realice un curso en derechos humanos y que visite el espacio para la memoria ex ESMA.

En su resolución, el fiscal sostuvo que la publicación de Luna “implica la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en nuestro país durante la última dictadura cívico militar que gobernó entre los años 1976/1983, mediante la exaltación de dos medios utilizados por el aparato organizado de poder para llevar adelante un ataque sistemático y generalizado contra una población civil”. Delitos que fueron probados y siguen siendo condenados por la justicia federal.

Ahora, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo deberá definir si acepta o no el acuerdo propuesto por el fiscal.

Eduardo Luna fue designado director de la Guardia Urbana de Ramallo en 2016 por el intendente Juan Carlos Maciel. A pesar de la denuncia, el procesamiento y la decisión de la justicia, Luna sigue en el cargo.

“Es inadmisible que una persona que reivindica estos crímenes contra la humanidad, esté cumpliendo funciones en un gobierno constituido democráticamente. […] Preocupa además que Luna sea una de las personas que dirige las políticas de seguridad en el municipio y conduce la Guardia Urbana. Nombrar o mantener en tal función a quienes detentan un pensamiento autoritario extremo y no son afectos al cuidado de la sensibilidad de las víctimas y de la sociedad toda, no contribuye a consolidar el estado de derecho”, había señalado la CPM en una declaración publicado tras conocerse el hecho.

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