Este martes estaba previsto, a instancias del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Plata, el inicio del debate por los graves delitos cometidos entre agosto de 2015 y marzo de 2016 por personal policial de la subcomisaría de Domselaar sobre cinco mujeres y dos varones allí alojados. Sin embargo, en pocos minutos el juicio fue suspendido a raíz de un error del tribunal que fue aprovechado por las defensas: como la causa contempla –entre otros- el delito de torturas, la expectativa de pena es alta y eso implica que los imputados debieran haber tenido la oportunidad de optar por un debate oral con jueces técnicos o uno por jurados. Ante el requerimiento de esta última opción, el tribunal no tuvo más alternativa que concederla y suspender el debate. Para la CPM, que patrocina a las víctimas, esta causa permite visibilizar la forma en la que se ejerce la violencia en los lugares de encierro sobre el cuerpo de las mujeres.

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(Agencia) Pasaron más de 10 años desde los hechos que se investigan en la causa y, por un error procesal, las víctimas deberán seguir esperando para establecer la verdad y alcanzar la justicia.

En efecto, luego de elevación a juicio producida en 2020 –justo en los momentos más álgidos de la pandemia-, el TOC 1 de La Plata debía convocar a las partes a una audiencia especial en la que los imputados hubieran podido optar por enfrentarse a un juicio frente a un tribunal técnico o por jurados.

Pero esa audiencia nunca se realizó y en ningún momento la reclamaron las defensas de los siete imputados, probablemente con la intención de obtener –como finalmente ocurrió- una nueva oportunidad para dilatar el juzgamiento de sus asistidos.

Es que la causa que fue elevada a juicio contempla ocho casos con distintos imputados, delitos y períodos de fechas en los que se produjeron, y uno de esos hechos investiga la comisión del delito de torturas que implica una expectativa de pena de hasta 25 años.

Esto abre la posibilidad de que los imputados por ese delito puedan elegir someterse a un jurado popular en vez de ser juzgados por un tribunal técnico, y en tal caso se “empuja” al resto de los imputados a la misma modalidad de debate oral y público.

De allí que este martes, a los pocos minutos de la jornada inicial, las defensas alertaron sobre el error procesal que arrastró la causa durante los últimos años y exigieron que sus asistidos fueran sometidos a un juicio por jurados.

Tras deliberar, los magistrados del TOC 1 de La Plata reconocieron que la pretensión era legítima por lo que decidieron suspender el juicio y dar comienzo al proceso de un juicio por jurados, que ya comenzó con el sorteo de uno de los magistrados para que oficie como juez técnico –será el juez Ramiro Fernández Lorenzo- y continuará con el establecimiento de una fecha para la apertura del juicio.

“Una serie de errores involuntarios (…) conllevaron a que este órgano, al momento de radicar y citar a juicio, lo hiciera según el alcance dado por el Juzgado de Garantías en el auto de elevación a juicio, el cual se circunscribía a imputaciones que no superaban los 15 años de pena privativa de libertad y, por lo tanto, resultaban ajenas a la competencia de un tribunal de jurados”, admitió el propio tribunal al día siguiente de la suspensión.

En este sentido, la CPM –que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura representa legalmente a las víctimas- exigió al TOC 1 de La Plata que, en virtud de los más de 10 años transcurridos desde los hechos que se investigan y la impunidad que han gozado hasta hoy los imputados, se le imprima la máxima celeridad al trámite judicial. Esta solicitud fue receptada por los magistrados y la incorporaron textualmente a la mencionada resolución.

Un reflejo de la violencia sobre las mujeres en el encierro

La causa se inició a raíz de una denuncia de la CPM luego de una jornada de monitoreo llevada a cabo en aquella dependencia y en la que también se relevaron condiciones de aislamiento extremo, falta de comida y de asistencia médica.

A raíz de las entrevistas mantenidas en confidencialidad con las víctimas, la CPM pudo establecer a comienzos de marzo de 2016 un escenario de extrema gravedad y sistematicidad en términos de vulneración de derechos: al menos desde siete meses antes de la inspección, las detenidas habían sufrido agresiones físicas, psicológicas y verbales, y el hostigamiento permanente por su condición de mujer.

“Bájennos a Fiscalía. Recién nos dijeron que no habláramos de nada. Por favor no podemos hablar”, decía el papel que una de las detenidas en la subcomisaría de Domselaar le había entregado a un integrante de la CPM.

Ese día cinco mujeres de entre 20 y 30 años estaban alojadas todas juntas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médicos ni recibían alimentos, y permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo.

La denuncia penal reconstruyó, con los años, una gran cantidad de delitos cometidos por siete funcionarios policiales –entre ellos, dos agentes mujeres-, y en 2019 la fiscalía 7 de La Plata a cargo de Virginia Bravo pidió la elevación a juicio al considerar que existían pruebas suficientes –testimonios de las víctimas, exámenes médicos, informes psicológicos, registros de los libros de guardia y ruedas de reconocimiento con resultados positivos- para la resolución del proceso judicial a través del debate oral.

Como ya se mencionó, en el juicio se ventilarán las responsabilidades penales por ocho hechos, que incluyen: privación de alimentos y de visitas, insultos degradantes y tocamientos abusivos; robo de pertenencias; sanciones degradantes, como obligar a una mujer a limpiar un inodoro con una tapita; golpes y lesiones con agua caliente provocadas sobre un hombre que había sido alojado en esa subcomisaría; golpes sobre otro hombre detenido, con el fin de obligarlo a dar una determinada información.

También se investiga el abuso sexual agravado, padecido en reiteradas ocasiones por una mujer a quien le sacaron fotografías y manosearon durante el tiempo en que estuvo en la dependencia policial; intimidación y hostigamiento sobre varias de las detenidas para que no denunciaran ante la CPM los casos de abuso y violencia padecidos; y los insultos, acoso sexual y trato denigrante que incluyó el uso de pirotecnia en el interior del calabozo donde se alojaban cuatro mujeres (este último hecho ocurrió durante la noche del 31 de diciembre de 2015).