Se trata de personas que son hijas, nietas o familiares de los habitantes del barrio, y que en su gran mayoría han vivido toda su vida en las inmediaciones del predio fiscal que permanece abandonado, descuidado y sin un destino previsto. A pesar de las tres reuniones realizadas en el marco de una mesa de diálogo de la que participó la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos, entre ellos la CPM, las familias aún no obtuvieron avances en la promesa de un plan de urbanización por lo que resolvieron, por segunda vez en un año, tomar los terrenos (ya lo habían hecho el año pasado, pero fueron reprimidos y desalojados). Media hora después apareció la policía y realizó el desalojo, nuevamente sin orden judicial.

ANDAR en La Matanza

(Agencia) A fines de 2021 ocurrió la primera toma de terrenos fiscales situados en el barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, La Matanza, y las familias decidieron nombrarlo 1 de Noviembre con motivo de la fecha de la toma de posesión. Las más de 400 personas lograron el compromiso del gobierno local para articular la mercadería para los cinco merenderos del barrio, compartir un informe catastral de las tierras ociosas y conformar una mesa de diálogo para llegar a una resolución pacífica del conflicto.

Lo único que se cumplió en tres oportunidades fue la mesa de diálogo pero en ninguna ocasión se arribó a una resolución definitiva y clara respecto a la demanda de acceso al hábitat. En su lugar, se produjo en la madrugada de aquel mismo 1 de noviembre un sorpresivo e ilegal desalojo policial (los efectivos aludieron a una orden que nunca se exhibió ni confirmó) que se repitió el 24 de diciembre con otras 12 familias que se habían asentado en los terrenos baldíos.

Ya en septiembre de 2022, hace algunas semanas, fueron incendiados por segunda vez los merenderos a los que asisten centenares de niñas y niños a realizar actividades recreativas (el espacio funcionaba como espacio de recreación y comedor).

Este es el contexto por el cual las familias volvieron a intentar la ocupación de los terrenos durante la mañana del 5 de octubre, pero una vez más –y con sólo media hora desde el inicio de la toma- apareció la policía bonaerense para llevar a cabo el desalojo. A pesar de que se realizó sin represión ni detenidos la acción policial no fue ordenada por una fiscalía.

Cabe destacar que la CPM, a través de su delegación en La Matanza, acompañó a las familias frente al accionar policial y ahora evalúa una presentación formal ante la fiscalía interviniente a fin de establecer la legalidad o no del procedimiento y, eventualmente, formular las denuncias pertinentes.