En el marco de un ciclo de charlas por el segundo aniversario de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó el conversatorio “Del dolor a la lucha”, que reunió a Nora Cortiñas con madres de las masacres de Pergamino, Echeverría, San Miguel del Monte y la más reciente el caso de uso letal del patrullero en San Nicolás. Cuatro masacres, 23 víctimas fatales: la organización y lucha de las familias, el único camino para impulsar las causas y torcer la impunidad policial. “Buscar la justicia, buscar la verdad, esa es nuestra forma de tenerlos presentes”, dijo la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM.

ANDAR en la organización

(Agencia Andar) Este domingo 15 de noviembre se cumplen dos años de la peor masacre ocurrida en comisarías bonaerenses: diez personas murieron tras un incendio en el calabozo 1 de la comisaría 3ª de Transradio, Esteban Echeverría. Al momento del hecho, la dependencia policial tenía vigente siete órdenes de clausura, todas desoídas por la misma justicia y el gobierno provincial. No había colchones ignífugos ni red de prevención de incendios y los matafuegos tenían la carga vencida. Antes de la clausura de los calabozos, la comisaría había informado que tenía cupo para alojar diez personas, el día de la masacre había 26.

A dos años del hecho, la causa no tiene ningún imputado. “Estamos esperando que la causa avance, que el fiscal nos dé una respuesta y que sea justo con nosotras”, dijo Mariela Corvera, hermana de Carlos, una de las diez víctimas de la masacre, durante el conversatorio “Del dolor a la lucha”.

La causa tramita en la UFI 4 de Lomas de Zamora; a pesar de ser una fiscalía especializada en violencia institucional, en los primeros meses de instrucción el fiscal Fernando Semisa intentó cerrar la causa diciendo que los responsables habían sido los propios detenidos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocina a nueve de las diez familias víctimas, pidió su recusación pero fue rechazada por el juez. Desde entonces, es la querella la única que impulsa las medidas de prueba: con los testimonios recolectados en el expediente judicial se pidió el llamado indagatoria del entonces Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el ex Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Fabián Perroni; el fiscal Semisa sigue sin llamarlos.

“Cuesta mucho, pero acá seguimos”, dice Matilde Rojas, mamá de Elías Soto, otras las víctimas de la masacre de Esteban Echeverría. “Seguimos luchando, transitando este camino. Hubo gente que nos enseño y nos alentó a seguir, porque nosotros no entendíamos lo que estábamos pasando. Al principio nos creímos la versión oficial, que fue un motín, que se quisieron escapar y con el correr de las horas me di cuenta que no podía ser, que mi hijo no podía quedar eso. Acá hay otra cosa, empezamos nuestro camino y nos fuimos enterando que la comisaria no podía alojar personas, que los matafuegos estaban vencidos”.

En la madrugada del 15 de noviembre, luego de una discusión por el volumen de la radio, los policías cortaron la electricidad del calabozo y con ello también el suministro de agua. Los detenidos protestaron pero no fueron escuchados, prendieron fuego un pequeño trozo de colchón, pero por la situación de hacinamiento, eran doce personas en una celda de 5,30 metros por 3,60, los colchones no ignifugos, los bolsos con ropa de los detenidos, el fuego creció rápidamente.

“No era la primera protesta, ellos venían reclamando hace días, ellos estaban amontonados, no les pasaban la comida, a los familiares nos maltrataban pero nos callábamos para que no les pase nada a ello, para que no tomen represalias contra ellos. Nos callamos para que no les pasara nada y les pasó igual”, lamenta Mariel Corvera.

Entre las personas que Matilde reconoce les enseñaron y alentaron a seguir, están las madres de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino, ocurrida sólo un año y ocho meses antes. “Sentimos la necesidad de acompañarlas desde el primer momento, porque habíamos pasado lamentablemente por la misma situación, la misma masacre. Como ellas, yo tampoco sabía qué hacer, estaba velando a mi hijo y no me di cuenta que me lo habían matado”, recordó Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, una de las siete víctimas.

En diciembre de 2019, el TOC N 1 de Pergamino condenó con penas de entre 6 y 15 años a seis policías; sólo dos de ellos cumplen la pena en cárcel. “El día de la sentencia tuve un sabor amargo, sentimos la injusticia de la justicia, la injusticia de un poder judicial, que tiene una vara muy distinta según quién esté en el banquillo de los acusados, cuando están los funcionarios del Estado son más benévolos”.

El 20 de mayo del 2019 ocurrió la masacre de San Miguel del Monte, la tercera durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires: la persecución policial y los disparos contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes: cuatro murieron, sólo sobrevivió Rocío, que tenía en ese momento de 14 años. La causa principal próxima a elevarse a juicio tiene 13 imputados (12 policías y un funcionario municipal), cuatro de ellos por homicidio y el resto por encubrimiento.

“Una de las cosas que me quedó desde el principio fue esta idea de formar el dolor en lucha, eso es lo que define todo el camino, un camino difícil. Esto y la importancia de entender que se trata de una lucha colectiva”, contó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

El pasado 1º de junio, alrededor de las 3 de la madrugada, en otra persecución policial, un patrullero sin las sirenas ni luces azules prendidas se cruzó de carril, a contramano, para interceptar el paso de la moto en la que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial; impactaron sobre el costado izquierdo del patrullero, salieron despedidos y golpearon contra el asfalto: Ulises murió casi en el acto; Ezequiel falleció después de estar internado casi cuatro días en grave estado. Por estar incumpliendo la cuarentena y por temor a que le secuestren la moto que usaba para trabajar, Ezequiel había esquivado un control policial.

“Las pericias mecánicas comprobaron la dinámica del impacto y, de los celulares secuestrados a los policías, se recuperó un mensaje en donde decían que ‘lo iban a hacer pasar como un accidente’. Están las pruebas a favor de las víctimas pero el fiscal todavía demora resoluciones y los policías que iban en ese patrullero siguen cumpliendo sus funciones como si nada”, detallo Verónica Arias, madre de Ulises.

“Cada día que pasa es una lucha distinta. Tengo un nene que va a cumplir 12 años y me dice no voy a tener a Eze, tampoco va a tener a su abuelo. En esos meses, mi padre murió, no aguantó perder a su nieto. Es desgastante, no sé cómo vamos a llegar, pero no vamos a parar hasta encontrar justicia”, agregó Sandra Corbalán.

Cuatro masacres ocurridas en poco más de tres años, 23 víctimas fatales, la mayoría de ellas jóvenes. Una justicia dispar que, en los casos de violencia institucional, casi siempre suele seguir la versión policial.

“Hay una causa que no se puede dejar que es la búsqueda de justicia. Tenemos que seguir luchando para demostrar que no queremos vivir bajo la impunidad, que no podemos acostumbrarnos a ninguno de estos delitos atroces cometidos por el Estado”, señaló sobre el final del conversatorio la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiás. “Mientras tengamos fuerza no vamos a parar de buscar la justicia, buscar la verdad, esa es nuestra forma de tenerlos presentes”, cerró.