En los últimos días cerca de 40 mil personas recibieron cartas documentos procedentes de la Agencia nacional de discapacidad donde se las intima a iniciar un trámite urgente: el certificado médico obligatorio digital en el centro de salud más cercano al domicilio. La carta tiene una condición y es que “el no cumplimiento de este trámite es bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”. Es decir, si el trámite no se realiza, la ANDIS dará de baja las pensiones. Desde el Frente nacional por la salud de las personas con VIH repudiaron esta medida y manifestaron una profunda preocupación por las acciones del gobierno nacional.

ANDAR en la salud

(Agencia/ Fundación GEP) La Fundación GEP,  junto a las organizaciones del Frente nacional por la salud de las personas con VIH, presentó una carta ante la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de Santiago Ibarzábal para solicitar que dicho organismo se abstenga de implementar tales medidas por considerar que son maniobras perversas y especulativas dada la inaccesibilidad de muchas personas a poder realizar un trámite digital. A su vez solicitan derogar las resoluciones que crean estas solicitudes nuevas y manifestaron públicamente el repudio ante la situación que están viviendo las personas con VIH que cobran pensiones no contributivas.

Una pensión no contributiva en abril de 2019 equivale a $7280, siendo la canasta básica alimentaria de $11.117. Para muchas personas que viven con VIH la pensión es su único ingreso. “Las personas que viven con VIH cobran pensiones porque el sistema en el que vivimos es discapacitante: no conseguimos trabajo o nos echan cuando conocen nuestro estado serológico. Por eso denunciamos que la ANDIS no hizo público un listado accesible, completo y federal de los centros de salud que realizan el trámite en todo el país ni puso a disposición de lxs beneficiarixs una campaña que facilite el acceso a la información con personal interdisciplinario capacitado”, expresa el comunicado publicado hoy en su portal.

“Quise llamar a la Dirección y nadie supo decirme qué hacer. Me acerqué al centro de salud más cercano a mi casa, y lxs médicxs no sabían qué era lo que tenían que hacer. Decían que no habían recibido ningún instructivo para poder hacer el certificado. Están especulando con la gente. Así lxs que no podamos completar el trámite nos vamos a quedar sin pensiones. Y para muchxs de nosotrxs es el único ingreso que tenemos para vivir”, dijo María Sánchez, que vive con VIH en el conurbano y recibió la carta.

“No podemos permitir un atropello de esta magnitud. Están especulando con derechos adquiridos, con la vulnerabilidad de las personas con VIH. Muchxs cobran pensiones porque el sistema no les ofrece otra alternativa; los echan de los trabajos o ni siquiera les permiten acceder. Eso es revictimización de las personas, es volverlxs a exponer a situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no ofrece respuestas ni alternativas de calidad”, expresó José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.

En Argentina la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional (ley 27.044), por lo que la aplicación de sus normas y principios resulta ineludible en todo acto público, como el dispuesto por las resoluciones 39/19 y 44/19. “No poder acceder a un derecho adquirido, como es la pensión no contributiva, por no poder cumplir con una intimación que es imposible de realizar –muchos hospitales y centro de salud no poseen internet, hay falta de insumos médicos, recortes presupuestarios en recursos humanos- es inaceptable e implica el desconocimiento de los derechos de las personas: agravan la situación de vulnerabilidad”, concluyeron.