(CPM) Una vez más asistimos como sociedad a un insistente bombardeo de mensajes sobre la inseguridad en Argentina, reavivado al calor de la denominada lucha contra el narcotráfico y el delito. De un lado y otro, la dirigencia política promueve y exhibe un conjunto de ideas que pretenden imponerse como soluciones rápidas y eficaces: el uso de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el delito, la utilización de las pistolas taser, el modelo de inhabilitación carcelaria o la baja de edad de punibilidad.

Son ideas demagógicas y de probada ineficacia. La utilización de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico no sólo ha demostrado con creces su fracaso en otros países como México o Colombia -donde provocó la corrupción y degradación de estas fuerzas-, sino que elude la histórica necesidad de una profunda revisión del sistema penal y la política de seguridad.

Además, esta propuesta desconoce una parte fundamental de la historia reciente y legislación de nuestro país: las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad respecto de la defensa nacional y la seguridad interior están claramente divididas en el marco del Estado de derecho. La prohibición de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos.

Las recetas mágicas que hoy se promueven desde la oposición, y que paradójicamente se traducen en políticas de Estado, hacen que se vean seriamente amenazados los marcos institucionales y legales que dan sustento a nuestra democracia.

También las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni que reclamó copiar la política criminal del presidente de El Salvador Nayib Bukele, habilitar el uso de las pistolas taser y bajar la edad de punibilidad atentan contra esta institucionalidad.

Las políticas represivas de regímenes autoritarios como los del salvadoreño Bukele, que lanzó una campaña cinematográfica a nivel mundial promocionando mega cárceles en el modelo de la inhabilitación de las personas –contrario al modelo resocializador que debería cumplirse en Argentina–, seducen rápidamente a funcionarios y políticos que selectivamente no hablan de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país centroamericano ni de los pactos del gobierno con los cabecillas de las maras a las que dice combatir.

Las políticas de seguridad no son un espectáculo para consumo masivo y todo funcionario o referente político debe ser responsable a la hora de hacer declaraciones públicas y no subirse a discursos demagógicos que reclaman algunos sectores de la sociedad, centralmente porque no cambian nada y producen desastres difíciles de rectificar.

Advertimos con profunda preocupación que este discurso político, que promueve una solución más violenta que la violencia que pretende combatir y que claramente genera condiciones para la vulneración indiscriminada de los derechos fundamentales de las personas, se haya convertido en el discurso hegemónico del sistema político argentino, donde cada vez resulta más improbable que emerjan y se construyan alternativas dentro del Estado de derecho. Porque cuando el Estado enfrenta la complejidad y conflictividad social con más violencia, la sociedad se torna más violenta y autoritaria.

La compra y uso de pistolas taser, un elemento de tortura que se presenta falsamente como fundamental para luchar contra la inseguridad, o la baja de edad de punibilidad contra jóvenes vulnerados en sus derechos, que también se presenta falsamente como solución, tampoco resolverán los problemas que se quieren enfrentar.

Mientras tanto, no se revisan las causas profundas de la alta conflictividad social y mucho menos una política criminal que durante los 40 años de democracia ha legitimado un sistema penal punitivista donde perseguir, encerrar y castigar a los eslabones más débiles de la cadena delictiva parece ser la única razón del Estado. Como contracara de todo esto, sectores cada vez más grandes de nuestra sociedad son sometidos a la desigualdad, la exclusión, la injusticia y la violencia. Los países con menos delitos son los países más igualitarios y con más inclusión social.

Paradójicamente mientras se invierten sumas siderales en el poco efectivo control del narcotráfico, muy poco se invierte en la atención de las personas con consumos problemáticos.

Desde la CPM hacemos un llamado urgente a la dirigencia política argentina, a los tres poderes del Estado y a las organizaciones más plurales y diversas de la sociedad civil, para desarrollar y sostener políticas sustentadas en la plena vigencia de los derechos humanos.

A 40 años de democracia no podemos permitir que estas ideas autoritarias se nos impongan de modo unívoco sin alertar sobre su gravedad. De lo contrario será la misma democracia la que se ponga en juego.