El Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza hizo lugar al pedido de la fiscalía temática de homicidios y elevó a juicio la causa por el asesinato de Lucas Verón, el joven asesinado por la policía bonaerense el día de su 18º cumpleaños. A la espera del sorteo del tribunal, la defensa de los imputados Ezequiel Benítez y Cintia Duarte solicitaron la prisión domiciliaria. En paralelo también avanza la investigación judicial que investiga las responsabilidades de funcionarios policiales que, en los momentos posteriores al asesinato, pretendieron encubrir a sus compañeros de fuerza. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de Lucas.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) Este lunes, pocos días después de cumplirse dos meses del asesinato de Lucas Verón, su mamá Graciela declaró en la causa por el encubrimiento y las irregularidades e ilegalidades en la actuación policial y judicial tras el hecho. “Esa noche, cuando veo a mi hijo herido, ya no recuerdo más, fue entrar en una ceguera de tristeza y nervios”, dijo ante los fiscales Fernando Amador López y María Julia Panzonni de la Ayudantía fiscal de gravedad institucional de La Matanza.

Mientras se avanza con las medidas de prueba en este expediente, el tramo central de la causa que investiga el ataque policial ya fue elevado a juicio. La semana pasada, la titular del Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, Mary Castillo confirmó la elevación a juicio solicitada por los fiscales Fornaro y Borghi y envío el expediente a la Cámara de Apelaciones para que se designe el tribunal oral. Los policías de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Benítez y Cintia Duarte están imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa de su amigo.

En la madrugada del 10 de julio pasado, en el día de su 18º cumpleaños, Lucas Verón y su amigo Marcos iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, con las luces y sirenas apagadas. Mientras los perseguían, los policías efectuaron disparos.

En un momento de la persecución, el patrullero los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo; el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces, una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Los policías Benítez y Cintia Duarte huyeron del lugar sin dar aviso de los hechos.

Una vez designado el tribunal, los jueces deberán resolver el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de los policías. El jueves pasado, al cumplirse dos meses del asesinato del joven de 18 años, en una manifestación frente a la sede judicial, familiares, amigos y amigas de Lucas pidieron que los policías imputados continúen detenidos hasta la realización del juicio.

Benítez y Duarte no sólo escaparon del lugar del crimen sin dar aviso para evadir la participación en el hecho sino que también participaron de las maniobras de encubrimiento que desplegaron sus compañeros de fuerza en los momentos posteriores al asesinato.

Luego del ataque, funcionarios policiales intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Con el aval del fiscal Juan Pablo Tahtagian presente en la comisaría —que fue recusado y desplazado de la causa—, los mismos compañeros de fuerza de Benítez y Duarte  tomaron declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial. Allí  amenazaron a Marcos, que fue obligado a declarar que venían de robar, para justificar así la persecución policial. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años.  Tanto el joven como su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine.

Recién en las últimas semanas, este expediente judicial, que tramita en la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional, a cargo de Fernando Amador López y María Julia Panzonni, tuvo algunos avances significativos. Dada la íntima vinculación entre el ataque policial y las maniobras de encubrimientos posteriores, la CPM sigue reclamando que ambas causas se unifiquen en la instancia de juicio para lograr un abordaje integral de las investigaciones que permita contextualizar los hechos y reconstruir toda la trama de la intervención policial, característica de los casos de violencia institucional.