El viernes 28 de febrero desde las 7 de la mañana hasta pasado el mediodía se produjo el incendio total de la Casa de los Derechos Humanos Colón 636, situada en la ciudad de Punta Arenas, provincia de Magallanes, en Chile. Las organizaciones que luchan por la preservación de los sitios de memoria denuncian que se trataría de un ataque premeditado por parte de sectores que pretenden negar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura chilena. En diálogo con Andar, Iván González, representante de la agrupación Familiares de ejecutados políticos de Magallanes, señaló que se trató de “una acción dirigida y planificada por personas que quisieron destruir el valor histórico además de cualquier evidencia judicial respecto a los crímenes cometidos en esta casa”.

ANDAR en Punta Arenas, Chile

(Agencia) “Impotencia, rabia, dolor… cuando llegué a la Casa de los Derechos Humanos no podía creer la dimensión de la destrucción”, afirma a Andar Iván González, investigador, asesor judicial y representante de Familiares de ejecutados políticos de Magallanes.

El fuego en el inmueble comenzó alrededor de las 7 de la mañana del viernes 28 y recién pasado el mediodía los bomberos de Punta Arenas, provincia de Magallanes, lograron apagarlo.

Todo el edificio quedó destruido: sobre el daño de las llamas se acumulaban décadas de abandono, humedad estructural en todas las paredes, inundaciones periódicas por desbordes del río de las Minas que atraviesa la ciudad, y falta de inversión y mantenimiento.

De hecho, desde los últimos 3 años se debieron suspender las actividades de las organizaciones locales de derechos humanos que lo utilizaban para la construcción de la memoria y la verdad sobre los crímenes perpetrados en ese lugar.

“Hemos reclamado permanentemente al gobierno local y al nacional para que se ejecuten las obras de preservación y restauración pero hasta hoy no se han iniciado las obras. Es una pérdida enorme la que causa este incendio no sólo porque la Casa de la Memoria Colón 636 fue declarada, en 2016, como monumento histórico nacional sino porque es evidencia judicial en las investigaciones penales que ventilan crímenes de lesa humanidad”, explica González.

De acuerdo a versiones no oficiales (todavía se siguen elaborando los informes periciales de Bomberos y de Carabineros), ya habría evidencias de que el incendio fue intencional. Este caso se sumaría entonces a una serie de más de 15 ataques planificados y ejecutados durante los últimos meses en sitios de memoria de Chile.

La historia del edificio siniestrado se remonta a 1936. Fue construida por un arquitecto local para ser utilizada como residencia propia. Años más tarde fue vendida a la Cruz Roja de Chile. En 1969 pasó a manos de la Armada, funcionando como casino de oficiales de la Marina.

Finalmente, luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 la casa pasó a funcionar como una de las dos sedes operativas del Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral (SIRMA), dependiente de una Junta Provincial Militar que co-gobernó la región sur de Chile durante pocos días con la Junta Nacional de las Fuerzas Armadas.

“El SIRMA  estuvo integrado por elementos de las tres fuerzas armadas además de Carabineros y fuerzas de seguridad. Utilizaba lo que hoy es la Casa de Derechos Humanos Colón 636 para las sesiones de tortura e interrogatorio y, de acuerdo a investigaciones históricas, habrían pasado por allí más de 1.000 víctimas hasta el año 1975”, detalló Iván González.

Las agrupaciones y organismos de derechos humanos de la provincia de Magallanes se articularon entre 2002 y 2003 para comenzar a gestionar el dominio sobre el inmueble y convertirlo en un sitio de memoria. Para tal fin se constituyó la coordinadora Salvador Allende, la cual solicitó a la Armada chilena el edificio, pedido que fue aceptado mediante un escrito del comandante de esa fuerza en Magallanes.

Ya en 2004 se produjo una situación particular: la Armada propone al gobierno la creación de una avenida costanera que bordeara el estrecho de Magallanes, cediendo todos los terrenos militares a cambio de otro predio donde se pudieran reubicar las instalaciones.

Al enterarse de la propuesta, las organizaciones de derechos humanos locales propusieron al Estado chileno que, en caso de avanzar con la creación del paseo de costanera, se les entregara la posesión de dos inmuebles: el que sería desde 2016 la Casa de los Derechos Humanos Colón 636 y la antigua sede del Partido Comunista, que había sido expropiada por la Armada en dictadura.

Ese fue el momento del surgimiento de la Casa de Derechos Humanos, aunque por falta de coordinación y de una persona jurídica que unificara y representara a todos los espacios, no se llegó a concretar aún la entrega del edificio que sigue estando en dominio del Estado.

Serie de ataques desde octubre de 2019

Cabe destacar que el incendio en la Casa de los Derechos Humanos es el último de una serie de ataques y destrucciones de sitios de memoria que viene ocurriendo desde octubre del año pasado.

En este sentido, La Red de Sitios de Memoria de Chile, además de repudiar el incendio y exigir el esclarecimiento de las causas, hizo un “llamado para seguir luchando en conjunto por la memoria, la verdad y la justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado”.

“Precisamente hoy, en el contexto de lucha social, iniciado con el levantamiento social del pasado 18 de octubre, creemos que no podemos permitir que la destrucción de Sitios de Memoria históricos se utilice para amenazar y frenar las justas demandas por igualdad y dignidad a las que nos hemos sumado como organizaciones de derechos humanos”, agrega.

Asimismo, destaca que “este incendio no hace más que evidenciar la desprotección y vulnerabilidad que enfrentan los sitios de memoria, y que desde hace meses se venía denunciando frente a los sistemáticos ataques y daños a diversos espacios a lo largo del país”.

Según el informe presentado recientemente por la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, “estos ataques revisten una profundización del daño a las víctimas de la dictadura, puesto que los sitios y memoriales son medidas obligatorias de reparación del Estado y que deben ser resguardadas y protegidas para la preservación de la memoria histórica y la restitución de la dignidad para quienes sufrieron los atropellos”.

Allí se enumeran más de 15 ataques, entre ellos el robo en la Comisión Chilena de DDHH, ubicada en el sitio de memoria ex Clínica de Santa Lucía, de equipos informáticos con información sobre causas por denuncias de violaciones a los derechos humanos; el atentado incendiario al sitio de memoria Londres 38, producido el 27 de octubre pasado; el Robo y destrozo Casa de la Memoria de Copiapó a mediados de enero.

También se registra, con fecha de 18 de enero, el atentado a tumba de Víctor Jara; el atentado a Memorial Mirador de los Ángeles en homenaje a niños asesinados en dictadura en Coquimbo; y los daños al Sitio de Memoria José Domingo Cañas ocurridos el primero de enero; entre casi una veintena de hechos denunciados en todo Chile.