El guardaparque voluntario Oscar Ramírez, uno de los referentes en la lucha por la preservación de parque natural, se presentó ante la fiscalía 12 de San Nicolás para incorporar nuevos elementos de prueba en la causa en la que se investiga el probable delito de desobediencia por parte del gobierno local, que desde hace más de un año lleva adelante obras de relleno y de infraestructura turística sobre el arroyo Yaguarón sin estudios de impacto ambiental y destruyendo ecosistemas nativos. “Las obras continúan a un ritmo sorprendente y están causando un daño irreparable: destrucción de albardones y movimientos de suelo que afectan zonas de bañados, lagunas, arroyos y bosques nativos”, destaca el ambientalista.

ANDAR en San Nicolás

(Agencia) Desde hace casi dos años el municipio de San Nicolás lleva adelante las tareas de ensanchamiento de una calle de tierra en el corazón de la reserva con la intención de instalar una costanera de 20 metros de ancho sobre el arroyo Yaguarón, en la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, San Nicolás.

A fines de enero de 2021, en el marco de las protestas de ambientalistas y lugareños, la policía reprimió brutalmente y más de una decena de personas fueron detenidas y con lesiones, entre ellos el guardaparque voluntario Oscar Ramírez, de 71 años.

Frente a las obras ilegales han intervenido fiscales, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y el Ministerio de Ambiente de la Nación pero nada parece poder frenar la devastación forestal impulsada por el intendente Manuel Passaglia.

Incluso existen dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense –una del 12 de julio pasado y la otra del 10 de agosto- dictadas en el marco de una causa iniciada en mayo del 2021 por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) que ordenan al municipio de San Nicolás la inmediata paralización de las obras o trabajos que se ejecuten como consecuencia de lo previsto en el Código Urbano Ambiental (CUA).

Cabe aclarar que la mención al CUA es central en esa causa penal porque se trata de una normativa local que modificó el ordenamiento territorial y que alteró de forma regresiva la condición de la reserva, permitiendo al municipio gobernado por Passaglia implementar las obras cuestionadas por ambientalistas y lugareños. La denuncia del FOMEA apunta a lograr la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que aprobó el CUA.

Con respecto a la segunda resolución cautelar del máximo tribunal de la Provincia, se intimó al gobierno local al inmediato cumplimiento del fallo anterior, al cual desoyó pese a haber sido fehacientemente notificado.

De allí que el guardaparque Oscar Ramírez, en su nueva presentación ante la fiscalía 12 de San Nicolás, advierte: “Pude constatar personalmente que las obras continúan a un ritmo sorprendente y que las mismas están causando un daño irreparable. Las obras que integran la conducta de incumplimiento consisten en destrucción de albardones, movimientos de suelos que afectan zonas de bañados, lagunas, arroyos y bosques nativos”.

“Efectivamente el municipio sigue realizando movimientos de suelo, desmonte del bosque nativo y destrucción de albardones, lo que se ve claramente en las fotografías y videos tomados los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre último. En uno de los videos puede verse lo que ocurrió el día 8 en el momento en que la Dra. Ana Beatriz Fernández pretende retirarse filmando los acontecimientos y el trabajo de las máquinas”, amplía el denunciante, en relación a la abogada y una de las isleñas de la zona de la reserva que intentó hablar con representantes de la empresa constructora pero que fue sacada injustificada y violentamente por la policía.

Tomando los fundamentos de la propia Suprema Corte plasmados en las dos resoluciones cautelares, Oscar Ramírez reitera que “la prevención en estos asuntos tiene una importancia superior a la que se le otorga en otros espacios, por cuanto la agresión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible”.

“De tal modo que, aún mediando cierto grado de incertidumbre, permitir su avance y prosecución puede llevar a una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos”, agrega, y solicita a la fiscalía que, una vez ordenada, la nueva medida cautelar sea formal y debidamente notificada al intendente de la Municipalidad de San Nicolás.