La acción de alcance colectivo y de carácter preventivo fue iniciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 13 con asiento en Capital Federal horas antes de la marcha prevista para las 18 de este jueves y de la que participan trabajadores de la salud junto a madres, padres, tutores y acompañantes de pacientes del reconocido hospital pediátrico. “Se verifica una amenaza actual y un riesgo inminente de que se obstaculice y reprima el derecho de manifestación pacífica y de la libertad ambulatoria (…) atento a los hechos de violencia policial registrados y oportunamente denunciados por esta CPM en el marco de las manifestaciones de jubilados y jubiladas durante el año 2024 y el corriente 2025, pero particularmente a partir de la feroz represión desplegada el miércoles 30 de julio”, señala el escrito de la CPM.

ANDAR en la protesta social

(Agencia) Como parte del plan de lucha por el financiamiento integral del hospital Garrahan, se lleva a cabo este jueves desde las 18 una marcha de las luces y las velas que tuvo inicio en Callao y Corrientes y terminará frente al Obelisco con la lectura de una carta abierta a la comunidad.

Participan trabajadores de la salud, familiares y pacientes, artistas, espacios gremiales y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de una solución presupuestaria y salarial que permita el normal desarrollo de la atención pediátrica.

En este marco, y en virtud de la feroz e injustificada represión llevada a cabo ayer por parte de la Policía de la Ciudad durante la tradicional ronda de los jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la CPM presentó, horas antes de la “Caminata de las velas”, una acción de habeas corpus colectivo y de carácter preventivo ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 13 con asiento en Capital Federal para que se garantice el derecho a la manifestación pacífica.

La acción judicial se enmarca en las tareas de monitoreo realizadas por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que desde 2024 registra, sistematiza y denuncia el uso sistemático, desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública en decenas de manifestaciones sociales.

“Advertimos con preocupación lo sucedido en el día de ayer, miércoles 30 de julio del corriente en las inmediaciones del Congreso de la Nación, a partir de la convocatoria semanal organizada por el colectivo de jubilados y jubiladas. En este caso fue la Policía de la Ciudad quien dispuso un enorme despliegue de efectivos para comandar la represión que dejó un saldo de más de 30 heridos y 7 personas detenidas”, describe el habeas corpus.

“El Congreso de la Nación se encontraba absolutamente vallado, reprimieron sobre las veredas, dispararon con postas de goma y lanzaron granadas aturdidoras y gases a corta distancia, incluso contra integrantes de las postas de salud y periodistas que cubrían la marcha, entre ellos trabajadores/as de C5N, El Destape y La VacaMu”, amplía.

Agrega que “también buscaron impedir el monitoreo y la asistencia sanitaria desplegada por nuestro equipo y otros defensores de derechos humanos, a quienes hostigaron sistemáticamente buscando frustrar la tarea y el registro correspondiente. Asimismo registramos la presencia de personal policial armados con armas con postas de plomo, prohibidas por la normativa, infiltrados y acciones de inteligencia ilegal. Más de 30 personas fueron heridas producto del lanzamiento de gases químicos, disparos y golpes. Entre ellos un niño de 4 años que estaba en la plaza junto a su familia”.

Por los motivos expuestos, la CPM solicitó al juzgado interviniente que se haga lugar a la acción de habeas corpus preventivo y que se ordene a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad el respeto al derecho a la protesta de los y las manifestantes que participen de la movilización en apoyo al Hospital Garrahan.

Asimismo, que se garantice la prohibición de uso y portación de armas letales durante el operativo de seguridad y en el contexto de movilización. En igual sentido, se abstengan de utilizar balas de goma e irritantes químicos.

En este sentido, se solicitó que se ordene a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional, en particular al Ministerio de Seguridad, que se abstengan de aplicar la resolución 943/2023 denominada “Protocolo para el mantenimiento del orden público”.