Hace poco más de cinco años las topadoras, en plena pandemia, arrasaban las casillas de la toma de tierras de Guernica, mientras los efectivos de la Policía Bonaerense al mando del ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni desalojaban a punta de fusiles a los habitantes e incendiaban algunas de sus viviendas. Eran alrededor de 2.500 familias que ante la necesidad de casas dignas construyeron lo que pudieron tras ocupar un terreno de 100 hectáreas en el barrio Numancia. La violencia que padecieron aquel 29 de octubre de 2020 –durante un procedimiento que incluyó miles de efectivos, motos, camiones hidrantes, perros y drones– las dejó sin techo pero no rompió su organización en reclamo de tierra para vivir y soluciones definitivas. Aquel día la Comisión Provincial por la Memoria, HIJOS La Matanza y la APDH La Matanza, entre otras organizaciones, monitorearon el despliegue policial durante el procedimiento y las violaciones de derechos humanos padecidas por dichas familias. En diálogo con ANDAR las familias reiteraron el reclamo que hicieron hace algunos días frente a la municipalidad de Presidente Perón, para exigir la adjudicación de las viviendas cuya construcción se encuentra terminada.

ANDAR en Guernica

(Agencia Andar) Luego del operativo represivo para dar curso a la orden de desalojo, ordenada por el titular del Juzgado de Garantías N 8 de La Plata, Juan Martín Rizzo, el gobierno provincial se comprometió a construir en ese mismo predio, que en su momento reclamaba una inmobiliaria para la construcción de un barrio privado, un complejo habitacional con más de 800 viviendas. “Todavía no entregaron ninguna vivienda, están en construcción en el mismo predio de donde nos desalojaron, porque después de aquel operativo hicimos una gran movilización, nos organizamos con otros trabajadores de otras tomas, en 2020 hubo en todo el país, desde Rosario vinieron familias a cortar el Puente Pueyrredón con nosotras”, dijo Karen Leguizamon, y aclaró que salvo en Guernica no hubo respuesta para las demás ocupaciones.

Madre sola de dos hijos varones, Leguizamón destacó que en estos cinco años el ritmo de la construcción llegó apenas a poco más de la mitad de la construcción. “Son 853 viviendas, en un barrio completo con escuelas, jardín de infantes, salas de emergencia, espacios verdes, polideportivos y plazas, venimos peleando para que entreguen las que ya están terminadas, en el sector donde empezaron”, explicó. Pero la respuesta fue negativa. “Los funcionarios del gobierno provincial nos dijeron que no van a entregar nada hasta que terminen todas las viviendas, y toda la obra de construcción, les venimos exigiendo una fecha de entrega, y tampoco nos quisieron decir”, manifestó la mujer, que integra la Asamblea Permanente de Guernica, que trabajan en conjunto con el Frente de Recuperación de Tierras y otras agrupaciones, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

“Las familias seguimos organizadas y en pie de lucha ya hace más de 5 años, y más fuertes que nunca ante este contexto tan difícil que nos atraviesa a todos”, dijo a ANDAR Ana Torrado. “Es imposible vivir, si las situaciones de las familias antes eran malas, ahora son peores”, apuntó, al tiempo que recordó que la promesa inicial había sido otorgar a cada grupo familiar un lote con los servicios en 180 días. Luego esa oferta mejoró al incluir una “vivienda digna”. Torrado explicó que “hace dos años que pedimos ser parte veedora del avance de la construcción de la vivienda y en eso estamos”.

El plan de obra del gobierno bonaerense contemplaba financiamiento nacional, con la asunción del presidente Javier Milei esos fondos se detuvieron y la obra quedó paralizada, recién en noviembre del año pasado se retomaron. “Seguimos siendo parte como comisión de seguimiento de avance de obra, donde no solo comprometemos al gobierno provincial, sino también al municipal”, mencionó.

Estas familias de vecinos organizados crearon una comisión de seguimiento con arquitectos e ingenieros que trabajan ad honorem, para controlar el avance de las obras y si son aptas para vivir, por ejemplo, para hijos con discapacidad. “Habíamos avisado que una parte del terreno era un humedal que se inunda cada vez que llueve, sugerimos que hicieran un canal, pero no nos escucharon y la obra se atrasó un año y pico”, recordó. Leguizamón precisó que el ritmo de la obra no se corresponde con la necesidad de las familias sino con la “especulación de las empresas involucradas”. La urgencia queda expuesta en este dato: hay 5 familias que tienen otra vez la orden de desalojo sobre sus espaldas, y prácticamente están en situación de calle.

Sin embargo, reconoció que avanzó la construcción del canal para prevenir las inundaciones, en un proyecto en el cual el barrio quedará dividido en cuatro sectores: A, B, C y D. Éste último es el más avanzado, con 160 viviendas casi terminadas.

Horizonte de ladrillos

La obra en construcción con plazos indefinidos convive con la realidad de las familias desalojadas en 2020 en Guernica. “Sufrimos violencia de género, la mayoría somos mujeres organizadas, muchas tuvieron que volver a convivir con sus agresores, ya perdimos a una compañera porque el chabón la terminó encontrando y la mató, dejando una criatura de 1 año, es una situación muy difícil, más con este gobierno que nos persigue”, describió.

Gastón Valente, arquitecto del ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, indicó que en los sectores A, B y C están en etapa de obra gruesa y estamos comenzando a techar. “Desde la provincia estamos muy interesados en que la obra avance, día a día volcando recursos para que las 853 viviendas se lleven a cabo, estamos contentos y esperamos seguir en el mismo rumbo”, resumió.

De las 2.500 familias desalojadas a punta de fusil para la construcción de barrios privados y canchas de golf quedó el recuerdo indeleble. Ahora los funcionarios actúan bajo la mirada atenta de los vecinos y vecinas que esperan y anhelan ver concretado el sueño de su casa digna.

Cabe recordar que el día del desalojo, la Comisión Provincial por la Memoria, HIJOS La Matanza, APDH La Matanza y otras organizaciones monitorearon el despliegue policial y documentaron la violencia represiva desplegada por la policía bonaerense.