Un grupo de investigación de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) encontró 16 tipos de agrotóxicos en la muestra de suelos y pozos de agua de 15 escuelas rurales de Tandil. Algunos de los productos químicos encontrados están prohibidos en gran parte del mundo. La doctora en Biología Graciela Canziani asegura que es necesario hacer estudios epidemiológicos a los niños y niñas que van a estos establecimientos educativos. El informe con los resultados de la investigación se presentaron recientemente, mientras el Concejo Deliberante comienza a tratar un nuevo proyecto de ordenanza que imponga límites más estrictos a las fumigaciones. En paralelo, la Justicia civil de Tandil desestimó una denuncia de vecinos y vecinas de estos pueblos rurales.

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(Agencia) En el último tiempo, el agronegocio fue extendiendo las fronteras de cultivo bajo un modelo de producción industrial basado en el uso de sustancias químicas para matar organismos considerados, para la producción, plagas. A pesar de los intentos corporativos por sostener la inocuidad de estos agrotóxicos, cada vez existen más pruebas sobre el daño que producen en el ambiente y la salud.

En el marco de un proyecto de extensión universitaria sobre agroecología, investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) detectaron la presencia de agroquímicos biocidas en suelo y agua de pozo en las 15 escuelas rurales participantes del proyecto. Todos los establecimientos educativos estaban contaminados, en algunos se encontraron la presencia simultánea de hasta 8 ingredientes químicos.

Muchos de los plaguicidas encontrados en las muestras son genotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y/o disruptores endocrinos, capaces de generar efectos nocivos a la salud a muy bajas dosis. “Es decir, aunque no haya una intoxicación aguda, afectan el funcionamiento del organismos y aumentan la posibilidad de generar enfermedades con el tiempo”, explica la doctora en Biología y directora de la investigación Graciela Canziani.

Canziani enumera algunas de las afecciones que pueden desarrollar las personas expuestas una o repetidas veces a estos agroquímicos: problemas de esterilidad, abortos espontáneos, malformaciones, y otras enfermedades que son de funcionamiento como diabetes, hipotiroidismo o autismo por exposición a agrotóxicos durante la gestación o durante los primeros meses de vida.

A pesar de algunos estudios aislados, la doctora en Biología advierte que “en toda la Provincia casi no existen este tipo de estudios epidemiológicos a las poblaciones rurales en contacto con agroquímicos biocidas”. Y marca al mismo tiempo la necesidad de analizar y monitorear a las comunidades educativas rurales de Tandil, especialmente a niños y niñas.

Entre los 16 productos tóxicos encontrados en el suelo y agua de estas escuelas, hay tres que están clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como clase II, moderadamente peligroso: los insecticidas clorpirifós, imidacloprid y el herbicida 2,4-D, el segundo más usado en Argentina detrás del glifosato.

A pesar de ser disruptores endocrinos, de los estudios existentes sobre los efectos que tienen para la salud y el ambiente, estos productos se siguen utilizando. Uno de los principales argumentos es que estos agroquímicos se emplean en dosis inocuas, supuestamente seguras para la salud de las personas. Sin embargo, Canziani aclara que estas clasificaciones según la toxicidad de los ingredientes activos no contemplan ni los efectos a largo plazo ni los efectos sinérgicos cuando existe exposición a una combinación de estos productos.

La definición de toxicidad de un ingrediente activo, de acuerdo con su grado de peligrosidad, se basa en la dosis letal aguda 50%: la dosis que, después de una exposición única, mata al 50% de la población de animales (se experimenta con ratas y en menor medida con conejos) en laboratorio en el plazo de 24 ó 48 horas. “Es decir, no tienen en cuenta los daños a la salud que no son letales. Lo que serían efectos subletales de la exposición a estos productos y que se producen en el corto o mediano plazo”, explica Canziani. Y concluye: “Es una clasificación que no sirve para los fines de preservar y proteger la salud de la población”.

La medida en la emergencia: límites y control de las fumigaciones

En el corazón de la pampa húmeda y el agronegocio, Tandil tiene una de las ordenanzas municipales más permisivas con respecto a los límites a las fumigaciones: excepto aquellos productos clasificados como categoría 1, el resto de los plaguicidas y herbicidas pueden aplicar en todos los espacios, sean privados o públicos.

Sólo el artículo 7 de la ordenanza 12.316 de 2011 prohíbe “la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios”. La normativa municipal no sólo mantiene un espacio de exclusión reducido sino que, además, no se cumple.

La Escuela de Educación Primaria N 33 está ubicada en La Porteña y formó parte del proyecto de extensión universitaria de la UNICEN. Vecinos y vecinas del paraje vienen denunciando desde el 2011 que se fumiga hasta el mismo límite del establecimiento educativo. Es decir, sin respetar el espacio de exclusión determinado por la misma ordenanza.

Un expediente municipal confirmó la denuncia de la comunidad de La Porteña; sin embargo, las fumigaciones continuaron. Lo único que habían logrado con sus reclamos es que el dueño del campo lindero deje de fumigar en horario escolar. El año pasado los vecinos y vecinas fueron demandaron a los productores ante la justicia, pero el Juzgado en lo Civil y Comercial N 2 de Azul desestimó la denuncia, porque entendió que no había pruebas que permitan conocer “de manera certera” los efectos del uso de agroquímicos.

El discurso sobre la inocuidad de estos productos está muchas veces internalizado, incluso, en las mismas comunidades rurales. La doctora en biología Graciela Canziani recuerda que, cuando comenzaron el proyecto de extensión, los niños y niñas de las escuelas concebían a estos plaguicidas como “remedios para plantas” y no como productos tóxicos. “Los padres tampoco tienen conocimiento de la peligrosidad de estos productos. En general, no están informados sobre la toxicidad de estos productos y cómo trabajar con ellos”, agrega.

Para minimizar el daño en lo inmediato es imprescindible tener una legislación más restrictiva en cuanto al uso de estos agroquímicos biocidas. En agosto del año pasado, el grupo de investigación de la UNICEN —junto con BIOS, una asociación civil para la defensa del ambiente— presentó ante el Concejo Deliberante de Tandil un anteproyecto de ordenanza que declara los 2.000 metros de exclusión —con respecto a lugares donde la gente desarrolla sus vidas y de las fuentes de agua— para las fumigaciones terrestres y la prohibición de asperciones aéreas en todo el partido.

Canziani advierte, sin embargo, que no es sólo una cuestión de distancia. “Hay muchos factores que deben considerarse: el más importante tiene que ver con la autoridad de aplicación para garantizar que se cumplan con las zonas de exclusión, que se controlen las recetas agronómicas, que haya canales de denuncia e información. Por otro lado, a la par del control de las aplicaciones, se tienen que garantizar la realización de estudios epidemiológicos sino es imposible evaluar la existencia de daños”.

El proyecto iba a tratarse este año tras el comienzo de las sesiones pero se postergó por la cuarentena y recién la semana pasada Canziani y el equipo de la UNICEN fueron convocados por la comisión de desarrollo, trabajo y ambiente.

Transformar el paradigma productivo

La discusión de fondo es el modelo de producción de alimentos. Mientras se sostenga el sistema agroindustrial que funciona en base a químicos biocidas, cualquier limitación o restricción a las fumigaciones serán insuficientes. “Cuando se libera un agroquímico biocida al ambiente es imposible de controlar”, resume Canziani.

En ese marco, las zonas de exclusión pueden mitigar el impacto sobre las poblaciones pero no representan ninguna seguridad. La aplicación de los plaguicidas y herbicidas tienen una primera deriva que es lo gaseoso que queda en la atmósfera. Luego hay derivas secundarias que pueden durar hasta 48 horas y terciarias que, de acuerdo a las condiciones ambientales, pueden estar en el ambiente varias semanas.

Los efectos de los agroquímicos continúan. Los ingredientes activos pueden estar años en el suelo hasta degradarse y tampoco esto significa garantía alguna: hay productos que se degradan en metabolitos no tan tóxicos como el ingrediente original, en otros casos ocurre lo contrario. El AMPA, metabolito del glifosato, es más dañino para la salud y el ambiente que el propio glifosato.

El proyecto de extensión universitaria EcoAgricultura se realizó durante los años 2017 y 2018, con financiamiento de la Secretaría de políticas universitarias del Ministerio de Educación de Nación. El informe “Agroquímicos plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil” que presentó los resultados del estudio sobre las muestras de tierra y suelo de los 15 establecimientos educativos es solo una parte del proyecto.

“La primera meta del proyecto fue promover el conocimiento de la agroecológica, la biodiversidad y el desarrollo sustentable para mostrar que existe otra forma de producir alimentos: la producción orgánica”, describe Canziani.

Según un informe de la Cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes, en las últimas dos décadas el consumo de plaguicidas en Argentina aumentó 858%. El uso de agroquímicos permite aumentar los rendimientos y la renta en lo inmediato, pero que en el mediano plazo se mostrará insostenible.

“Se están acumulando millones de kilos/litros de plaguicidas por año y estamos dilapidando nuestro patrimonio: el suelo fértil. El agronegocio nos está saliendo demasiado caro, es caro para el productor y es caro para la sociedad. Necesitamos volver a una producción que no agreda a la población y al ambiente”, concluye la doctora en biología, Graciela Canziani.