Sebastián Nicora fue asesinado el 14 de febrero de 2013. Su cuerpo apareció en la costa de Punta Indio, en el balneario El Pericón. La actuación policial durante la investigación estuvo plagada de irregularidades. Hoy, tres años después, la causa no muestra avances importantes. Desde el primer momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña a su mamá, Fernanda, y actúa como patrocinante en el juicio por el esclarecimiento del caso.

ANDAR en Punta Indio

(Agencia) El domingo, cuando se cumpla el tercer aniversario del asesinato de Sebastián Nicora, vecinos de Punta Indio volverán a juntarse en la costa rioplatense para reclamar verdad y justicia por Sebastián. En esta oportunidad, una decena de organizaciones y más de 50 familiares víctimas de la violencia institucional, que participarán de un encuentro organizado por la CPM,  acompañarán a Fernanda. Todos ellos comparten el mismo dolor, las mismas batallas y una única bandera: “Ni un pibe menos”.

“Con cada familiar nos une la búsqueda de justicia. En esa relación también se forja un aprecio y orgullo por sus propias luchas, se crea un lazo afectivo y movilizante. Para mí, poder tenerlos en el acto por Sebastián, en este lugar tan particular tan cargado de emociones personales, es sumamente valioso y nos demuestra que organizados podemos llegar mucho más lejos en la lucha contra la violencia institucional”, expresó Fernanda Nicora.

Desde hace tres años, Fernanda viene denunciando las graves irregularidades policiales y judiciales en la investigación del asesinato: alteraciones en la escena del crimen, allanamientos ilegales, adulteración de medios de prueba, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimientos y, especialmente, la autopsia del médico policial que determinó que el joven de 16 años había muerto de un golpe en la cabeza.

La CPM patrocina el caso y desde la primera vista del expediente pudo comprobar estas denuncias. La reautopsia, exigida por el organismo y realizada por peritos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, confirmó estas sospechas: Sebastián murió por un disparo de arma de fuego. En el cráneo se constató la existencia de orificios de entrada y salida de bala, y se hallaron fragmentos metálicos diversos y restos de pólvora; todos estos elementos no fueron revelados en la primera autopsia.

A pesar del resultado pericial, la causa por el asesinato de Sebastián no avanzó y la instrucción de la fiscal Ana Medina recayó en una serie de medidas pocos conducentes. Frente a este panorama, en mayo del año pasado, la CPM decidió presentar una denuncia por encubrimiento, debido a la cantidad de irregularidades policiales que sucedieron en el lugar del hecho al momento de iniciarse la investigación por el crimen.

Desde el organismo entienden que hay elementos suficientes para avanzar en el pedido de indagación a todos los funcionarios involucrados durante la investigación del hecho y, fundamentalmente, del ex médico policial Daraio. Sin embargo, la fiscal Medina todavía no ha citado a ningún funcionario policial a declarar. Estas dilaciones judiciales comprueban, una vez más, las complicidades institucionales cuando se trata de investigar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad.

“La causa del homicidio está bastante frenado. En el último tiempo, el pedido específico hacia la fiscal Medina fue que avanzara en la denuncia por encubrimiento pero se niega a citar a declarar. No confío en la Justicia provincial, le di el tiempo razonable y no hay avances sustantivos; en este momento, y con el acompañamiento de la CPM, vamos a evaluar el pedido de pasar la causa al fuero federal o cambiar de fiscalía y, seguidamente, avanzar en un proceso de enjuiciamiento a la fiscal por su actuación en esta instrucción”, resumió Fernanda Nicora.

“Para los familiares siempre son difíciles estas fechas. Siento el acompañamiento de muchas organizaciones de familiares y organismos de derechos humanos que siempre estuvieron, y siento también mucha bronca porque, en términos judiciales, fue un año perdido, pero mantengo vigente el reclamo de verdad y justicia: quiero saber quién le disparó a mi hijo y quiero que los ocho policías y el médico policial que participaron de la investigación judicial sean imputados”, expresó Fernanda.

En las próximas semanas tiene que realizarse un informe sobre la actuación de Daraio por parte de un médico forense de la asesoría pericial. Mientras que en la causa por el asesinato debe peritarse un nuevo elemento probatorio que surgió de los testimonios recogidos por los instructores judiciales de Procuración (que comenzaron a intervenir en el caso, luego de conocerse los resultados de la reautopsia): un martillo secuestrado de un móvil policial será sometido a pruebas de ADN para buscar material genético de Sebastián. Lamentablemente, el tiempo perdido en la investigación atenta contra la posibilidad de obtener resultados.

Tres años después, no hay ningún imputado por el asesinato de Sebastián y las dos causas naufragan en dilaciones judiciales que vulneran el derecho a la verdad y la justicia. Este caso de confirma la existencia de prácticas sistemáticas en el seno de la propia justicia provincial que, amparando a las  fuerzas policiales, contribuyen a garantizar su impunidad.

“Desde la CPM observamos con preocupación el transcurrir de esta causa: a tres años del asesinato de Sebastián no ha habido un avance significativo en la causa; esto corrobora, una vez más, la falta de una instrucción judicial que vaya al fondo de la cuestión y que investigue las causas que, hasta el momento, han tendido a garantizar la impunidad. La fiscalía desoyó sistemáticamente los planteos sobre el accionar de la policía en el encubrimiento del caso. La pregunta que surge es si no ha sido la propia fiscalía, por acción u omisión, parte de ese encubrimiento”, definió la directora de la CPM, Sandra Raggio. Y agregó: “Por una parte, es desalentador comprobar otra vez la violencia que el sistema judicial ejerce sobre las víctimas, revictimizándolas una vez más con la impunidad. Y, por otra parte, estas violencias del sistema nos obliga a avanzar sobre las responsabilidades institucionales”.